La fosa común de Oviedo: una de las primeras en ser investigada y dignificada

 

La memoria de las víctimas, su reconocimiento, reparación y dignificación, representan un inexcusable deber moral en la vida política y muestra la calidad democrática de una sociedad, según proclama el preámbulo del decreto aprobado en febrero de 2023 por el que se desarrolla la ley 1/2019 de memoria democrática de Asturias. Este tipo de reconocimientos, que se han ido intensificando en los últimos años del siglo XXI, oficializan un movimiento bastante más lejano que siempre ha pretendido una reivindicación académica y social de los represaliados por el franquismo. El Principado ofrece numerosas muestras de determinación ciudadana que ha luchado para honrar y preservar esa memoria histórica. Un caso particularmente emblemático de esas acciones se da en Oviedo.

Cuando Aranda dicta el 21 de julio de 1936 el bando que declara el estado de guerra en la provincia, en la capital se producen además de los arrestos a los dirigentes que aún permanecían en la zona, una generalización de detenciones de personas supuestamente de izquierdas, como explicita Carmen García, profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, en “Aproximación al estudio de la represión franquista en Asturias: ‘paseos’ y ejecuciones en Oviedo (1937-1952)”. Aunque no se puede dar un número exacto, algunos estudiosos apuntan a 700 encarcelados y otros hablan de más de un millar, muchos de los cuales serán ejecutados. A estos se han de sumar los asesinatos y desapariciones irregulares. Las “Relaciones de inhumados” de los cementerios de Oviedo y el “Libro Registro de Ejecuciones” constituyen las fuentes principales para deducir una cifra siempre escurridiza, pero que se puede acercar a unas 1.129 personas fusiladas. Aunque lógicamente en esta relación no figuran todas las víctimas de la represión franquista en la ciudad.

Según se explica en las obras “Fosa común del cementerio de Oviedo” y en “Notas sobre la Fosa del Cementerio de Oviedo y el proceso de recuperación de la memoria histórica de Oviedo” del volumen “Volver la vista al pasado”, ambos de Carmen García, esos cadáveres fueron inhumados entre octubre de 1937 y octubre de 1952 en el Cementerio Municipal de San Salvador de Oviedo. Estamos ante una fosa común de 250 metros cuadrados, localizada en los terrenos del antes llamado cementerio civil, situado en la parte posterior del cementerio católico. Sucede que dos años después de haber finalizado la contienda en Asturias, este sitio ya quedaba pequeño para dar cabida a más cuerpos.

Los parientes realizaban visitas y ofrendas florales a dicha localización de manera más discreta al principio y más adelante de forma menos clandestina. Sin embargo, no sería hasta la década de 1967 cuando cuatro familiares de los allí sepultados intentaran aportar mayor dignidad al lugar proponiendo mejoras a las autoridades. Superadas las barreras para llevarlas a cabo, el Ayuntamiento asumió los gastos necesarios para que se remozara con “un cerramiento perimetral con un murete de mampostería, un muro de cantería pulida, enlosado, sin ninguna inscripción, incorporándose el frondoso árbol al conjunto como elemento ornamental”. Además, la parte civil y la religiosa estaban segregadas y tenían entradas diferentes. De nuevo la actuación privada trató de corregir el abandono de este espacio. Así, en 1972, la Iglesia Evangélica solicitó su adecentamiento y la demolición del muro para que los acatólicos pudieran “ser enterrados sin más discriminación y humillación”. Transcurrido más de un año y con la venia del Arzobispado de Oviedo, la Corporación municipal acordó su derrumbe.

También con el objetivo de pelear contra el olvido y contra la discriminación de esposas y compañeras de republicanos ejecutados o represaliados, se creó en Gijón, en noviembre de 1977, la Asociación de Viudas de Guerra de la República con ámbito de actuación en Asturias, pero cuyos logros beneficiaron a mujeres de todo el país. La entidad, con mínimos medios y gracias a su esfuerzo en solitario, impulsó el citado estudio de 1984 sobre la fosa común de Oviedo. Buscaban facilitar a las familias el conocimiento de la identidad de los enterrados en ese cementerio como una “obligación de piedad, una obligación de justicia y un legado a las generaciones jóvenes”. Además, este grupo batalló por sus derechos a pensiones, asistencia médico-farmacéutica y social. En definitiva, constituyó un ejemplo de implicación que reunió a más de dos mil asociadas que sabían que “los problemas solo se resuelven luchando” y que además de sus reclamaciones económicas, defendían también “su dignidad de mujeres y esposas de los que murieron por defender la justicia social, la libertad y la democracia, que el pueblo había conseguido con la República”.