Fosas y memoria histórica
Fosas y memoria histórica 
Lleonard Barrios

Durante muchos años ha faltado una acción decidida de la Generalitat de Cataluña para ejercer sus competencias en la identificación de restos de víctimas de la guerra civil y la represión. Por este motivo, los impulsores de la creación de un banco de ADN de familiares de desaparecidos durante la guerra civil, presentaron el febrero del 2016, en Buenos Aires en el marco de la “Querella Argentina”, una denuncia contra la Generalitat de Cataluña por no favorecer la puesta en marcha del mencionado banco

La piel de bravo está sembrada de fosas de la guerra civil y de la posterior represión franquista. Las comunidades autónomas (CCAA) tienen competencias llenas para actuar en estas fosas y recuperar e identificar los restos, pero sus bases de datos y los mapas de localización de las fosas no siempre son de fácil consulta, y en algunas CCAA o no están al alcance o sencillamente no existen. Podemos afirmar pero, que según las propias CCAA, el número de fosas es muy grande: 919 en Cataluña, 709 en Andalucía, 680 a Castellano y León, 531 en València, 461 en Galicia (según información periodística), más de 400 en Asturias y así podríamos seguir por todo el territorio. Es vital por la correcta identificación de las víctimas que las bases de datos puedan cruzarse, pues durante la guerra civil hubo muchos desplazamientos y muchas personas desaparecieron lejos de donde vivían. La reciente Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, en el artículo 17 dice: “la Administración General del Estado confeccionará un mapa integrado de localización de personas desaparecidas de todo el territorio español, que incorporará los datos remitidos por las diferentes administraciones públicas competentes”. A este mapa, se pueden consultar las fosas georeferenciadas que las administraciones “competentes” han comunicado hasta ahora, pero todavía queda mucho camino para organizar los datos de forma útil por la identificación de las víctimas. Por ejemplo, en el Aragón el número de fosas documentadas a la web del Servicio de Información del Patrimonio Cultural de Aragón (SIPCA) son menos que las que la misma comunidad autónoma ha georeferenciado al mapa integrado. En Andalucía, 539 fosas están ya en el mapa integrado y en Cataluña esto pasa solo en 151 de las fosas. Si la ordenación de las localizaciones de las fosas ya es un problema, imaginamos la magnitud en cuanto a la identificación de los restos.

Centrándonos en Cataluña, hasta el momento se han llevado a cabo dos Planes de Fosas. Antes de la entrada en vigor de estos planes, durante el periodo 1999 a 2016 las actuaciones fueron muy escasas y no había un protocolo de actuación claro. Los datos de este periodo están incluidas al informe del primer Plan de Fosas 2017-2019 del Departamento de Justicia, e indican que del 1999 al 2016 se exhumaron restos de 197 personas, de las cuales se identificaron 7. Este fue un periodo complicado por la memoria histórica en Cataluña, pues la Generalitat denegó varios permisos para exhumar fosas. Esto lo “retrató” el fotógrafo Francesc Torres, Premio Nacional de Bellas artes de la Generalitat de Cataluña, al documentar la exhumación, el 2004, de la fosa de Villamayor de los Montes (Burgos). Parte de esta obra se expuso el 2013 en el Palacio de la Virreina de Barcelona en la exposición colectiva “A vistazo”, donde se podía leer literalmente el texto siguiente: “Tres imágenes procedentes del proyecto que documenta la exhumación de una fosa común de septiembre de 1936 a Villamayor de los Montes, Burgos, realizada en 2004. Se encontraron cuarenta y seis cuerpos, todos hombres, de edades entre los diecisiete y los setenta años, todos muertos por múltiplos heridas de bala, incluidos los rasgos de gracia en el jefe. También presentaban fracturas perpetradas antes de ser fusilados. Los verdugos fueron falangistas y guardias civiles. Este proyecto fue realizado a Burgos por la imposibilidad de hacerlo en Cataluña en dos ocasiones: la primera con Jordi Pujol encara presidente y, la segunda, con el primero tripartido. En ambas ocasiones el proyecto fue abortado por injerencias políticas. En el segundo caso, Esquerra Republicana de Cataluña fue la responsable directa que no siguiera adelante. No se pedían dinero, solo permiso. Los fondos los había conseguido en los Estados Unidos mediante una Fullbright Fellowship y la ayuda de dos fundaciones privadas de Nueva York. La pieza completa se estrenó a lo International Center of Photography (ICP) de Nueva York y forma parte de su colección permanente. Francesc Torres.”

