47 años después del golpe en Argentina, tras casi 300 juicios por crímenes de lesa humanidad y 1.115 personas condenadas, las 30.000 personas desaparecidas siguen más presentes que nunca en la memoria del pueblo argentino, que se construye día a día.
El 24 de marzo de 1976 las Fuerzas Armadas derrocaban a Isabel Perón e instauraban la dictadura más sangrienta de la historia argentina. La junta militar, que fue integrada por Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y Orlando Ramón Agosti se hizo con el poder, depuso a todos los gobernantes, cerró el Congreso e intervino a los sindicatos. Como explica el diario argentino Página 12, el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” llevó a cabo un programa económico neoliberal, desindustrializó el país e incrementó la deuda externa de 8.000 a 45.000 millones de dólares. La dictadura finalizó el 10 de diciembre de 1983, después de cuatro generales en la Casa Rosada —Palacio de Gobierno de Argentina— (Videla, Viola, Galtiere y Bignone) con la asunción de Raúl Alfonsín como presidente constitucional.
47 años más tarde, desde la Argentina se sigue construyendo y consolidando el proceso de memoria, verdad y justicia, más que nunca, con los organismos de derechos humanos, con Abuelas, Madres, Hijos y Nietes, en un proceso de transmisión intergeneracional de memoria y para que el nunca más, jamás se olvide. A 40 años de la democracia, desde la Argentina se sigue recordando la imperiosa necesidad de continuar construyendo memoria, verdad y justicia desde todas las instancias desde la sociedad. Desde los barrios, las escuelas y las instituciones. Desde cada casa y cada familia, la urgencia por no perder de vista la importancia de contar lo que sucedió, para que nunca vuelva a repetirse, se sigue repitiendo cada año.
A cuarenta años de la vuelta a la democracia, algunos de los consensos éticos y políticos que ordenaron la vida pública durante las últimas décadas padecen signos de desgaste
La Revista Anfibia, junto con el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos (LEDA) de la Universidad de San Martín (UNSAM) alerta de que, a cuarenta años de la vuelta a la democracia, algunos de los consensos éticos y políticos que ordenaron la vida pública durante las últimas décadas padecen signos de desgaste. Así, en el debate público se encuentran impugnaciones al discurso de los derechos humanos, desencanto con la participación político-electoral, posiciones autoritarias y discursos de odio. Igualmente, según relevamientos del LEDA, un 22,9% de los centennials del AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) muestra algún grado de adhesión a un golpe militar en caso de corrupción extrema y un 26,3% ante una crisis económica grave. Entre quienes tienen 75 años y más, el acuerdo con un hipotético golpe de Estado es del 29,1% en caso de corrupción extrema y del 26,8% ante una crisis económica grave.
A la luz de los retos y las dificultades actuales, que requieren de un abordaje complejo y cotidiano para combatir el negacionismo existente en una parte de la sociedad argentina, incrementado por los discursos de odio y de la extrema-derecha, el reclamo de Nunca Más sigue, ineludiblemente, construyéndose día a día.
Argentina es un referente mundial en los procesos de memoria, verdad y justicia. Como relata la periodista Luciana Bertoia en el diario Página 12, son casi 300 los juicios que se llevaron a cabo tras la caída de las leyes que impedían procesar a los responsables de los crímenes y 1.115 los genocidas condenados. A día de hoy, el reclamo “sigue siendo saber qué pasó con cada uno de los 30.000 desaparecidos, la identificación y sanción de las personas perpetradoras, una Justicia que no dilate los juicios para que no mueran impunes y la transmisión de la memoria de los horrores padecidos para que nunca más el odio ponga en jaque la democracia”. La memoria, construida a través del esfuerzo de los organismos de derechos humanos, y, sobre todo, gracias a la figura de Abuelas y Madres, que continuó con Hijos y Nietes, no cesa en su trabajo. Hace tan sólo unos meses, Abuelas de Plaza de Mayo anunciaba la restitución del nieto 131 y 132 “Hoy lo abrazamos como nuestro nieto 132, y como un rompecabezas que nunca se termina de completar, se inicia un nuevo camino para poder dar con su verdadero padre” expresaba la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto, en una conferencia.
