La ley de memoria democrática sigue siendo insuficiente e infame para las víctimas del franquismo
La ley de memoria democrática sigue siendo insuficiente e infame para las víctimas del franquismo / Pascual

El PSOE (Apuesta Socialista) y UP (Unidas Podemos) han dado vueltas para culminar la labor de memoria que han traducido en una nueva ley, denominada "Memoria Democrática", que, a nuestro juicio, sigue siendo insuficiente para víctimas y familiares del terror franquista.

La CGT ya presentó aportes hace algunos años, cuando trascendió que el autoproclamado gobierno más progresista de la historia de nuestro país pretendía modificar la ley existente al respecto. Algunas de estas peticiones se han tenido en cuenta, como la creación de un banco de ADN para facilitar la localización de los restos de los reprimidos y asesinados, el reconocimiento de "lugares de memoria" o la "declaración de intenciones" de acceso a archivos. que contengan información sobre estos delitos con fines investigativos; archivos y documentos que esperamos no sean calificados de secretos, reservados o cualquier otro subterfugio semántico-jurídico creado con el fin de ocultar la verdad y garantizar la impunidad, y de los que aún no sabemos muy bien en qué medida serán constreñidos por leyes como la Ley de "Secretos Oficiales" de 1968, pendiente de reforma y, increíblemente, en vigor desde la época franquista. Lo poco que sabemos sobre esta reforma es que tiene como objetivo mantener en secreto documentos que han sido considerados secretos del público durante 50 años o más. Por tanto, seguirán siendo considerados secretos oficiales, imposibilitando su estudio y conocimiento, lo que invalidaría los laxos y mal definidos avances de esta ley de memoria democrática en cuanto al conocimiento de la verdad, y los secretos de la dictadura y de la transición seguiría estando "protegida". Esto es inaceptable.

Tanto en la exposición de motivos como en la propia redacción de la ley, a la que ya tenemos acceso para analizarla, el Estado español sigue mostrando cobardía a la hora de abordar los hechos tal y como sucedieron, así como las causas y consecuencias de los mismos. la guerra civil, la dictadura y la transición "modelo" al actual Estado democrático de derecho en el que, teóricamente, vivimos.

La CGT considera que esta “nueva” ley de memoria democrática es insuficiente por las siguientes razones:

Período de referencia

La ley abarca el período que va desde el golpe de estado del 18 de julio de 1936 hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978, y deja fuera gran parte del período de la transición española (1975-1982) durante el cual los delitos y la política policial Se realizaron arreglos contra muchas personas, organizaciones y grupos que continuaron siendo el objetivo de los funcionarios franquistas, ya que permanecieron institucionalizados.

La CGT considera que, desde 1975 hasta la actualidad, la ultraderecha -heredera de los golpistas y sicarios de 1936- sigue fomentando discursos de odio y agresión en base a su ideología, sobre todo porque tiene que ocupar escaños y sentarse en “democráticos” parlamentos y gobiernos, en los que sigue sin condenar el franquismo.

Orígenes de la Guerra Civil 1936-1939

La CGT lamenta que no se reconozca que el levantamiento del ejército y el golpe de Estado que siguió fueron apoyados por cómplices, sin la ayuda y colaboración directa sin la cual no se hubiera producido la victoria de los rebeldes fascistas. La aristocracia, la nobleza, la banca, parte de la burguesía y la Iglesia Católica también son responsables del dolor, el hambre, la muerte, el exilio, la prisión, la purga de su empleo, la enfermedad, la miseria y la humillación sufrida por millones. de españoles durante la guerra y los 40 años de dictadura.

Además, es de justicia reconocer la laxitud del gobierno de la segunda República en los primeros momentos tras el levantamiento fascista. Su negativa a entregar las armas a la clase obrera organizada, y al pueblo en general que se preparaba para lanzar la revolución social, fue decisiva.

En este sentido, consideramos que la exaltación en esta norma de la etapa política e histórica correspondiente a la Segunda República Española (1931-1936) es exagerada si tenemos en cuenta que durante estos años también se ha ejercido el poder para reprimir las demandas de la clase obrera. Las principales víctimas del gobierno republicano fueron precisamente los anarquistas que luego lucharon del lado republicano contra el fascismo y por el triunfo de la revolución social, pero nunca por el ideal encarnado por un estado republicano. De hecho, la Segunda República Española ha sido siempre, desde su proclamación, un estado burgués. No hubo “gobierno rojo” en Madrid y la única respuesta organizada al avance del fascismo provino del movimiento obrero anarquista. La CGT no olvida que la “República” es también la sangre de los trabajadores: Fígols en 1932, Casas Viejas en 1933 o Asturias y Catalunya en 1934.

