Libres y con derechos. El consentimiento no se negocia

Libres y con derechos. El consentimiento no se negocia

Libres y con derechos. El consentimiento no se negocia

El año 2018, por el caso de la manada salimos a la calle al grito “no es abuso, es violación”, y “yo si te creo”, denunciando que en las violencias sexuales se juzgaba el comportamiento, la credibilidad y se cuestionaba el consentimiento de la mujer. Era un caso paradigmático en el que se ponía en duda a la víctima y se realizaba un juicio mediático a la vida previa y posterior de la mujer, tratando así de invalidar su testimonio.

Peleábamos porque se pusiera el foco en el agresor y no en la victima, considerando central el consentimiento de las mujeres, sin tener que demostrar si hubo violencia y/o intimidación. Acreditar la violencia y la intimidación es tremendamente complicado, porque mediante una inquisición jurídica se exige demostrar y probar qué es lo que hizo violenta la agresión.

Por eso la Ley de Libertad Sexual ha supuesto un avance y un cambio de paradigma colocando el consentimiento como elemento definitorio de la violencia sexual. Como señala el manifiesto suscrito por más de 200 grupos feministas y colectivos sociales, “el consentimiento es una expresión afirmativa, consciente, voluntaria y reversible y su inexistencia implica delito de agresión sexual. Supone comprender la sexualidad como una relación entre personas libres que consienten, con capacidad de elección y en igualdad de derechos. “

Al eliminar la centralidad del consentimiento como elemento de definición de los delitos contra la libertad sexual, la propuesta de contrarreforma del PSOE supone una marcha atrás. Reintroducir la distinción entre agresiones sexuales cometidas con o sin violencia e intimidación es volver al modelo anterior, al que distinguía entre abuso y violación. Nuevamente se pone el foco en la víctima, en si opuso suficiente resistencia, en demostrar que no consintió con su comportamiento.

Por otra parte, desde el feminismo autónomo y alternativo nos preguntamos por qué los partidos políticos en lugar de preocuparse por las políticas públicas para atajar las violencias sexuales, focalizando el problema en las mujeres y sus derechos, han pasado a considerar que la solución consiste en aumentar las penas en el Código Penal, instaurando la idea de que un agravamiento de éstas va a traer consigo una reducción de la criminalidad.

Hay suficientes evidencias que demuestran que penas más altas en el Código Penal no implican mayor protección contra las violencias sexuales, máxime en un país que tiene las penas más altas de Europa, además de suponer un fracaso de las políticas en prevención de la violencia.

El marco punitivista daña también a las mujeres doblemente, porque deposita la confianza de su seguridad en el Código Penal y desencadena los efectos del pánico sexual. El miedo y la inseguridad que produce pensar que los violadores salen de la cárcel, refuerzan las narrativas del peligro sexual y dan coherencia a las políticas de mayor control social y sexual y de restricción de movimientos y autonomía de las mujeres.

Se está creando una alarma social que a la par que trata de eliminar el consentimiento como el elemento definitorio de la violencia sexual, está dando lugar a una carrera por implementar un populismo punitivo basado en la subida de penas, que está desviando el centro de las causas que provocan las violencias sexuales, así como de la necesidad de políticas públicas que vayan a la raíz de las desigualdades que generan las violencias que sufrimos.

Exigimos que el consentimiento siga siendo el eje vertebrador de esta Ley, evitando que las mujeres tengan que demostrar que ha habido violencia y/o intimidación.

Exigimos que se ponga a las mujeres en el centro con sus necesidades y ritmos, al mismo tiempo que se garantice su protección y recuperación.

Exigimos una justicia feminista que se base en los principios de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, que no se centre exclusivamente en la vía carcelaria.

Libres y con derechos, el consentimiento no se negocia.

El Primer DNI Republicano