El Tribunal Supremo español ha rechazado el recurso presentado por Iratxe Sorzabal y ha confirmado la pena de 24 años de prisión a la que fue condenada el año pasado. En 2001 fue detenida e incomunicada por la Guardia Civil. Durante cinco días fue brutalmente torturada hasta el punto de que tuvo que ser ingresada para tratar las heridas que le habían provocado, lo que propició que quedara constancia gráfica de las señales que habían dejado los golpes y los electrodos en todo su cuerpo.

A pesar de esas evidencias y de los informes del Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa y de Amnistía Internacional que presentó la defensa, el tribunal se ha limitado a señalar que las torturas no se han probado judicialmente y que eso es lo único que tiene valor. En este caso, como en la inmensa mayoría, no hay sentencia que corrobore el uso de la tortura, pero existen datos suficientes que explican por qué no concurren condenas de ese tipo. Básicamente, porque no se investigaban. Así lo ha confirmado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sus distintas condenas al Reino de España por no investigar las denuncias. Y no eran casos aislados, como se quiere hacer creer. Los informes encargados por instituciones vascas confirman al menos 5.000 casos de personas torturadas, lo que da cuenta del carácter sistemático del uso de la tortura contra la disidencia vasca. Y por si no fuera suficiente, existen también declaraciones públicas de exministros españoles que señalan que se trataba de una práctica habitual en comisarías y cuarteles. Pero la práctica de los malos tratos, además de ser sistemática, sigue impune en el Estado español. Incluso cuando las denuncias llegaban a juicio, los victimarios eran absueltos; y si resultaban condenados, pronto eran indultados y ascendidos.

Las pruebas de la utilización sistemática de la tortura en el Estado español resultan abrumadoras y deberían ser suficientes para que la Administración de Justicia comenzara de oficio la revisión de todas las condenas en las que existiera la mera sospecha de su uso. Sería una gran aportación a la resolución de las consecuencias del conflicto violento.