El asesinato de Julián Grimau, hace sesenta años
Era el
día 20 de abril de 1963. Después de un consejo de guerra celebrado dos días antes,
y donde el dirigente del Partido Comunista de España, Julián Grimau, fue condenado a
muerto, Grimau moría fusilado en Carabanchel, acusado de crímenes cometidos durante la
guerra civil. En concreto se le acusaba de "rebelión militar continuada" . En cierto modo, se le ha considerado el último fusilado por
Franco como consecuencia de la guerra civil. Es verdad que Grimau en noviembre
de 1936 fue nombrado por Santiago Carrillo jefe de la Brigada de Investigación
Criminal de Madrid, y unos meses más tarde secretario general de Investigación
Criminal de Valencia, desde donde se le destinó a Barcelona como miembro del Servicio
de Información Militar (SIM), con la función de terminar con la quinta columna. Y, según varios testigos, también jugó un
papel importante en la represión que sufrió el POUM después de los hechos de mayo
de 1937.
Pero
es evidente que el consejo de guerra que le condenó a muerte -había sido
detenido en noviembre de 1962 en Madrid, donde vivía clandestinamente desde
1959- se llevó a cabo sin ninguna garantía. De tal forma que no fueron
carecer de solicitudes para que se le conmutara la pena de muerte, desde el mandatario
soviético Nikita Jruschov hasta el papa
Juan XXIII. Pero el consejo de ministros que se celebró el pasado 19 de abril
dejó muy claro que en ningún caso se quería dar marcha atrás.
Porque la jurisdicción militar estaba a la orden
del día. En diciembre de 1962 la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra
había dado a conocer su informe que,
bajo el título El imperio de la ley en España , presentaba una
denuncia contundente sobre la situación del sistema judicial español, que va
irritar considerablemente el régimen. El día 6 de diciembre, el entonces ministro
de información y turismo, Manuel Fraga Iribarne, convocaba a la prensa y acusaba de
tendencioso el informe de los juristas.
El fusilamiento
de Grimau, sin embargo, acabó provocando manifestaciones y protestas por toda Europa.
Si tenemos que creer lo que decía el diario “ABC” del día siguiente había habido
manifestaciones de protesta en Estocolmo, en Copenhague -donde un grupo de manifestantes
había destrozado las ventanas de la agencia de turismo española- en Zurich -donde se habían
lanzado piedras contra el consulado español-, y en Londres, donde habían participado
frente a la Embajada española numerosos ex combatientes de las Brigadas
Internacionales que habían combatido en la guerra civil.
Los
impulsos represivos de ese año no se limitaron a Grimau: el día 7 de agosto
moría en un enfrentamiento con la Guardia Civil, Ramon Vila Capdevila, el último
guerrillero que quedaba en Cataluña de la guerrilla de posguerra, y el 17
de agosto dos anarquistas, Joaquín Delgado y Francisco Granados, morían ejecutados
a garrote vil, tras la sentencia del consejo de guerra, en la que no
se habían demostrado ninguno de cuyos delitos eran acusados. Era evidente,
pues, que el franquismo seguía desarrollando una práctica represiva
contundente.
La
reacción que en toda Europa motivó sobre todo la ejecución de Grimau, junto a
la presión que los diversos organismos internacionales habían ejercido sobre el
régimen franquista fue decisiva para que, finalmente, el gobierno se replanteara su práctica
judicial represiva y aprobara en diciembre de 1963 la ley que creaba el Juzgado
y el Tribunal de Orden Público. Fue una ley importante sobre todo porque representaba el paso, en materia
represiva, de la jurisdicción militar a la jurisdicción civil. Pero el
franquismo, como es conocido, siguió reprimiendo hasta la muerte de Franco
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