Como todas las leyes, especialmente las que no son reales decreto-ley, el sendero administrativo es engorroso, con muchos procedimientos y plazos, y facilita las dilaciones antojadizas de las partes, tanto a favor como en contra. No es excepción el asunto de los secretos del Estado.
Para entenderlo hay que hacer un poco de cronología. Como ha recordado esta semana Unidas Podemos en una queja pública hacia el PSOE, la ley de Secretos Oficiales lleva 97 ampliaciones del plazo de enmiendas desde el 17 de septiembre de 2021. Pero aquella, presentada por el PNV, había sido ignorada por Moncloa bajo pretexto que iban a impulsar una propia.
Así fue y en agosto del año pasado, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, anunció públicamente el anteproyecto de la futura ley de Información Clasificada, que venía a sustituir la de Secretos Oficiales. La calificó de “avanzada y garantista” y aseguró que se adaptaba a la Constitución y a los estándares de tratamiento de la información clasificada de los socios de la Unión Europea.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CGTB) y consideró que el anteproyecto que defiende Bolaños “excede, en todo o en parte” los límites de la seguridad y la defensa nacional
Los socios parlamentarios del Gobierno (especialmente PNV, Esquerra Republicana y EH Bildu) criticaron la iniciativa por ser poco ambiciosa y por mantener unos plazos para algunos secretos que podían llegar al medio siglo y con posibilidad de ser prorrogados. Mucho más, pero mucho, que los de otras legislaciones de democracias occidentales (en Estados Unidos el techo máximo es 25 años pero en algunos casos puede ser tan solo 10).
Cabe recordar que para PNV y EH Bildu este asunto es delicado ya que deben rendir cuentas a su electorado soberanista si apoyan un anteproyecto que, de primeras, dejaría sin aclarar vulneración de derechos en “casos flagrantes”, según los han llamado, como la guerra sucia contra la banda ETA perpetrada por los GAL bajo el gobierno de Felipe González.Fuentes del Ministerio de la Presidencia preguntadas por El Salto han rechazado ratificar esas filtraciones y aseguran que “todas las leyes se trabajan si se llevan al Parlamento”
El asunto ha vuelto a estar sobre la mesa debido a que tanto Podemos como el PNV, por caminos separados, han vuelto a recordar esta deuda pendiente tras algunas informaciones periodísticas, especialmente a través del periódico El País, con indudable acceso frecuente a altas fuentes del Gobierno, que daban casi por muerta la posibilidad que la reforma sea aprobada antes del fin de la legislatura y daban a entender que la prioridad del motor político estaba puesto en la agenda social y económica.
Fuentes del Ministerio de la Presidencia preguntadas por El Salto han rechazado ratificar esas filtraciones y aseguran que “todas las leyes se trabajan si se llevan al Parlamento” y que “no se descarta nada”, en cuanto a la posibilidad de una aprobación.
Lo cierto es que hay un nítido signo de ralentización, sino desinterés, en impulsar su aprobación: fuentes del grupo parlamentario socialista afirmaron a El Salto que este tema “lo maneja Gobierno” y que ellos no están al tanto del proceso. Otro grupo parlamentario aliado también dijo: “Eso por aquí no pasa, lo está manejando Bolaños”. Es decir, la interlocución todavía no llegó a Patxi López ni a los pasillos del Congreso, símbolo de que todo está muy verde.
También se puede observar que tampoco es de las iniciativas que le quiten el sueño a la vicepresidenta Yolanda Díaz, quien dosifica sus esfuerzos de destrabar asuntos con Pedro Sánchez para los asuntos que otorga prioridad. Un ejemplo es la Ley de Vivienda, incluso ha mencionado a veces su defensa de la Ley Trans (al fin aprobada) o la ley Mordaza. En sus declaraciones públicas brilla por su ausencia la de Secretos Oficiales.Días pasados, el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, dijo en una entrevista a la TV pública vasca: “El PSOE no se atreve con los grandes cambios estructurales. Sánchez se comprometió a reformar la regulación del CNI y resulta que no está en el calendario legislativo. No hay ningún ánimo del PSOE tampoco para reformar la ley de Secretos Oficiales”. Y esto viniendo del aliado más estable.
El asturiano Pablo Alcántara Pérez dedicó los años de su tesis doctoral a zambullirse en archivos y documentos sobre la Brigada Político Social que existió durante la dictadura, lo que derivó en la publicación su segundo libro, La secreta de Franco (Ed. Espasa, 2022). Con 30 años y Doctor en Historia por la UAM, es uno de los investigadores que chocan contra el atraso legal español en lo que hace al archivo histórico.
Sobre el anteproyecto, preguntado por El Salto, ha respondido: “Me parece totalmente insuficiente porque casi deja tal y como están la mayoría de los secretos. El límite temporal es tan exagerado que no dejará verlos, porque son 50 años más la prórroga posible y permite la reclasificación. Otro de los problemas es que no hay un registro público de la documentación secreta que hay en el Estado. Por intuición se cree que hay información sobre el 23F y los GAL, por ejemplo, pero no hay registro”.
Alcántara comenta los obstáculos con los que se enfrenta a la hora de investigar y señala que “muchos de los boletines policiales de los años 70 y de la Transición no se pueden consultar”
“Lo que debería hacer el PSOE es poner un límite máximo de entre 15 y 25 años y que se digitalice toda la información secreta, como pasa en Estados Unidos. De hecho, yo he podido consultar por internet desde mi casa información de la CIA, que ha cometido crímenes por todo el mundo. Es increíble. Aquí parece que quieren esperar a que mueran las víctimas y sus verdugos”, afirma. Además recuerda del peligro que hay en el hecho que no haya registro de las existencias porque puede haber quema de archivos, “como ya se demostró que hizo Martín Villa cuando era ministro”.
Alcántara comenta los obstáculos con los que se enfrenta a la hora de investigar y señala que “muchos de los boletines policiales de los años 70 y de la Transición no se pueden consultar” y además añade otro problema: la ley de Patrimonio Histórico, aprobada por el PSOE en 1986, que dice que los documentos policiales o la afiliación política no pueden consultarse salvo que la persona haya muerto hace más de un cuarto de siglo. “Yo, para mi libro, tuve que demostrar con esquelas que la persona había muerto para poder ver el boletín”, explica.
“Me siento completamente defraudado. Muchos jóvenes historiadores como yo hemos votado a los partidos que están en el Gobierno y que prometían esta reforma y al final han sido cantos de sirena. Intento ser positivo igualmente y creo que por suerte hay muchos jóvenes impulsado investigar estos temas y creo que por suerte el movimiento memorialista es crítico y dará el impulso desde la calle. No hay que desfallecer”, concluye. Quedan pocas semanas para que Sánchez demuestre que esa decepción fue apresurada.
Fuente → elsaltodiario.com
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