Europa Laica puntualiza que la Iglesia católica española no ha renunciado a ningún privilegio
Para la organización, la Iglesia católica no ha renunciado a ninguno de sus múltiples privilegios, sino que ha sido una exigencia europea
Europa Laica denuncia que esta es solo una cortina de humo que oculta los temas más importantes a resolver en la relación Iglesia católica-Estado español
Ante el comunicado del Ministerio de Presidencia y de la Conferencia Episcopal, divulgada por todos los medios de comunicación el pasado 29 de marzo, de que el gobierno acuerda con la Iglesia eliminar dos de sus exenciones fiscales: las Contribuciones Especiales y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), Europa Laica especifica que el ICIO es un impuesto que la Unión Europea ya resolvió hace unos años cuestionando su exención a la Iglesia católica, justo lo que ahora se da como “acordado”: «Al igual que sucedió cuando la normativa comunitaria prohibió que la Iglesia estuviera exenta de pagar IVA y que de nuevo se escenificó en su momento como si de una “renuncia” altruista se tratara. Por tanto, no se trata de ninguna renuncia eclesial, ni habría lugar a contar con el beneplácito de la Santa Sede —con su “asenso”, como se dice en la nota emitida—, sino de simple aplicación legal comunitaria», puntualiza Europa Laica.
Asimismo, la organización estima que sería razonable y objeto de
transparencia conocer los datos de a cuánto ha ascendido la exención que
la Iglesia ha tenido por ICIO y por Contribuciones Especiales, a nivel
estatal, en los últimos años, «tendríamos así conocimiento de una
estimación de a cuánto se eleva esa “renuncia” eclesial».
«Si se argumentara que no se dispone de datos consolidados a nivel
estatal por estar dispersos al ser unos impuestos de aplicación
municipal, hay que preguntarse entonces de qué renuncia estamos
hablando. Porque igual resultaría una sorpresa tamaña “renuncia”, que
bienvenida sea, aunque en ningún caso justificaría su bondad en el marco
general actual de unas relaciones Iglesia-Estado, claramente
mejorables, ni con los más de 12.000 millones que anualmente se financia
por distintos conceptos con dinero público a la “corporación católica”,
incluidos los beneficios fiscales que disfruta». Y añade: «todo suena a
que este acuerdo de mesa camilla con tintes gatopardianos, de cambiar
algo para que nada cambie, sirve de cortina de humo para dejar en el
tintero contrapartidas evidentes a favor de la Iglesia por parte del
Gobierno, como, por ejemplo, seguir mirando para otro lado al dar por
buenas las inmatriculaciones de la Iglesia, incumpliendo su propio
compromiso de gobierno y de investidura; no exigir que la Iglesia pague
el IBI de los bienes eclesiales en los que obtiene un rendimiento
mercantil, que actualmente siguen exentos de pagar aunque existe también
un pronunciamiento de la Unión Europea denunciando esta situación como
una posible vulneración de la normativa comunitaria sobre las ayudas de
Estado», añade la organización Europa Laica.
Esta disposición forma parte de la pervivencia de los Acuerdos de 1979
que conforman la clave de bóveda que sustenta el marco general
existente en las relaciones Iglesia-Estado, y que comprende la
financiación eclesial, los privilegios fiscales, la presencia
confesional en la enseñanza, y un largo listado de privilegos: «unos
Acuerdos, que deben ser denunciados y derogados como condición
inexcusable para avanzar en democracia en una sociedad que es plural,
con respeto a la libertad de conciencia y la laicidad del Estado. Todo
lo demás son cortinas de humo», concluye la organización.
Fuente → zasmadrid.com
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