Lo que se advierte de todo este asunto es que existen jueces en este país que, aún trabajando dentro de los márgenes que impidan cualquier denuncia por prevaricación, no han medido las consecuencias sociales que sus decisiones hayan podido ser tenidas en cuenta
La derecha mediática no para de vociferar allí donde la dejan hablar que es prácticamente en todos los medios: 721 casos de violadores y pederastas que verán reducidas sus penas por obra y gracia de la ley del sólo sí es si y 74 excarcelaciones. Y no paran de repetirlo. Y así van a seguir hasta las elecciones generales.
Lo que no dicen es que muy pocas de esas rebajas son firmes. Los fiscales van a presentar los recursos siguiendo los criterios que ha establecido su jefe, el fiscal general del Estado, Álvaro García. En fuentes judiciales se asegura que la casi totalidad de esas rebajas quedarán en nada ya que los recursos tienen visos de prosperar. Pero para el argumentario ciudadano, lo que ha quedado es la cifra: 700. Y eso va a pasar factura electoral al gobierno progresista y en especial a Podemos. La guerra que los jueces mantienen con la formación ha ganado una nueva batalla.
Está claro que para un importante sector judicial de este país lo fundamental es restar votos, a cualquier precio, a la izquierda progresista. Incluso si hace falta poniendo en la calle a violadores y pederastas. Este sector ha encontrado una verdadera mina en la ley del sólo si es sí. Y de eso se han dado cuenta en Moncloa. Pedro Sánchez no lo puede decir para no generar un conflicto institucional pero la sensación que se percibe en el Gobierno es que cada vez son más las maniobras para lograr neutralizar la renovación del mandato de la izquierda.
La semana pasada, la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial nombrado en la época de Rajoy como presidente del gobierno, decidió mirar para otro lado cuando desde la judicatura se pidió la apertura de una investigación al presidente de la Audiencia Nacional, José Manuel Navarro, por los mensajes de WhatsApp que intercambió con el investigado del caso Kitchen, el ex secretario de estado de Seguridad, Francisco Martínez. Está claro. Mientras permanezca el actual CGPJ el PP podrá hacer y deshacer en materia judicial en este país. De ahí que no interesen renovaciones ni nada que se lo parezca. La estructura judicial le viene bien a la derecha.
En el caso de la ley del sólo si es si, de las famosas 721 sentencias que rebajan penas, sólo 10 son firmes lo que hace pensar que muchas de las restantes 711 pueden acabar por ser anuladas. Pero, como muy bien han destacado algunos comentaristas políticos, lo que va a quedar en el imaginario ciudadano es el número 700. Es más, o menos lo que pasó con la primera la sentencia de la manada donde se calificaban los hechos como abuso sexual y no agresión sexual. Cuando el Tribunal Superior de Justicia de Navarra arregló el desaguisado, la indignación popular había llegado a tal extremo que hubo que cambiar la ley.
Ahora, la situación es semejante. La ley del sólo si es si es rechazada por la ciudadanía porque su consecuencia ha sido la rebaja de penas para 700 violadores y pederastas. Al PSOE le temblaron las piernas y tuvo que proceder a la reforma con el resultado de todos conocidos: la ruptura real de la coalición por mucho que se empeñen en decir que seguirán adelante.
Lo más significativo no es eso. Lo que se advierte de todo este asunto es que existen jueces en este país que, aún trabajando dentro de los márgenes que impidan cualquier denuncia por prevaricación, no han medido las consecuencias sociales que sus decisiones hayan podido ser tenidas en cuenta. Son esos mismos jueces que la han emprendido contra Podemos.
Ahí está el caso del juez 43 de Madrid, Juan José Escalonilla, que, tras recibir informes de la UDEF, la unidad policial que investiga la delincuencia económica y financiera en los cuales se señalan que no advierten irregularidad alguna en los informes que la consultora mexicana encargo al fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, ha designado a un perito “independiente” para que dictamine la legalidad de estos informes y si los mismos se pagaron “a precios de mercado”.
Lo que choca es que el Caso Neurona debería haberse archivado después de conocerse los informes de la policía. Pero no ha sido así. El asunto seguirá coleando en los medios de comunicación de la derecha hasta que se emitan los correspondientes informes periciales. Y luego veremos a ver que pasa con los dictámenes.
Es la estrategia del degaste. Se ha hecho con Irene Montero y la ley del sólo si es si y se sigue efectuando con todas las causas en las que están implicados los dirigentes de Podemos. Y por si cabe alguna duda, ahí está la causa de la que se encarga el juzgado nº 6 de la Audiencia Nacional. A los instructores, uno de ellos García Castellón, sus superiores de la sala de lo penal les piden que entreguen toda la documentación que obra en su poder sobre la imputación a Juan Carlos Monedero. Todavía se está a la espera del cumplimiento de la orden.
El caso es desgastar a la izquierda
Fuente → diario16.com
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