Por una memoria democrática.

 

Desde 1979, fecha de las primeras elecciones al Ayuntamiento de Madrid tras el fin de la dictadura, ningún alcalde, independientemente de su partido político, había hecho del revisionismo y negacionismo de los crímenes franquistas su política pública de memoria hasta que llegó José Luis Martínez Almeida. Nunca ningún alcalde de la ciudad de Madrid, fuera del CDS o del Partido Popular, había llevado a gala institucionalizar una política de venganza contra las víctimas de crímenes de lesa humanidad. Ningún rastro de humanidad ni de decencia política. Odio y desprecio frente al adversario político. Sí, las víctimas del franquismo constituyen para él y su equipo de gobierno su particular enemigo interno.

Madrid, hoy, es la gran excepción de las capitales europeas. Plena anomalía y excepcionalidad democrática. Una forma de violencia política marcada por el sectarismo y una alianza política, ideológica y estratégica con la extrema-derecha capitaneada por VOX con la colaboración de Ciudadanos, dirigida no tanto a ignorar a las víctimas, sino que pretende su revictimización. El odio constituye el anverso de la Justicia.

Por acción y por omisión la memoria democrática, social y antifascista de la ciudad de Madrid ha sido objeto en estos cuatro años de un continuado ataque sin parangón por parte del gobierno municipal de Martínez Almeida. El cierre de la Oficina Municipal de Derechos Humanos y Memoria al día siguiente de tomar posesión; la censura y eliminación de los versos de Miguel Hernández del Memorial de La Almudena arrancando los nombres ya grabados de cerca de 1000 víctimas para después desmontar el mismo; la reposición de calles franquistas como la dedicada al criminal de guerra Millán Astray –a quien tildó como “enviado de Dios como conductor para la liberación y engrandecimiento de España”–; o la dedicada a los Caídos de la División Azul; el cierre y censura del portal web sobre la cárcel de Ventas; la obsesión compulsiva contra el dirigente socialista Francisco Largo Caballero –mazo y cortafrío en mano–; la retirada del presupuesto para el memorial de los presos y las presas de la Cárcel de Carabanchel; el desprecio nauseabundo ante el fallecimiento de Almudena Grandes; sin olvidarnos de la aprobación en el Pleno del Ayuntamiento de la condena del comunismo permitiendo a la extrema derecha reivindicar todas y cada una de las consignas del fascismo patrio. Ejemplos que ofrecen una pequeña muestra para constatar que Almeida ha roto, inclusive, con el consenso constitucional de 1978 fundamentado, precisamente, en la reconciliación. Nunca ningún líder del Partido Popular había cruzado tantas líneas rojas con tal convenimiento y saña.

Si algo molesta, en especial, a Almeida es la memoria conjugada en femenino. Como botón de muestra: la negación del permiso municipal para proceder a la realización del mural de Justa Freire. Le molesta profundamente cualquier expresión cultural y vecinal antifascista manipulando y eliminando cualquier programación institucional en este sentido. Le molesta, no nos engañemos, la libertad de expresión, la libertad de información, la libertad de creación y de cátedra, mientras que no tiene empacho alguno en promocionar actos apologistas de la Guerra Civil y la Dictadura, o mantiene indemnes monumentos como el Arco de la Victoria de Moncloa.

Almeida ha fracturado cualquier posibilidad de diálogo, haciendo gala del nuevo sentido común de la extrema derecha como ha evidenciado la estatua en homenaje a la Legión a menos de 50 metros del Monumento a la Constitución del Pueblo de Madrid inaugurado por el alcalde Tierno Galván. Poco más que ponen a la bayoneta apuntando al símbolo de la Constitución.

En cuatro años de mandato nunca José Luis Martínez Almeida se ha puesto al lado de las víctimas, de la razón democrática. Nunca ha concedido una audiencia a una asociación de memoria democrática o se ha sentado al lado de una víctima, siquiera, a escuchar sus demandas. En ninguna ocasión ha asistido a un homenaje a los madrileños represaliados por el criminal régimen franquista.

Un hito histórico que nunca olvidarán los ciudadanos madrileños por más banderas que se pongan en cada rotonda. Todo lo rancio, reaccionario y casposo de la extrema derecha lo ha querido representar el alcalde. Un alcalde, junto con el grupo municipal de Ciudadanos, que se han negado a mantener las calles dignas de Madrid, que reniegan y avisan de que no cumplirán las normas emanadas de las Cortes como sucede con la Ley de Memoria Democrática, sin olvidarnos del menosprecio a las víctimas madrileñas del nazismo empezando por don Francisco Largo Caballero, al que también niegan la reposición de su placa, pese a que varias sentencias judiciales han declarado nulo el acuerdo del pleno municipal que motivó su retirada.

Estas actitudes no son desde luego exclusivas del alcalde Martínez Almeida, ni tampoco de la extrema derecha encarnada en Vox, son compartidas por su partido, y en primer lugar por la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que ha afirmado que si te acusan de fascista es que estás en el lado correcto de la historia.

Martínez Almeida y la derecha española han hecho de la memoria democrática un campo de lo que llaman batalla cultural política despreciando los derechos inalienables individuales y colectivos de las víctimas a la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de No Repetición.

Un retroceso en términos de calidad democrática y que ha conllevado a la apertura de la implantación de las tesis del revisionismo franquista. Pues como recordó en octubre de 2020 Fabián Salvioli, Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición:

El negacionismo respecto de políticas de exterminio como el Holocausto, los genocidios y otros crímenes contra la humanidad cometidos en la historia, así como la reivindicación o elogio de los regímenes que los llevaron adelante debe repudiarse plenamente y son inaceptables; los gobiernos y otros poderes públicos tienen la obligación de abstenerse de manifestar expresiones en esa dirección, que son contrarias a la ética y a las obligaciones internacionales, revictimizan a las víctimas y ofenden a la comunidad internacional.

Ante todo ello, los colectivos memorialistas y de derechos humanos y el resto de asociaciones sociales y democráticas de Madrid debemos construir un pacto por la Memoria Democrática que establezca una hoja de ruta unitaria en esta materia, y que vaya más allá de las respuestas puntuales a las agresiones municipales y marque los objetivos largamente postergados en nuestra ciudad por los que vamos a luchar para recuperar nuestra dignidad democrática y antifascista.