Desvelar el consenso que oculta los crímenes de Estado

Un largo periodo histórico de represión del Estado va desde el alzamiento fascista de 1936 hasta nuestros días. Se sabe cuándo comenzó pero nunca se ha establecido su final, entendiendo por tal que por fin se ha cerrado el capítulo de la violencia desde los poderes de hecho, más o menos intensa, contra los derechos y libertades democráticas, impidiendo todo vestigio laico y republicano. La guerra, la posguerra, la transición de la llamada democracia tienen entre sí elementos comunes: un largo un hilo continuista que viene impidiendo el cumplimiento del derecho internacional y humanitario, resumido en la demanda de verdad, justicia, reparación y no repetición, para las víctimas.

Mientras no se haga justicia, la impunidad será el aspecto dominante que recorre y condiciona todos los demás acontecimientos políticos e institucionales.

Hemos sufrido una masiva represión política e institucional, que a lo largo del tiempo ha tomado formas diversas, pero siempre ha tenido como pretensión tratar de impedir, en última instancia, el derecho a decidir de los trabajadores y pueblos. Represión que no solo se ejecutó contra las víctimas, sus familiares y allegados; además tuvo como onda de largo alcance el objetivo permanente de aterrorizar a la mayoría de la población para que huya cuanto pueda de todo compromiso político o social. El mismo dictador Franco amenazaba a sus ministros para que hicieran como él: “que no se metieran en política” …

La persecución policial del ejercicio de todo derecho social y democrático ha tenido como consecuencia la cadena represiva de la detención, la tortura, el procesamiento y, en el peor de los casos, la consiguiente condena penitenciaria. El encarcelamiento de los activistas sociales, no es sino una política continuista que persigue descabezar toda movilización sindical o política de alguna importancia. De manera que aún en nuestros días, cuando las autoridades alardean de la “democracia plena”, mantienen leyes de excepción como la Ley de Amnistía y la Ley “mordaza”, la Ley de secretos oficiales …, y las mismas leyes llamadas de Memoria, que no son sino palabras vacías y refritos de leyes de impunidad.

Los jefes militares del alzamiento nacional de julio de 1936 marcaron la pauta de muchas décadas de violencia de Estado. El general Mola, entre otros, lo dejó escrito en las “Instrucciones reservadas”: “Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al Movimiento, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas”.

El Ejército remodelado por la influencia de Hitler y Mussolini, y la policía política creada a imagen y semejanza de la Gestapo (“la Gestapillo”), se emplearon a fondo para tratar de destruir toda actividad política o sindical independiente del aparato de Estado. El monopolio del Movimiento Nacional y los Sindicatos Verticales fueron la expresión inicial del control sobre los asuntos de todos. Luego, fueron tomando formas diversas de integración al Estado, vía subvenciones y privilegios políticos y sindicales; generando una casta antisocial, de comportamiento colaboracionista, totalmente pegada a los intereses del Estado y alejada de los derechos de las víctimas, de los explotados y oprimidos.

La represión del Estado siempre ha buscado la derrota física y moral de quienes reclaman pan y libertad. Aún se guarda memoria indeleble de las víctimas de la violencia sistemática practicada en las comisarías y cuarteles, en las cárceles y campos de concentración; en las fosas comunes y cunetas de toda la geografía española. La Memoria de la que tanto se habla y legisla, una y otra vez, para mantener la impunidad, sigue aún en las cunetas, en las cárceles y centros de detención y tortura. Quienes colaboraron con la represión colaboran también con las políticas de total impunidad, negando el derecho más elemental de defensa judicial para millones de víctimas.

La mayoría de la población vivió la violencia fascista tanto en sus casas y en las calles, como en las cárceles y campos de concentración, afectados por el hambre y la miseria más extrema, como una especie de gran exilio interior obligatorio.

Las cifras de la larga represión del Estado no pueden sino tener un amplio margen de error, mientras sigan sin abrirse los archivos correspondientes. El total de detenidos procesados por los diferentes tribunales fueron muchos cientos de miles. Solo los procesos incoados por el Tribunal de Orden Público, en la última etapa de la dictadura, afectaron a más de 50.000 personas.

Los tribunales especiales y la jurisdicción militar de los consejos de guerra sumarísimos se convirtieron en martillo de todo tipo de supuestos herejes políticos, de todos aquellos que no sufrieron la aplicación de la “ley de fugas”. El franquismo de las togas no es sólo un asunto de nuestros días, donde los altos tribunales levitan sobre la sociedad y se otorgan a sí mismos el poder supremo, como agentes políticos que no son elegidos de forma democrática, y por el que dictan a la sociedad sus resoluciones judiciales por encima de las resoluciones y leyes de las Cortes y los Parlamentos.

El franquismo de los altos tribunales y magistraturas, como sucede con la jefatura del Estado, es una herencia directa de la dictadura admitida por los consensos que configuran la Constitución del 78, y su sistema político e institucional. “El imperio de la ley” es un término muy usado y manoseado por los discursos franquistas de la peor especie. En 1940 el Fiscal del Tribunal Supremo inició una “Causa General de la Revolución Marxista”, que pretendía legitimar el terror franquista criminalizando toda expresión de disidencia y libertad. La Causa General se convirtió en un sistema de denuncia legal, de condena automática y castigo, al mismo tiempo que vino a reparar a las “víctimas” partidarias de la sublevación militar y la guerra.

Por todo ello, seguimos reclamando el derecho de las víctimas del franquismo a acudir a los tribunales para denunciar a los torturadores y demandar verdad y reparación, derecho democrático (“de primero de democracia”) que han prohibido de raíz todos los gobiernos de la dictadura y de la monarquía, incluido el actual gobierno de coalición con sus leyes.

La Brigada Político Social fue la unidad policial encargada de perseguir, torturar y poner ante los jueces franquistas a las víctimas para que fueran condenadas. Los centros de detención y tortura más importantes, en los que la Brigada Política y Social reinaba, se extendieron a todos los territorios, siendo entre los más conocidos la Jefatura Superior de Policía en la Vía Layetana de Barcelona, la de las calles Samaniego y Gran Vía en Valencia… El centro operativo de la represión estatal fue la sede central de la Dirección General de Seguridad (antigua Casa de Correos) de la Puerta del Sol de Madrid.

La represión policial también fue encargada de imponer la Transición de la dictadura al régimen de la Monarquía para imponer el consenso. Con Arias Navarro como presidente del Gobierno se aprobó un nuevo decreto-ley antiterrorista, que devolvió a la jurisdicción militar la primacía sobre la civil. Mención especial cabe realizar de la colaboración de la Iglesia a la impunidad y su papel en el robo de niños.

En consideración de todo lo anterior, demandamos al Gobierno y a las Cortes Generales, con mayoría política para decidirlo, que la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol de Madrid, y otros centros de detención masiva, de tortura y asesinato, se conviertan en sede de la Memoria Democrática y Social, Laica y Republicana.

Con ello, no estamos sino abriendo el melón de la Memoria Histórica secuestrada, reclamando todos los derechos para las víctimas de la guerra, de la dictadura y del régimen de la Monarquía. Y, todo ello en aplicación directa e inmediata del derecho internacional y humanitario vigente.

¡Memoria es República laica!

El Primer DNI Republicano