Democracia y justicia son incompatibles con la herencia franquista

La campaña electoral de las municipales y autonómicas ha quedado marcada por la criminalización de las candidaturas de EH Bildu, formación política procedente de las organizaciones nacionalistas vascas, que incluye en sus listas a algunos expresos políticos condenados por terrorismo que, habiendo cumplido sus condenas, no tienen impedimento legal alguno en su derecho a votar y ser votados. Al margen de la legalidad del mismo régimen monárquico, tanto el PP como VOX, han encontrado un filón en la acusación pública de terrorismo, extendida por los principales medios de comunicación. De forma que la bandera de las formaciones franquistas no es otra que el privilegio otorgado por las leyes de Memoria, a saber, la más completa impunidad de sus crímenes, frente a una Ley de Víctimas que solo les protege a ellos.

El siglo XX, y lo que va del XXI, concentran las mayores operaciones de guerra y destrucción de la humanidad, donde el terrorismo de Estado ha jugado un papel muy relevante. Ese es el caso de los últimos noventa años de la historia española y europea. En el caso español, dichos crímenes permanecen impunes. Y no se trata solo de un asunto moral o jurídico, sino también de un asunto político como vemos en esta campaña. Los crímenes de ayer sobre los que no se hizo justicia, estableciendo la verdad, son el sustento de todo tipo de operaciones tendentes a proyectar la impunidad para el presente y el futuro. Las leyes de memoria de Zapatero y de Sánchez, que son leyes de total impunidad para los crímenes del franquismo y su continuidad, son la base sobre la que se sustentan los ataques franquistas de ayer y de hoy.

La utilización del terrorismo para el ejercicio habitual de presión política del régimen y sus principales componentes ha sido tan fuerte que ha llevado a siete candidatos de Bildu a anunciar la renuncia a su elección en el supuesto de que fueran elegidos. La denuncia de estos candidatos y otros fue realizada por una de las asociaciones de víctimas del terrorismo (Covite), en la que se señala: “Cuarenta y cuatro candidatos de EH Bildu en Euskadi y Navarra fueron condenados por pertenecer o colaborar con ETA…/…es una provocación más a las víctimas del terrorismo ver cómo la izquierda abertzale premia a estos asesinos por seguir orgullosos de su pasado criminal”. Otra asociación de la misma naturaleza, la AVT, eleva la denuncia de las listas de Bildu censurando a Pedro Sánchez, “por mantener como socio preferente” a Bildu. Exigen la ilegalización de Bildu por ser “un brazo institucional de ETA” … Se empieza cuestionando el “terrorismo”, para realizar todo tipo de ofensivas políticas y electorales al servicio de los privilegios de las familias franquistas.

Los responsables de EH Bildu encajan el golpe de forma autocrítica, diciendo: “No está en nuestro ánimo ocultar el pasado y creemos necesarios los ejercicios de memoria sinceros, constructivos y completos. No queremos un futuro sin pasado, pero tampoco podemos dar por buena la actuación de aquellos sectores reaccionarios que quieren condenar a nuestro país a un pasado sin futuro”.

El ataque de las familias franquistas de PP y VOX contra las listas de electorales de Bildu, que rápidamente se extendía a dinamitar la línea constitucional de flotación del PSOE, y del mismo Gobierno de coalición, ha sido entendido como una maniobra electoralista, pero sin discutir dicho alcance no se puede esconder el contenido político del mismo. Así fue entendido inmediatamente por el PP que, como otros partidos franquistas, lleva en sus listas a cientos de corruptos o altos cargos gubernamentales acusados de numerosos crímenes, pero que las leyes impiden el procesamiento de sus autores. De forma, que el mismo Alberto Núñez Feijoó pasó a exigir que “se garantice la gobernabilidad para que esta no descanse en un partido como Bildu”; exigiendo, además, la ilegalización de Bildu.

La lógica de la impunidad franquista y de sus sucesores se ha impuesto, incluso en sectores importantes de la izquierda que tratan de confundir Memoria con Verdad. En el año 1943, cuando la miseria, el paredón y la cárcel destruían lo mejor de la juventud y de las clases trabajadoras; tras la victoria política y militar del franquismo, Eduardo Aunós, ministro de justicia de la dictadura, escribía el prólogo de la “Causa General” (“La dominación roja en España”): “Nos acucia la obligación de dejar sentada la culpabilidad de quienes produjeron o facilitaron la criminalidad-ambiente que se enseñoreó de España…”. El franquismo, tan incompatible con la democracia como con la justicia, tenía que justificar su guerra y represión criminal con la más absoluta impunidad, que se recrea hasta el día de hoy a través de las principales leyes e instituciones.

El ataque a las formaciones vascas y catalanas, se extiende a negar el derecho a formar parte de tal o cual partido o candidatura, como ataque frontal a la democracia política. El asunto no hizo sino ampliarse por momentos, cuestionando también la misma legitimidad del gobierno de Pedro Sánchez ya que entienden los consensos como privilegios para ellos.

La impunidad del régimen de la monarquía es, sin duda, la clave política de lo que está sucediendo. La impunidad española no es solo la falta de castigo de los delitos de lesa humanidad cometidos desde el poder a partir de la guerra, la dictadura y la monarquía. La impunidad, como norma antidemocrática y antijurídica, también se estableció en forma de total desigualdad entre unas víctimas y otras. Las víctimas del lado del régimen franquista y posteriormente monárquico, cercanas a mil personas, gozan por ley (Ley de víctimas), de todos los derechos; mientras que las víctimas de las organizaciones obreras, populares y democráticas, y en particular de las defensoras de la república y de sus aspiraciones sociales de clase, quedaron anegadas en la más profunda y extensa indefensión. Han sufrido la total impunidad de los crímenes cometidos; y ello, cuando las víctimas del franquismo y de la monarquía superan en cuantía a más de tres millones de personas.

La crisis del sistema político de la monarquía, al que se denomina constitucional, entra con la ofensiva directa de los franquistas contra Bildu y el mismo gobierno, poniendo en cuestión la capacidad de la mayoría en las Cortes para formar gobierno. Uno de los constitucionalistas de la izquierda oficial, el catedrático Javier Pérez-Royo, vino a decir al respecto que “se está incumpliendo la Constitución de manera flagrante”, al poner este asunto a debate, y presionar para que los candidatos de Bildu que pertenecieron a ETA renuncien a asumir sus cargos, como ya han hecho siete de ellos. El catedrático de Derecho Constitucional subrayó que “la finalidad de la pena que se impone a una persona no es la muerte civil, es su reinserción” y “que no hay mejor prueba de que la Constitución funciona que el hecho de ver cómo estas personas se han reinsertado en la sociedad” … El supuesto funcionamiento constitucional que se discute tiene dos aspectos inseparables: el formal, y el real: formalmente funciona mal, pero realmente pasa por un momento de quiebra. Los privilegios franquistas quiebran la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos y establecen sus privilegios de casta en el poder por esa misma ley.

¡Romped con el franquismo, sus políticas de impunidad y sus instituciones!, por parte de todos los partidos y sindicatos que se reclamen de la democracia, se convierte en la demanda democrática clave, como lo demuestra los acontecimientos que rodean las elecciones municipales y autonómicas.