El Juicio a las Juntas supuso la primera condena al terrorismo de Estado, y la primera vez en la historia universal en que un tribunal civil condenó a una dictadura militar
Contextualmente, después de asumir Raúl Alfonsín —como explica Aitor Manuel Bolaños de Miguel, en el Seminario “Políticas de la memoria, lucha contra la impunidad y derechos humanos en la Argentina postdictadura”— entre las primeras medidas del paquete de gestión política de la memoria del gobierno radical se encuentra la anulación de la autoamnistía, el Decreto para el procesamiento de las tres primeras Juntas militares, y por el que se creó la CONADEP, que funcionó como una Comisión de la Verdad. No obstante, las medidas judiciales, que comenzaron con confianza y decisión, se vieron truncadas, finalmente, por distintas presiones, lo que resultó en la aprobación de las dos leyes conocidas como de Punto Final y de Obediencia Debida. Así, tras un recorrido lleno de obstáculos y presiones, en un contexto en el que la amenaza del regreso de los militares seguía presente, y donde el silencio perduraba, llegaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final dictadas por el Congreso, que garantizaron la impunidad durante años y los indultos a los genocidas que fueron firmados por el expresidente Carlos Menem al poco tiempo de asumir.
Además de la lucha incansable de los organismos de derechos humanos para impulsar el proceso de memoria, uno de los momentos más importantes en la construcción de la memoria, fue sin duda el Juicio a las Juntas. Fue la primera condena al terrorismo de Estado, y la primera vez en la historia universal en que un tribunal civil condenó a una dictadura militar. En este juicio, cinco de los nueve integrantes de las juntas fueron condenados por llevar a cabo un plan sistemático de exterminio en el marco de la dictadura cívico-militar desde el 24 de marzo de 1976. El juicio comenzaba el 22 de abril de 1985, y el fiscal fue Julio César Strassera, siendo su adjunto Luis Gabriel Moreno Ocampo. Los letrados utilizaron como base de prueba el informe “Nunca más” elaborado por la CONADEP. La Cámara Federal finalmente dictó sentencia por 709 casos donde fueron condenados Jorge Rafael Videla y Emilio Massera a reclusión perpetua, Orlando Ramón Agosti a 4 años y 6 meses de prisión, Roberto Eduardo Viola a 17 años de prisión y Armando Lambruschini a la pena de 8 años de prisión.
La lucha y el esfuerzo constante de los organismos de derechos humanos y de la sociedad civil, y a la par, de forma estatal y pública, el impulso sólido del proceso de memoria, verdad y justicia a nivel estatal con el gobierno de Néstor Kirchner, y después de Cristina Fernández de Kirchner, generaron la continuación del trabajo en políticas de memoria que se prolonga hasta hoy.
La simbología y sociología del pueblo como esencia de la memoria se refleja en cada calle de cada ciudad, pueblo y barrio de la Argentina, en cada mural y cada pintada que reivindican y proclaman como esencia popular la memoria. Sin duda, el de Argentina fue y sigue siendo un proceso del que, desde todas partes del mundo, se aprende y debe seguir aprendiendo.
Gracias al esfuerzo incansable de la ARMH y las demás asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, activistas, personas voluntarias y periodistas, la memoria del pueblo sigue viva en España
Hoy en día, en España, las víctimas del franquismo llevan sin justicia desde hace 47 años y 4 meses, como afirma la Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica (ARMH) organismo que, con su excelente trabajo, sigue luchando cada día por la recuperación de nuestra memoria como pueblo. Desde el año 2000, a raíz de la exhumación de una fosa común en la que se encontraron los restos de 13 republicanos civiles asesinados por un grupo de pistoleros falangistas el 16 de octubre de 1936, la Asociación nace para combatir la impunidad y el olvido que, todavía a día de hoy, perduran en España. Gracias al esfuerzo incansable de la ARMH y las demás asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, activistas, personas voluntarias y periodistas, la memoria del pueblo sigue viva.
En el Estado español, es necesario emprender un proceso de memoria, verdad y justicia sólido y consistente. Sin una política pública de memoria, verdad y justicia, y sin un Estado que se haga responsable de promover las investigaciones y el proceso de memoria para dar reparación a las víctimas de la dictadura y sus familias, seguiremos asistiendo a la perpetración del olvido, la injusticia y la impunidad. Esta debe ser una tarea, no sólo de los organismos de derechos humanos, y las asociaciones de memoria histórica —que han hecho y siguen haciendo un esfuerzo inmenso— sino también a nivel institucional y político. Es urgente una política pública consistente que impulse un proceso de memoria a nivel nacional para reparar a las víctimas y a sus familiares.
A 40 años de la democracia en la Argentina, desde España tenemos mucho que aprender del proceso de memoria, verdad y justicia argentino. En Argentina, la democracia se sigue cuidando, cada día, durante cuatro décadas. En Argentina, en España, y en muchas partes del mundo, los discursos de odio, el negacionismo y la extrema-derecha —que los impulsa— están muy presentes, y día a día nos toca defender, trabajar por mejorar y cuidar la democracia. Para que nunca más se repita.
Fuente → elsaltodiario.com
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