Franquistas, torturadores, maltratadores y terroristas de Estado: candidatos y cargos que no escandalizan a PP, Vox y PSOE
Franquistas, torturadores, maltratadores y terroristas de Estado: candidatos y cargos que no escandalizan a PP, Vox y PSOE / Sergio Linares

La campaña contra los candidatos de EH-Bildu excondenados por su relación con ETA reproduce el consenso de los 2000 que abrió el camino a vulneraciones sistemáticas de derechos civiles y democráticos.

 

La primera semana de campaña electoral ha tenido entre los episodios de alcance nacional el revuelo generado por la presencia en las listas municipales de EH-Bildu de 44 candidatos y candidatas que habrían cumplido diversas penas por su pertenencia o colaboración con ETA.

El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite) denunció este hecho, mientras que PP, Vox y Ciudadanos lo convertían en ariete contra el gobierno de coalición, por el soporte parlamentario que la izquierda abertzale viene brindándole desde 2019. El PSOE y cargos de Unidas Podemos, se sumaban al rechazo. Pedro Sánchez lo calificó de “legal, pero no decente” y el diputado de Podemos por Vizcaya, Roberto Uriarte, se sumaba a las exigencias de que se retiraran al menos aquellos condenados por “por delitos de sangre”.

Este supuesto escándalo ha llevado a que 7 de estos 44 candidatos y candidatas, condenados por su participación en acciones armadas con resultado letal, hayan anunciado públicamente que no asumirán sus cargos en caso de ser electos. Un gesto de integración de EH-Bildu en la “normalidad democrática” aplaudido por el gobierno al que apoyan desde las Cortes y considerado insuficiente por la derecha. Nada sorprendente

Contrasta este rubor generalizado, con la presencia en las listas del 28M y de otras elecciones recientes de otros muchos candidatos que no han horrorizado tanto a la “opinión publicada” y los partidos del régimen.

En esta campaña, por ejemplo, hemos visto al número 11 del PP en Cerdanyola del Vallés, Carlos Ferrer-Calbetó, y al 9 de Sant Joan Despí, Yago Darnell, saltar al campo del Español con la hinchada nazi del equipo para tratar de linchar a los jugadores del Barça.

Pero esto es "pecata minuta" para un partido fundado por el ex ministro de Información de Franco que estuvo a la cabeza de la campaña de justificación de la represión a la huelga minera del 62, para después, como ministro de Gobernación del gobierno Arias, ser el responsable directo de la matanza de Vitoria en 1976, con cinco obreros asesinados por la policía. Fraga Iribarne, no solo fue el presidente del PP hasta su muerte, sino su eterno candidato y presidente de la Xunta de Galicia.

El PP también protegió a otros torturadores de la dictadura, como a Martín Villa, también implicado en la matanza del 76, al que Jose María Aznar colocó en el Consejo de Administración de Endesa o al ex comisario franquista, Marcelino Oreja, que obtuvo un retiro dorado en FCC. La lista de cargos franquistas jubilados en las empresas privatizadas que coronan el IBEX35 supera la cincuentena.

El PSOE no se quedó atrás. Bajo el gobierno de Felipe González el policía torturador, Jesús Martínez Torres, fue ascendido nada menos que al cargo de Jefe de la Brigada de Información, la heredera de la Político-Social de la dictadura. Así lo denunciaron en los 80 algunos de los detenidos y detenidas torturadas por él en Zaragoza, siendo amenazados de muerte por las fuerzas del Estado profundo.

Fueron también los "socialistas" los que llevaron adelante todos los indultos a los golpistas del 23F. Después, Aznar les devolvía el factor indultando al exministro del PSOE Barrionuevo y su secretario de Estado, Vera, por su participación en el secuestro y asesinato de Segundo Marei por los GAL.

Volviendo a las municipales, la extrema derecha de Vox, que se rasga las vestiduras por las candidaturas de EH-Bildu, presenta de cabeza de lista para Parla a una presunta narcotraficante. Su número 17 de Vox por Barcelona, Gabriel Naranjo, estuvo en primera línea con los matones de Desokupa en el barrio de la Bonanova. Y el hijo del cabeza de lista en Barcelona, Gonzalo Oro-Pulido, fue identificado por los Mossos en esa misma manifestación y sancionado por portar un arma ilegal.

El listado de Vox no acaba nunca. En 2019 llevó de alcaldable por Benidorm y en el número 8 por Cadrete (Zaragoza) a dos condenados por violencia machista contra sus parejas. En Terrassa, en estas elecciones, ha decidido presentar como número 9, a Isidro Andrés Merino, un agente de la Policía Nacional que en 2002 mató de un tiro en el tórax a un sospechoso de robo.

El linchamiento contra los candidatos de EH-Bildu no es más que un revival del rancio consenso de la “unidad de los demócratas” de finales de los 90 y la década de los 2000. Aunque la derecha acuse al PSOE de "pactar con terroristas", y este recuerde al PP sus negociaciones con ETA bajo el gobierno Aznar, en estos días se han vuelto a instalar aquellas condenas unánimes que abrieron el camino a la violación sistemática de derechos civiles y políticos para un espacio político que ha representado históricamente entre un 15 y un 20% del electorado vasco.

Aquella unidad sirvió para aprobar la Ley de Partidos en 2002, cerrar diarios, ilegalizar partidos, encarcelar militantes y activistas por simplemente participar en movilizaciones o movimientos sociales o, en el caso de los presos de ETA, aplicarles una doctrina penitenciaria que violaba abiertamente los derechos humanos con la política de dispersión.

A día de hoy, todavía permanecen en prisión 169 presos políticos vascos, a pesar de que la banda dejó definitivamente su actividad hace ya casi 12 años. El Régimen español, fundado en el “cautivo y desarmado” del 39 y el “atado y bien atado” del 78, es el paradigma de la aplicación del derecho del enemigo, como vimos también contra el movimiento democrático catalán recientemente.

Frente a la derecha y el “progresismo” que asume, en este y otros temas, lo central de su agenda, es necesario defender el ejercicio pleno de todos los derechos políticos y electorales de la izquierda abertzale, históricamente pisoteados y que, campañas como las recientemente vividas o las amenazas de ilegalización de la extrema derecha, demuestran que pueden volver a aplicarse contra cualquiera que ose desafiar al régimen heredero del Franquismo.


Fuente → izquierdadiario.es

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