Javier Fernández Quesada: crimen de Estado sin resolver

Según el libro la Transición Sangrienta, del investigador Mariano Sánchez Soler, casi 600 personas murieron entre 1976 y 1983 por la violencia política en el Estado español. Ya fuera por atentados terroristas de extrema derecha, como por la represión policial u otros crímenes de origen institucional, el camino a la democracia en nuestro país fue mucho más encarnizado de lo que se suele recordar.

“Los asesinatos se disparan tras la muerte de Franco, se incrementan antes de la toma de decisiones políticas decisivas y descienden bruscamente cuando se da por zanjado el proceso democrático”, explica el autor en una entrevista para Público. A Javier Fernández Quesada lo mataron en 1977, pero sólo ese año hubo muchas otras víctimas mortales. Aquí van, en orden cronológico, unos pocos ejemplos:

Arturo Ruiz. Madrid, 23 de enero.
Disparado en una manifestación a favor de la amnistía de los presos políticos.

Pancho Egea. Cartagena, 24 de febrero.
Disparado por una bala de goma de la policía en una manifestación obrera.

José Luis Aristizabal Lasa. Donosti, 13 de marzo.
Disparado por una bala de goma de la policía en una manifestación proamnistía.

José Luis Cano Pérez. Pamplona, 14 de mayo.
Molido a golpes, primero, y luego rematado de un tiro en la nuca por un cabo de la policía.

Carlos Gustavo Frecher Solana. Cataluña, 11 de septiembre.
Disparado en la cabeza por una bala de goma durante la Diada.

Miquel Grau. Alicante, 6 de octubre.
Golpeado con un ladrillo en la cabeza por un conocido fascista mientras pegaba carteles por la Diada del País Valenciá.

Manuel José García Caparrós. Málaga, 4 de diciembre.
Disparado por la policía en una manifestación por la autonomía de Andalucía.

Javier Fernández Quesada. Tenerife, 12 de diciembre.
Disparado por la Guardia Civil en una huelga general.

Javier tenía 23 años. Estudiaba Biología en la Universidad de La Laguna (ULL) y compartía piso con su hermano menor Carlos en la calle Viana, en el casco histórico. Ambos venían de una familia numerosa de Las Palmas. Javier no era un líder político, no militaba en partidos o movimientos estudiantiles, pero sí que solía formar parte de las reivindicaciones de la época. Le gustaba escribir y era un amante de la naturaleza (de las flores sobre todo).

Aquel 12 de diciembre de 1977 era lunes. Según el Diario de Avisos, La Laguna era un “caos”. Varios piquetes iban cerrando los comercios a su paso, y habían hecho barricadas en la autopista y la carretera general. Se cumplían dos meses de huelga de los trabajadores del transporte público interurbano, en protesta por el deterioro de sus condiciones laborales. Tenían el apoyo del sector del tabaco, el frío industrial, la Refinería y distintas organizaciones políticas, sindicales y universitarias.

Carlos le dejó a su hermano una nota en la puerta de su piso: «Javier, estamos en Barrio Nuevo. Vete». En aquel momento, Javier estaba en el campus universitario. Nunca llegó a ver la nota que, hoy en día, su familia aún conserva.

Durante la mañana y el mediodía se había producido, cerca de la facultad, el habitual intercambio de piedras y pelotas de gomas entre la Policía y los estudiantes, sin lesiones de mayor trascendencia. Eran las 14:45 cuando Luis Mardones, el Gobernador Civil, ordenó a los cuerpos de seguridad que se retiraran. Los universitarios y la tensión de los enfrentamientos se dispersaron. Apenas había unas cien personas en el campus.

Lo que pasó a continuación sería descrito, más adelante, por el poeta Agustín Millares Sall de la siguiente forma: “De pronto un silbo de balas acribillando todo. Tiros al aire que matan”. Seis (quizás siete) guardias civiles entraron por un acceso lateral del campus y empezaron a disparar con pistolas y metralletas contra la fachada del edificio central de la ULL. Era una escena tan increíble que los estudiantes, al principio, pensaron que eran balas de fogueo. Un grupo de unos quince estaba justo en el blanco de tiro. Subieron corriendo las escalinatas del edificio. Entonces, Javier se desplomó. Una bala le había atravesado el esternón. Algunos compañeros lo cargaron hasta el interior del vestíbulo.

La lluvia de balas seguía cayendo. Un profesor y varios alumnos asomaban pañuelos blancos y pedían auxilio para el herido. Al fin, uno de los estudiantes descendió las escalera con los brazos en altos y consiguió detener la balacera, no sin antes recibir un cóctel de patadas y culatazos por parte de la Benemérita. Javier fue trasladado después al Hospital en un jeep de la Guardia Civil, pero allí lo único que pudieron hacer fue certificar que estaba muerto. Eran las tres y media de la tarde. 

