Comité de Olvidados de la Transición: “Hubo un plan sistemático para anular la disidencia”

Querellantes y testigos pertenecientes al Comité de Olvidados de la Transición (COT) reiteraron le pasado martes 28 de marzo, ante la Justicia argentina que los crímenes cometidos por el franquismo y en la llamada transición en España fueron delitos de lesa humanidad, al prestar declaración testimonial en el juzgado federal de María Servini, quien tramita la única causa que investiga los hechos.

En el juzgado ubicado en el tercer piso de los tribunales federales de Comodoro Py 2002 declaró Javier Almazán Luna, querellante en el caso y hermano de Ángel Almazán Luna, asesinado por la policía española el 15 de diciembre de 1976.
Almazán Luna reiteró que se trató de “crímenes de lesa humanidad”, imprescriptibles y contó en el juzgado lo ocurrido a su hermano y se comprometió a aportar documentación sobre los hechos que conserva en Madrid.
“Hubo un plan sistemático” para terminar con “cualquier disidencia” hacia el franquismo, evaluó sobre los crímenes que se investigan, en declaraciones a Télam luego de declarar.

A su turno, Miguel Ángel Ruiz -también querellante por su hermano Arturo Ruiz asesinado en enero de 1977 por una “banda fascista”- declaró en el juzgado y detalló por qué a su juicio hubo “sicarios” que actuaron amparados por los funcionarios de Gobierno en ese momento.

“Hubo 150 sicarios a sueldo del estado español”, sostuvo y relató ante la Justicia que “una pistola comprada por el Ministerio del interior español” fue usada por sicarios para cometer crímenes de lesa humanidad, entre ellos el asesinato de abogados de Atocha.

También declaró como testigo Carlos Portomeñe, un investigador que entregó al juzgado su libro “La Matanza de Atocha y otros crímenes de Estado”.

Diversos miembros del COT se encuentran en Argentina donde viajaron para participar en el recientemente celebrado III Foro Mundial de Derechos Humanos, además de los mencionados también se encuentra Marc Muñoz, hermano de Gustau Muñoz asesinado por la policía en 1978, quien también ha prestado declaración en sede judicial argentina; o Pablo Mayoral Rueda, juzgado en los ilegales consejos de guerra de septiembre de 1975, con petición de pena de muerte.

En la causa de la “Querella Argentina”, Servini procesó al exministro de la Gobernación (Interior) Rodolfo Martín Villa por homicidio y torturas en el franquismo pero esa decisión fue revocada por la Cámara Federal porteña que dictó falta de mérito, al entender que no fueron hechos de “lesa humanidad”.

Servini investiga los crímenes del franquismo desde 2010, en base al principio de justicia universal.