"Las familias tienen derecho a recuperar los cuerpos de sus antepasados, no entendemos la actitud de la Iglesia"

El 29 de septiembre de 1936 aparecieron en el Campo de Morgade, en Queo de Arriba, Bértoa (Carballo), los cuerpos de cuatro hombres que, por su ideología republicana, habían sido sacados de sus casas y posteriormente asesinados por miembros de los grupos que había liderado el Golpe de Estado del 18 de julio. El párroco de la parroquia y un grupo de vecinos decidieron enterrar sus restos en el cementerio de Bértoa, donde aún permanecen.

Se trataba de Juan Boedo Pardo, de 28 años, vecino de Cristobo das Viñas (A Coruña), ingeniero de gas de profesión; de Andrés Pinilla Fraga, de 52 años, que había sido conserje en el Colegio Notarial de A Coruña; de Pedro Pinilla Calvete, también de A Coruña, 21 años, mecánico de profesión; y Francisco Miguel Fernández Díaz , de 38 años, pintor, ilustrador, librero y crítico de arte, a quien se dedicó una calle de la ciudad de A Coruña en 1999.

Ocho décadas después, la familia de Francisco Miguel Fernández Díaz contactó con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) para intentar encontrar los restos de su antepasado. Las investigaciones, como siempre complejas, lograron descubrir las circunstancias de su muerte y el lugar de su posterior entierro. Francisco Miguel Fernández Díaz había sido detenido por la Guardia Civil el 3 de agosto; liberado posteriormente, fue secuestrado nuevamente el 19 de septiembre, apareciendo su cuerpo diez días después con la cara abierta y las manos amputadas.

La ARMH inició los trámites legales para realizar la búsqueda y posterior exhumación de los cadáveres , obteniendo los permisos del Ministerio de Sanidad y de la Dirección General de Patrimonio de la Xunta y contando en todo momento con el apoyo de la Diputación y de gran parte del barrio de la parroquia. Simplemente faltaba la autorización del propietario del terreno, en este caso el Arzobispado de Santiago. Sin embargo, más de un año después, esta autorización aún no ha llegado, a pesar de las reuniones mantenidas con funcionarios eclesiásticos.

La entidad denuncia que la autoridad eclesiástica está "alargando el proceso", retrasando indefinidamente la respuesta a las solicitudes presentadas. El arzobispo de Santiago afirma, por su parte, que estudia "detenidamente" la solicitud , que de ningún modo está paralizada y que "desde luego" no se opone a la ley, que habilita a los familiares de los desaparecidos iniciar este proceso. La institución eclesiástica argumenta que los restos de otras personas también pueden ser enterrados en el lugar donde quieren excavar y que la obra podría causar molestias a sus familiares. Esto, señala, obliga a actuar "con cautela" porque los cementerios "son un lugar sagrado" y no se puede permitir "una profanación" de otra tumba. “Tenemos que asegurarnos de que esto no suceda”, añade.

La ARMH precisa que “el trabajo no se hace con maquinaria pesada, al contrario: se hace con mucho cuidado, con una pala pequeña y un cepillo, para no causar el menor daño. Y, por supuesto, si los cuerpos no se encuentran en el lugar previsto se paran los trabajos y se deja todo como estaba”, explica Carmen García Rodeja, de la ARMH, quien también destaca que esta exhumación técnicamente es incluso más sencilla que otras, ya que el sitio de prospección está alejado de los nichos.

La asociación dispone de fuentes documentales y orales que indican el lugar del enterramiento. "No hay seguridad absoluta, pero el lugar es muy estrecho", dice. En los últimos meses, la asociación y los familiares de las víctimas mantuvieron varias reuniones con los vecinos , que inmediatamente entregaron 80 firmas a favor de las labores de exhumación e incluso enviaron cartas al arzobispado, al igual que los familiares de las víctimas.

La ARMH señala que es la primera vez, en las numerosas exhumaciones que ha realizado en Galicia, que se encuentra con este tipo de problemas con la Iglesia. La entidad explica que mantiene "cordiales relaciones" con los diferentes obispados y que hasta ahora nunca han puesto trabas en su trabajo para ayudar a las familias de los desaparecidos por la represión franquista a encontrarlos para poder identificarlos y poder darles un entierro digno.

Carmen García Rodeja explica que en varias ocasiones la Arquidiócesis de Santiago incluso intercedió ante algún clero o vecinos para facilitar estos procesos, lo que aumenta la "sorpresa" por lo que está pasando en este caso. También cabe señalar que en este caso el principal responsable del entierro de los asesinados en el cementerio en 1936 fue el párroco de la localidad, Narciso Coello de Portugal, quien consideró que debían recibir cristiana sepultura e incluso los velaron.

"No queremos entrar en una guerra, solo queremos que el arzobispo recapacite", dice Carmen García Rodeja, que es rotunda al afirmar que "las familias tienen derecho a recuperar los cuerpos de sus antepasados, no entendemos la actitud de la Iglesia”, destaca el titular de la ARMH, quien señala que lo ocurrido está causando “una gran indignación” en los familiares y “un gran disgusto”. “Es una cuestión de derechos humanos, por eso nos duele tanto. Es una falta de amor al prójimo ya la humanidad”, concluye.