Ejemplos de luchas

La ley, en la exposición de motivos, hace referencia a las luchas por la libertad de etapas históricas anteriores, poniendo como ejemplo la Constitución liberal de 1812 (Cádiz). La CGT considera que esta constitución burguesa, pensada y realizada por y para la burguesía, para personas de determinada clase social y que ha olvidado a la mayoría social, no puede ser ejemplo ni equipararse a la batalla que libró la clase obrera durante los tres años de lucha después del golpe.

La ley de amnistía “intocable” de 1977

La reforma política de Adolfo Suárez del 17 de octubre de 1977, y de los que se hicieron "demócratas" de la noche a la mañana, fue un pacto de silencio que benefició -y sigue beneficiando- a los cómplices y verdugos de la guerra civil, la dictadura y la transición. Esta ley, cuyas consecuencias continúan hasta hoy con situaciones como las denunciadas por la Coordinación Estatal de Queja Argentina (CEAQUA) en casos como el de Rodolfo Martín Villa y otros delincuentes que, para vergüenza de un país que se define democrático, continúan ayudarse a sí mismos al erario público. Un país que ha protegido a los delincuentes ya las instituciones que los han alentado, permitiendo que muchos de ellos mueran en paz sin tener que responder por sus crímenes.

Esta ley pretendía la “reconciliación social” entre los españoles y pretendía iniciar una transición a un régimen democrático. Mantener esta ley hoy en vigor significa evitar que los crímenes contra la humanidad sean juzgados de acuerdo con los tratados internacionales suscritos por el Estado español en materia de derechos humanos. La CGT recuerda que estos crímenes y abusos los perpetró el campo vencedor contra personas totalmente indefensas y deprimidas emocionalmente, que no podían ni enfrentarlos, ni responder, ni defenderse en igualdad de condiciones.

Es más, aunque se supone que la justicia interprete esta ley sobre la base del derecho internacional, en la práctica no es así, como hemos visto con los ex funcionarios de la monarquía y los torturadores conocidos: Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño , Roberto Conesa, Manuel Gómez Sandoval, Jesús González Reglero, Miguel Ángel Reglero, José Ignacio Giralte González y los funcionarios responsables de la tortura y asesinato del anarquista Agustín Rueda Sierra en la prisión de Carabanchel en 1978. La lista de estos criminales es larga. Muchos de ellos fueron condecorados por el primer gobierno de la monarquía democrática y recibieron condecoraciones y premios del erario público, que se mantienen hasta la actualidad. Las repercusiones de las acciones de estos elementos y sus colaboradores, dirigidas, coordinadas y ejecutadas por órganos estatales y funcionarios de la monarquía, se dirigieron directamente contra personas y organizaciones democráticas legalizadas tras la muerte del dictador, en particular el movimiento libertario español y el movimiento anarco- organización sindicalista CNT. Estas acciones encaminadas a destruir las organizaciones democráticas no han sido reconocidas ni reparadas por ninguno de los gobiernos responsables de la monarquía que se han sucedido desde 1978 hasta la actualidad.

 

Agustín Rueda Sierra


Discurso de reconciliación

La nueva ley de memoria democrática también pretende promover un "discurso común", basado en la defensa de la paz, el pluralismo y la condena de todas las formas de "totalitarismo político". Si hay algo que hemos asumido en nuestra organización es que nunca compartiremos palabra ni espacios con los verdugos y cómplices de la guerra civil, la dictadura franquista, la transición española y la democracia actual.

Entre nuestras reivindicaciones como organización anarcosindicalista, heredera de la CNT de 1910, se encuentra la exigencia de que se busque y se conozca la verdad, que se haga justicia, que se reparen los daños causados ​​a las víctimas y sus familias, y que se establezcan garantías por la no repetición del terror franquista. Ello no es incompatible con que cada persona, en su libertad individual, pueda decidir perdonar o no a quienes, durante más de 40 años, se han dedicado al asesinato, las represalias, las humillaciones y la desaparición de seres humanos. .

La noción de “víctima” no está separada de la de “verdugo”. Algunas víctimas son discriminadas.

En la nueva normativa elaborada por el gobierno del PSOE-UP se recoge el concepto de “víctima” en el artículo 3, incluyendo “todas las víctimas de la guerra”. La CGT considera que todas las personas que perdieron la vida durante la guerra civil no pueden beneficiarse de tal consideración. Los fascistas se levantaron contra un gobierno legítimo e impusieron por la fuerza su ideal de nación, religión, moral, educación, etc.