Un ejemplo más reciente de los problemas para encontrar los restos de un familiar, fue el de Cipriano Martos, asesinado el 1973 en Reus por la Guardia Civil. Cipriano Martos fue enterrado a escondidas en una fosa común sin permitir a la familia verlo en el hospital ni asistir al entierro. La reconstrucción de esta historia se puede leer en el libro de Roger Mateos , Caso Cipriano Martos: vida y muerte de un militante antifranquista (Anagrama). Se ha relatado que una vez se sabía con bastante certeza donde estaba enterrado, el hermano de Cipriano, Antonio, pidió un informe a lo Asociación para la Recuperación de la Memória Histórica que determinara si la exhumación era viable. El informe fue positivo y Antonio Martos lo entregó a la Directora General de Memoria Democrática, Carme García Suárez (directora del 07/2018 al 02/2019), que le pasó a su sucesora Gemma Domènech. Esta pidió un segundo informe sobre la viabilidad de la exhumación y sin revelar quién lo hizo ni darlo a conocer a los familiares, los dijo que la exhumación no era viable. Finalmente, el febrero del 2023 los restos de Cipriano Martos han sido identificadas, gracias a las análisis de ADA, en una fosa común del cementerio de Reus donde había los restos de 40 cuerpos más.

Durante muchos años ha faltado una acción decidida de la Generalitat de Cataluña para ejercer sus competencias en la identificación de restos de víctimas de la guerra civil y la represión. Por este motivo, los impulsores de la creación de un banco de DNA de familiares de desaparecidos durante la guerra civil, presentaron el febrero del 2016, en Buenos Aires en el marco de la “Querella Argentina”, una denuncia contra la Generalitat de Cataluña por no favorecer la puesta en marcha del mencionado banco. La jueza argentina María Servini, envió cuatro exhortos a juzgados catalanes, pero su recorrido se truncó por el dictamen de la entonces Fiscal General del Estado, Consuelo Madrigal, que instaba los juzgados a no admitir los exhortos de la querella argentina. El 2020, este dictamen fue revocado por Dolores Delgado, que era en aquel momento Fiscal General del Estado. Curiosamente, el mismo año que había sido denunciada, la Generalitat de Cataluña presentó por fin un plan para identificar las víctimas del franquismo y el diciembre del 2016 se personó como colaborador en la querella argentina contra los crímenes del franquismo.

Según datos de la Generalitat de Cataluña , durante el Plan de Fosas 2017-2019 se hicieron 25 excavaciones y 21 recogidas en superficie. En total se exhumaron restos de 305 personas y se identificaron 8, 7 de la fosa de Soleràs y una de un maquis anarquista italiano (Elio Ziglioli) asesinado el 1949 en Castellar del Vallès, historia reconstruida al documental “ Un vaso de agua para lo Elio ”. No obstante, en el informe de 2017-19 se dan dos datos que no cuadran. Por un lado se indica que “ En Cataluña, entre 1999 y 2019, se han llevado a cabo 48 actuaciones en fosas que han permitido recuperar los restos de 527 personas, y se ha podido determinar la identidad de 14 de estas personas .” Cuatro párrafos más abajo se escribe “ A raíz de las actuaciones llevadas a cabo en el marco del Plan de fosas 2017-2019 se han recuperado los restos de 305 individuos (285 ind. provenientes de excavaciones arqueológicas y 20 ind. de prospecciones y recogidas), que junto con los 197 individuos recuperados entre 1999 y 2017, elevan la cifra a un total de 502 individuos .” Es decir no sabemos si del 1999 al 2019 se exhumaron 502 o 527 individuos.

