Caso Almería, las heridas que siguen sin cerrar

Sucedió hace 41 años, el 10 de mayo de 1981, en esa modélica transición que pilotó Adolfo Suárez, hasta su dimisión como presidente del Gobierno, el 29 de enero de ese mismo año, siendo sucedido por Leopoldo Calvo-Sotelo, sobrino del fundador del Bloque Nacional en la Segunda República, José Calvo Sotelo. Al despertase España, seis años después de la muerte del Caudillo, constató que el franquismo seguía allí. Seguía en la jefatura del estado, en el consejo de ministros, en la judicatura, en los medios de comunicación y en los poderes económicos, y, muy especialmente, en el ejército y en los cuerpos de seguridad del estado. El 23 de febrero de 1981 se producía un oscuro golpe de estado, cuya dirección y objetivos todavía no se conoce al completo. En ese contexto se produjo lo que Mariano Sánchez Soler calificó como La Transición Sangrienta, que se llevó por delante la vida de casi doscientas personas, tal como recoge en el libro del mismo título, cuyo subtitulo delimita su trabajo de investigación “Una historia violenta del proceso democrático en España (1975-1983)”, aunque las víctimas de la violencia del estado no cesaran en esa fecha.

Pero volvamos a ese 10 de mayo de 1981, en el que tres obreros que trabajaban en Santander: Luís Cobo (29 años), Luis Montero (33 años) y Juan Mañas (24 años), viajaban desde la capital cántabra a un pequeño pueblo de Almería, Pechina, de donde era originario el último, para la comunión de su hermano. Tres días antes, la organización armada vasca ETA atenta contra el teniente general Valenzuela, jefe del Cuarto Militar del Rey. Los retratos robots de los integrantes del comando aparecen en las primeras páginas de los periódicos. En el trayecto los tres jóvenes tienen una avería en el coche, al pasar por Madrid, y se ven obligados a alquilar otro vehículo. Todo indica que fue el dueño de la empresa de alquiler quién los identificó como los miembros del comando y comunicó sus sospechas a la Guardia Civil. Aún así llegaron sin contratiempos a Pechina, el día 9, y al día siguiente se trasladaron a Roquetas de Mar para visitar a otro hermano de Juan Mañas.

Pero ya estaban en el punto de mira de la Guardia Civil, y fueron detenidos a punta de pistola y trasladados a un cuartel abandonado en Cabo de Gata, en una comitiva de doce números de la benemérita, al mando del Teniente Coronel Carlos Castillo Quero. A pesar de que podían demostrar el objeto de su viaje, de que no portaban armas ni explosivos, de que sus documentos estaban en regla, de que no pusieron resistencia a su detención y de que no intentaron escapar, fueron salvajemente torturados hasta la muerte, con la intención de que confesasen un crimen que no habían cometido o quizás en venganza por la acción armada de ETA. Después, como está comprobado, Castillo Quero ideó una delirante trama, metiéndoles en el coche de alquiler, acribillándolos y arrojando el vehículo, al que le prendieron fuego, por un barranco, en la carretera de Gérgal. Inmediatamente se hizo pública la versión oficial.

Tal cómo refleja el diario El País, el 12 de mayo, dos días después: “según fuentes oficiales, a las 6.30 horas del domingo y al ser trasladados los tres detenidos hasta la localidad almeriense de Gergal, a la altura del kilómetro 9 de la carretera comarcal que parte de la N-340 hasta este municipio, los detenidos intentaron hacerse con el control del vehículo en el que viajaban, el Ford Fiesta matrícula de Ciudad Real al que hemos aludido anteriormente. El coche derrapó por una pendiente de tres metros y se entabló posteriormente un tiroteo -los detenidos no llevaban armas- incendiándose a continuación el vehículo en el que también viajaban dos números de la Guardia Civil que resultaron heridos. Los tres fallecidos viajaban en el asiento trasero del coche.”

Después de las versiones contradictorias del ministerio del interior, dirigido por Juan José Rosón, que, una vez que se descartó que los jóvenes asesinados perteneciesen a ETA, se les intentó señalar como delincuentes comunes, se hizo un juicio en la Audiencia Provincial de Almería, en junio del mismo año, donde quedó probado que “probado que el teniente Castillo y sus hombres torturaron hasta la muerte a los tres detenidos en un cuartel abandonado llamado Casafuerte y que posteriormente, y con el fin de intentar eliminar evidencias, despeñaron su vehículo por un terraplén, le dispararon numerosas veces y le prendieron fuego”.

El teniente Coronel Castillo Quero fue finalmente condenado por homicidio (no por asesinato, ni por torturas) a 24 años de prisión, y el teniente Manuel Gómez Torres y el guardia Manuel Fernández Llamas, a 15 y 12 años, con el atenuante de obediencia debida. Desde que se dictó la sentencia, tardaron más de dos años y medio en entrar en prisión, que cumplieron en penales militares, en régimen privilegiado, cumpliendo tan solo nueve años Castillo Quero, siete Gómez Torres y cinco Fernández Llamas. Otros ocho agentes participantes en el operativo que acabó con la vida de los tres obreros, fueron absueltos. Si los jóvenes hubiesen sido, realmente, militantes de la organización armada vasca, ni tan siquiera hubieran pisado la prisión.

Como relató Néstor Cenizo en una columna de El Diario.es: “Al entierro del teniente coronel Castillo, en abril de 1994, acudió el Gobernador Militar de Córdoba, el General Ramón Serrano, vestido de uniforme y en coche oficial. Dijo que no le había dado tiempo a cambiarse. En 1999, El País desveló que los tres condenados, expulsados de la Guardia Civil, habían cobrado durante años con cargo a los fondos reservados.”

Al año siguiente del asesinato de Luís Cobo, Luis Montero y Juan Mañas, el gobernador civil de Almería prohibió un festival organizado para recaudar fondos para los gastos judiciales de sus familias, en el que iban a participar Carlos Cano y Paco Ibañez, entre otros. Así se las gastaban en esa transición modélica que siguen empeñados en vendernos.

Cuando se cumplieron las cuatro décadas del crimen, la Asociación Andaluza de Víctimas de la Transición en coedición con la editorial Atrapasueños publicó el libro “El Caso Almería 40 años después”, “una investigación y un compendio de testimonios directos de familiares, periodistas y políticos, que deja conscientemente de lado la verdad judicial y apuesta por plasmar la realidad política a través de lo que dijeron ministros, diputados y senadores, reflejado en las actas del Diario de Sesiones”, escrita por Manuel Hijano del Río y Chaymaa Outnarit, en el que se ampliaba el trabajo realizado en 2011 por Antonio Ramos Espejo, en “El caso Almería: Abierto para la historia”. Además de la película que Pedro Costa dirigió en 1982, “El caso Almería”, que tuvo una enorme repercusión en la época y ayudó a fijar en nuestra memoria aquel triste episodio de la transición sangrienta, hay materiales audiovisuales como el documental “La verdad sobre el Caso Almería”, editado por el diario La Voz de Almería, que siguen hurgando en esas heridas que quedan sin cerrar.