Toque de queda en La Laguna

En las primeras horas tras el crimen, los rumores volaban de isla en isla, pero pocos sabían quién había muerto realmente. Cuando Carlos regresó a su piso de la calle Viana, su hermano no estaba. Estuvo esperando alrededor de una hora y luego decidió ir al campus. Allí, entre la multitud conmocionada, se enteró de lo que había pasado. Mientras, los padres seguían por televisión los sucesos desde Gran Canaria, y al principio pensaron que se trataba de otro muchacho. Durante una entrevista en la Revista Canarii, la madre recordaba los instantes en que supo la verdad:

La noticia del asesinato de Javier generó indignación en todos los sectores de la sociedad, incluso en los que no secundaban la huelga. Al día siguiente, 13 de diciembre, La Laguna amaneció gris plomiza. Los cascotes y marcas de las balas por la facultad eran la prueba de que le había tocado a Javier como a cualquier otro. O de que pudieron ser muchos más.

La Universidad había sido cerrada, pero los estudiantes y trabajadores forzaron la puerta, entraron y celebraron Asambleas. Se enteraron de que la Universidad Complutense de Madrid, la de Barcelona y la Autónoma de Bilbao habían suspendido sus clases en señal de luto. Convocaron una Huelga General y, de nuevo, las calles fueron tomadas por piquetes. Pero la respuesta policial fue rápida y contundente. A media mañana, llegaron aviones de la península con refuerzos armados y La Laguna pasó a ser una “ciudad sitiada”, según el periódico El Día. Se implantó un toque de queda y, si por las calles se veía a cualquier grupo de tres o cuatro personas, se les golpeaba y se les gritaba “¡Disuélvanse, moros cabrones!”. Durante un tiempo, la represión franquista volvió de entre los muertos a la ciudad universitaria, y el movimiento estudiantil quedó prácticamente anulado. 

La impunidad del asesino

La muerte de Javier fue presenciada por más de treinta pares de ojos. Pese a ello, el asesino nunca fue juzgado. La versión oficial de la administración fue que los guardias, ante el hostigamiento de más de quinientos manifestantes, amenazaron con disparar al aire. Que, al ser atacados, cumplieron con su advertencia. Y que la bala que mató a Javier tuvo que venir de otra parte, del interior de la facultad, o de los tejados, porque la Guardia Civil sólo disparó al aire.

Rosa Burgos, investigadora granadina, ha publicado varios libros sobre el caso de Quesada. Recientemente, analizó toda la documentación existente (más de 600 folios) y concluyó que “se ve con claridad que no se quiso investigar lo ocurrido y que nadie estuvo a la altura”. Según Burgos, todas las autoridades “intentaron tapar y entorpecer” la búsqueda de responsabilidades: desde el coronel de la Guardia Civil, al juez instructor militar, pasando por el Gobernador Civil y el ministro del Interior del momento, Rodolfo Martín Villa.

Pero eso no es todo. La propia madre de Javier, en la entrevista antes mencionada, explicaba las presiones sufridas tras perder a su hijo para que no intentara aclarar las circunstancias de su muerte:

En cuanto al máximo responsable político del momento, ése era el Gobernador Civil Luis Mardones. Su carrera política había dado comienzo en las instituciones del franquismo, luego derivó a las filas de la UCD y, finalmente, a las de Coalición Canaria. Falleció en 2018, apenas cuatro días después del aniversario del asesinato de Quesada. Siempre negó los hechos.

Antes, en 2008, el abogado de la familia Fernández Quesada, Miguel Ángel Díaz Palarea, llegó a conseguir sentarlo ante la Justicia, aunque sin éxito. El motivo: que pidiera perdón por declarar que no estaba demostrado que un guardia civil lo hubiese matado y que hiciera pública la identidad del autor del crimen. Palarea señalaba que sus requerimientos eran una “necesidad histórica” que debía llevarse a cabo “por salud democrática”. Frente a la opinión de Mardones de que el asesinato ya había prescrito, el abogado defendía que no existe prescripción alguna cuando se trata de delitos de Estado.

Ahora estamos en 2023: han pasado 46 años. Tres placas recuerdan el crimen en el vestíbulo del Edificio Central de la Universidad de La Laguna. La Ley de Memoria Histórica lo reconoce como una víctima del franquismo, pese a que en un principio no le correspondía ese título por estar “fuera de plazo”. Y sin embargo, a día de hoy, sigue sin haber responsables oficiales de la muerte de Javier Fernández Quesada.