Los datos del Plan de Fosas 2020-22, que también se pueden visualizar en el enlace anterior, señalan que se llevaron a cabo 28 excavaciones con la exhumación de restos de 264 personas, de las cuales se han identificado una treintena y 10 han sido ya devueltas a las familias. También se han identificado 61 puntos con restos óseos en superficie. Aquí, los datos del Plan de Fosas tampoco cuadran con el excel de estadísticas de las actuaciones del propio Departamento de Justicia. Según este documento excel , en 2020, 2021 y 2022 se habrían recuperado restos de 443 personas en excavaciones, a las que hay que sumar restos de como mínimo 36 personas más obtenidas en superficie, es decir un total de 479, casi el doble del indicado al documento del Plan de Fosas 2020-2022. Estaría bien que el Departamento de Justicia aclarara los datos.

También se ha criticado la lenta respuesta de la Generalitat para actuar en determinadas hallazgos en superficie que, al menos en algunos casos, tiempos después de haber sido informadas todavía continuaban a cuerpo descubierto y sin intervención. Esto fue explicado a la comparecencia de una representación de la Asociación de Familiares del Banco de ADN ante la Comisión de Justicia del Parlamento de Cataluña el septiembre de 2022.

Cuando se comparan las exhumaciones llevadas a cabo en Cataluña con las de Andalucía, la CCAA con un número de fosas más semblante, sobra las pocas intervenciones que se han hecho hasta el momento en Cataluña y también el bajo número de restos exhumados. Los datos de la web del Departamento de Justicia de la Generalitat, que ya hemos visto varían según qué documento se analiza, indican que en Cataluña del 1999 al 2022 se han exhumado los restos de entre 766 y 1006 personas. En Andalucía se fusilaron unas 50.000 personas y hubo más desaparecidos que durante las dictaduras de Argentina y Chile juntos. En esta comunidad autónoma, hasta el 2020 se habían abierto más de 100 fosas y se habían recuperado restos de más de 4000 personas, datos que han incrementado hasta el momento actual. Para citar unos ejemplos, a Córdoba se han identificado con nombres y apellidos 2.252 fusilados por el franquismo enterrados a los cementerios cordobeses de La Salud y San Rafael. Al cementerio de San Rafael a Málaga , se exhumaron los restos de 2.840 personas, muchas de ellas fusiladas y con el rasgo de gracia. Este 2023 ha finalizado la exhumación de la fosa Sevillana de Pico de Reja con restos de 1.786 personas asesinadas las semanas posteriores al golpe de estado del 18 de julio del 1936. También este 2023 empezarán el trabajos a la fosa Monumento situada al mismo cementerio de San Fernando de Sevilla donde se espera encontrar 2.613 víctimas del franquismo. Esto teniendo en cuenta únicamente las actuaciones más llamativas de entre las que se están llevando a cabo. Las fosas de San Rafael en Málaga, Pico de Reja y Monumento son junto con la de Srebrenica las más grandes de la Europa occidental. Hay que resaltar la potencia de las asociaciones de memoria histórica en Andalucía que, como ejemplo , identifican más fosas que las que hay al mapa de la Junta de Andalucía.

Para finalizar, unas apreciaciones personales. Se ha anunciado que los presupuestos del 2023 casi han doblado el gasto dedicado a la intervención de las fosas. A pesar de esto, teniendo en cuenta que hay 919 fosas y el ritmo de exhumaciones que ha habido hasta ahora, cuántos años se tardará a finalizarlas? Por otro lado y siente suave, decir que cansa sentir algunos miembros de partidos políticos y de los últimos gobiernos dando lecciones de democracia y derechos humanos. Estaría bien que fueran algo más prudentes, más humildes y tuvieran un poco de vergüenza por el que podrían haber hecho y no han hecho durante tantos años.


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