Separación efectiva de Iglesia y Estado, devolución de los bienes públicos hurtados
Los privilegios de la Iglesia están unidos a los del régimen del 78, y
a los de la misma Casa Real, poderes de hecho heredados de la
dictadura. El régimen de Franco estableció un sistema político de
confesionalidad católica, que se pactó con el Vaticano a partir de las
buenas relaciones establecidas entre los generales fascistas en el poder
y la Iglesia, que colaboró de todas las formas posibles con ellos,
encargándose de dar a la guerra civil y a la represión de la dictadura
un matiz religioso conocido con la expresión de la “Cruzada española”.
Cruzada que cristalizó más tarde en diversos acuerdos de la dictadura y
el Vaticano desde el mismo año 1941 acerca de la cuestión religiosa.
De forma que desde 1941 se establecieron las bases de la catolicidad
franquista, comenzando con el Acuerdo por el que recupera el Art.1 del
viejo Concordato de 1851, luego con el art.6 del Fuero de los Españoles
de 1945, y que culminó en 1957 con la Ley de Sucesión en la Jefatura del
Estado y el previo Concordato de 1953.
Acuerdos entre Estados, considerados como tratados internacionales,
que están por encima de la legislación nacional. Años después, en la Ley
Fundamental del Reino de 1958, la dictadura de la religión vaticanista
procede a invadir todos y cada uno de los segmentos de la legislación
española de la época, lo que vino a llamarse “nacionalcatolicismo”,
también conocido por la jerarquía eclesiástica como los “sagrados
derechos de la Iglesia”.
El régimen monárquico español, impuesto por mor del consenso contra
el derecho del pueblo (de los pueblos que componen la nación de
naciones) a decidir sobre la forma de Estado y Gobierno, es un sistema
político construido de arriba abajo (desde el poder y para el poder),
basado parcialmente en la Ley general de la Constitución de 78. Como
sucede con otros asuntos de Estado, los Acuerdos del Estado español y el
Vaticano (“Santa Sede”) están por encima de todo.
Los Acuerdos conocidos como “Concordatos”, establecidos entre la
Iglesia y el Estado español en diferentes momentos históricos, y los
establecidos en el periodo de crisis y descomposición de la dictadura
(de 1976 y 1979) son la clave; de forma que los Concordatos prevalecen
sobre cualquier otra legislación. Todos los privilegios que la Iglesia
recibe lo son por la colaboración que mantuvo con la dictadura, se han
mantenido en el periodo posterior, e incluso se han ampliado con la
monarquía y su Constitución. La Iglesia es dueña de una buena parte de
la educación que se financia con recursos públicos que superan los 5.000
millones de euros. La religión vaticana se prolonga como imposición
contra el derecho al laicismo en la escuela y en la sociedad. El Estado
viene obligado al sostenimiento financiero de la Iglesia, con fondos de
los Presupuestos Generales del Estado y exenciones fiscales, que
superan los 12.000 millones de euros año. También se financia, en
capítulo aparte, el mantenimiento del patrimonio religioso y la llamada
“obra social” de la Iglesia, así como los establecimientos sanitarios
que regenta. Además de esta inmensa financiación pública a actividades
privadas religiosas, que suponen una desviación descarada de bienes
públicos, la Iglesia está también exenta de la mayoría de los impuestos,
y el que paga (como es el caso del IVA) recordemos que fue porque la
Unión Europea estableció la obligatoriedad a la Iglesia de dicho
impuesto (y compensado por Zapatero subiéndole la asignación vía IRPF).
Bajo el régimen de la monarquía, la Iglesia mantiene una amplia trama
de negocios opacos que suponen en su conjunto la existencia de un
verdadero e inmenso paraíso fiscal. Sobre todos estos privilegios, que
fomentan la desigualdad, se une el hecho de que la Iglesia ha conseguido
registrar a su nombre más de cien mil bienes públicos aprovechando el
Art. 206 de la Ley Hipotecaria. Los obispos han podido inmatricular,
además de templos de culto, miles de inmuebles, solares y fincas…, con
su sola certificación, apropiándose de forma ilegítima de buena parte
del legado histórico cultural, y todo ello sin aportar al Registro
título alguno de propiedad. No es menos grave el intento del Estado de
ocultar la responsabilidad de la Iglesia en la guerra y la dictadura con
leyes de Memoria que suponen la más absoluta impunidad. El sistema
político impuesto, y las relaciones entre las instituciones públicas y
entidades privadas se desarrolla de espaldas a la sociedad; un
funcionamiento obscuro que genera privilegios y corrupción con el desvío
de buena parte de los presupuestos en detrimento de servicios públicos
en crisis como la sanidad, la educación…
El Gobierno de coalición, y la mayoría que lo sustenta, tienen la
responsabilidad política de acabar con los privilegios que sigue gozando
la Iglesia (y sus más de 13.000 asociaciones religiosas), gracias a la
colaboración pública/privada, que permite la más amplia privatización y
corrupción. Los privilegios y la corrupción también cruzan los pactos
históricos del trono y el altar heredados de la dictadura franquista. La
unión de la Iglesia y del Estado de los siglos XIX y XX no acabó con la
Constitución del 78, ni con la tímida declaración de ésta proclamando
el “Estado no confesional”. Existe un debilitamiento del dictado
religioso por cierta apostasía social sobre las muchas exigencias
doctrinales de la Iglesia, apostasía social que ahora debe elevarse a
apostasía de Estado, emancipando al Estado y a toda la sociedad de toda
religión impuesta.
Las leyes de Separación Iglesia-Estado se han generalizado
históricamente en toda Europa (en Francia desde 1905), suponiendo la
aconfesionalidad del Estado y la libertad de conciencia y cultos, que
condujeron a la educación laica, a la disolución de las órdenes
monásticas y la expropiación de bienes eclesiásticos.
Acabar con la unidad medieval impuesta de Estado e Iglesia representa
una profunda aspiración democrática de la mayoría de nuestra sociedad,
que sin duda supondría un cambio político fundamental. La mayoría de
representantes en las Cortes Generales se han comprometido
reiteradamente, en sus respectivos programas electorales, con acabar
con el robo masivo practicado por la Iglesia de bienes públicos,
comenzando por dar a conocer de forma oficial la relación completa de
dichos bienes. Compromisos políticos que han sido completamente
incumplidos, como otros muchos en todos los ámbitos. Pero dicha
exigencia sólo se puede inscribir como parte integrante del necesario
programa de cambio político y social. Respondiendo positivamente a la
exigencia democrática de un referéndum que permita al pueblo decidir
sobre los principales asuntos de Estado y gobierno.
La demanda democrática de la efectiva separación de la Iglesia y el
Estado, y el respeto a la libertad de conciencia y de cultos solo se
puede hacer efectiva con la ruptura de las imposiciones de todo tipo que
contienen los Concordatos con el Vaticano, fuente inagotable de
privilegios millonarios para la Iglesia. Y también con la derogación de
toda la legislación española que fomenta la desigualdad y los
privilegios en provecho de grupos de presión y fondos buitre que
amenazan con barrer todas las conquistas sociales. La democracia y el
mantenimiento de las conquistas sociales, como es el caso en nuestros
días de la sanidad pública, exige acabar con todo presupuesto de Estado
para el culto y el clero, emancipando a la escuela y a toda la sociedad
de las imposiciones religiosas. La soberanía de las Cortes Generales, en
representación de la soberanía popular, es decir, la República que
nuestra sociedad demanda, exige su independencia de la Iglesia y de toda
doctrina religiosa.
Fuente → elespacioindependiente.wordpress.com
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