El asesinato de Julián Grimau, hace sesenta años
El asesinato de Julián Grimau, hace sesenta años
Pelai Pagès

Era el día 20 de abril de 1963. Después de un consejo de guerra celebrado dos días antes, y donde el dirigente del Partido Comunista de España, Julián Grimau, fue condenado a muerto, Grimau moría fusilado en Carabanchel, acusado de crímenes cometidos durante la guerra civil. En concreto se le acusaba de "rebelión militar continuada" . En cierto modo, se le ha considerado el último fusilado por Franco como consecuencia de la guerra civil. Es verdad que Grimau en noviembre de 1936 fue nombrado por Santiago Carrillo jefe de la Brigada de Investigación Criminal de Madrid, y unos meses más tarde secretario general de Investigación Criminal de Valencia, desde donde se le destinó a Barcelona como miembro del Servicio de Información Militar (SIM), con la función de terminar con la quinta columna. Y, según varios testigos, también jugó un papel importante en la represión que sufrió el POUM después de los hechos de mayo de 1937.
 
Pero es evidente que el consejo de guerra que le condenó a muerte -había sido detenido en noviembre de 1962 en Madrid, donde vivía clandestinamente desde 1959- se llevó a cabo sin ninguna garantía. De tal forma que no fueron carecer de solicitudes para que se le conmutara la pena de muerte, desde el mandatario soviético Nikita Jruschov hasta el papa Juan XXIII. Pero el consejo de ministros que se celebró el pasado 19 de abril dejó muy claro que en ningún caso se quería dar marcha atrás.
 

   

 Porque la jurisdicción militar estaba a la orden del día. En diciembre de 1962 la Comisión Internacional de Juristas de Ginebra había dado a conocer su informe que, bajo el título El imperio de la ley en España , presentaba una denuncia contundente sobre la situación del sistema judicial español, que va irritar considerablemente el régimen. El día 6 de diciembre, el entonces ministro de información y turismo, Manuel Fraga Iribarne, convocaba a la prensa y acusaba de tendencioso el informe de los juristas.

El fusilamiento de Grimau, sin embargo, acabó provocando manifestaciones y protestas por toda Europa. Si tenemos que creer lo que decía el diario “ABC” del día siguiente había habido manifestaciones de protesta en Estocolmo, en Copenhague -donde un grupo de manifestantes había destrozado las ventanas de la agencia de turismo española- en Zurich -donde se habían lanzado piedras contra el consulado español-, y en Londres, donde habían participado frente a la Embajada española numerosos ex combatientes de las Brigadas Internacionales que habían combatido en la guerra civil.

Los impulsos represivos de ese año no se limitaron a Grimau: el día 7 de agosto moría en un enfrentamiento con la Guardia Civil, Ramon Vila Capdevila, el último guerrillero que quedaba en Cataluña de la guerrilla de posguerra, y el 17 de agosto dos anarquistas, Joaquín Delgado y Francisco Granados, morían ejecutados a garrote vil, tras la sentencia del consejo de guerra, en la que no se habían demostrado ninguno de cuyos delitos eran acusados. Era evidente, pues, que el franquismo seguía desarrollando una práctica represiva contundente.

La reacción que en toda Europa motivó sobre todo la ejecución de Grimau, junto a la presión que los diversos organismos internacionales habían ejercido sobre el régimen franquista fue decisiva para que, finalmente, el gobierno se replanteara su práctica judicial represiva y aprobara en diciembre de 1963 la ley que creaba el Juzgado y el Tribunal de Orden Público. Fue una ley importante sobre todo porque representaba el paso, en materia represiva, de la jurisdicción militar a la jurisdicción civil. Pero el franquismo, como es conocido, siguió reprimiendo hasta la muerte de Franco 
 

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