La CGT afirma que el mantenimiento en el ordenamiento jurídico del artículo 10 de la ley anterior que discriminaba a las víctimas de la represión franquista por el hecho de haber sido ejecutadas antes o después del 1 de enero de 1968 es una "política no infame". y sentido moral. Esta discriminación, además de ser infame por dividir a las víctimas de la represión franquista e indemnizar unas trece veces más que otras en base a una fecha elegida arbitrariamente, es también infame por "justificar" esta infamia en base a "circunstancias excepcionales que contribuyeron a su muerte" y haber muerto "por la defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos".

¿Cómo se puede afirmar que "las circunstancias excepcionales que contribuyeron a su muerte" se aplican sólo a los que fallecieron después del 1 de enero de 1968, y que no todos ellos murieron "en defensa y reivindicación de los derechos y libertades democráticas"? ¿Cómo podemos considerar que el comunista Julián Grimau y los anarquistas Francisco Granado y Joaquín Delgado fueron ejecutados en 1963 y tantos otros activistas políticos y sindicales ejecutados antes del 1 de enero de 1968 (entre ellos el cenetista Joan Peiró, el presidente Companys y el socialista Julián Basteiro) no murió “en defensa de la democracia”?

Francisco Granado et Joaquín Delgado

La CGT se pregunta: ¿Por qué las enmiendas de Unidas Podemos y ERC (Esquerra Republicana Catalana) no se incluyeron en la nueva ley que proponía un artículo con una única reparación para todos los beneficiarios de los fallecidos o desaparecidos a causa de la represión franquista, a manos de funcionarios estatales u organizaciones paramilitares, hasta 1982?

Título Preliminar: Objeto y fin de la ley

La nueva ley pretende adoptar medidas complementarias encaminadas a eliminar los elementos de división entre los ciudadanos y promover los lazos de unión. La CGT se pregunta: ¿qué lazos de unión pueden existir entre los descendientes de estos sicarios golpistas, que ocupan cargos en parlamentos e instituciones “democráticas” (ejército, guardia civil, policía nacional, etc.)? Está claro que estas instituciones públicas continúan realizando y apoyando, en pleno año 2022, actos de homenaje y exaltación del franquismo y sus figuras más representativas. Para la CGT, si estos hechos siguen siendo relevantes es porque no hay una condena total por parte de estas instituciones. Mientras no sea así, no habrá base para un posible diálogo social.

Colaboración entre administraciones públicas

En su artículo 16, la nueva ley recoge la intención de adoptar medidas encaminadas a garantizar el intercambio de información y la actuación conjunta en la gestión de la elaboración y actualización de los mapas de las tumbas y del registro de víctimas. Para la CGT, esto no será fácil, sobre todo cuando el gobierno de una comunidad autónoma está controlado por la extrema derecha, como ya ocurre en determinados territorios del Estado español.

Un derecho a la justicia truncado

No traerá el cambio esperado por las víctimas, familiares y organizaciones de memoria que han estado esperando durante tantos años justicia real, reparación y garantías de no repetición, y que no fueron consultados durante la elaboración de esta reforma.

No se deroga ni total ni parcialmente la ley de amnistía, y no se incluye expresamente la aplicación e imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad anteriores a 2004, cuando se incluyeron en el código penal español.

Existe una clara diferencia de trato con respecto a otros grupos de víctimas de violencia que han sido reconocidas, han obtenido reparación y han tenido pleno acceso a la justicia. Este no será el caso. Además de reconocer la ilegalidad y nulidad de los tribunales golpistas y sus sentencias, la redacción del artículo 5.4 impedirá de facto la reparación real, al no permitir comprometer la responsabilidad financiera del Estado, al vaciar de contenido el propio concepto de justicia, y al promover la destrucción de pruebas de miles de delitos cometidos por el franquismo al impedir la judicialización de los procesos.

Tampoco se garantiza el derecho a la tutela judicial efectiva de las personas que sufrieron graves violaciones de derechos humanos bajo el franquismo, ni la cancelación del despojo económico ni la reparación o indemnización de cualquier daño. Lo único que está garantizado es la impunidad de todos estos crímenes.

La CGT seguirá luchando hasta que todas las víctimas del franquismo obtengan la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, así como el reconocimiento que merecen.


Fuente → memoire-libertaire.org 

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