Ante el anuncio de la construcción del ‘Museo de la Guerra Civil – Batalla de Teruel’

Los medios de comunicación han difundido en estos días un comunicado del Gobierno de Aragón (Diputación General de Aragón, DGA) sobre el inicio de la construcción de un ‘MUSEO DE LA GUERRA CIVIL’ centrado en particular en la ‘Batalla de Teruel’ (de diciembre 1937 a febrero 1938), proyecto aprobado por dicho gobierno en 2018.

Al parecer, tanto el proyecto constructivo como el proyecto historiográfico han sido encomendados a la empresa pública instrumental TRAGSA, dedicada a la realización de obra pública en múltiples áreas (medioambiente, infraestructuras, agua, agricultura, etc.)

En las informaciones publicadas se incluye el relato que, según la memoria del proyecto presentado y que parece ser se remonta a 2008, ha de transmitir el memorial de las víctimas a erigir en los jardines del futuro museo, ‘sin distinción alguna entre los componentes de ambos frentes’, cuyo fin sería ‘no ahondar en las diferencias entre los bandos, sino en mezclar los nombres de los muertos de una forma en que nunca hubiera sido posible en vida’.

Si bien la información difundida es muy fragmentaria e insuficiente, y no habiendo tenido acceso a la memoria del proyecto museográfico, las asociaciones y colectivos firmantes queremos manifestar ante la opinión pública:

La creación de centros museísticos y de interpretación sobre nuestro pasado y en particular la guerra del 36 y sus secuelas, es un imperativo democrático y de respeto a la memoria colectiva, por lo que la iniciativa del gobierno de Aragón no puede sino celebrarse, en la perspectiva de que sea continuada y completada con centros similares en los lugares en que la guerra y la posguerra fueron especialmente cruentos, como en las batallas de Madrid, Ebro, Barcelona, etc.

Cualquier relato historiográfico debe ser, por una parte, obviamente, fiel a los hechos, y por otro, consecuente con los principios democráticos y de promoción de los derechos humanos que son también un imperativo de las sociedades civilizadas que, en esta materia, tal como nos señalan los organismos y convenios internacionales, se asientan en el deber de la memoria antifascista. A ese respecto, baste con citar, por ejemplo, el principio ‘DEBER DE RECORDAR’ del documento ‘Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad’, de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 2005, encaminado ‘a preservar del olvido la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas’; o bien, la Resolución del Parlamento Europeo ‘sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro de Europa’ (aprobada el 19 de septiembre de 2019), donde se reclama ‘una cultura común de memoria histórica que rechace los crímenes de los regímenes fascistas y estalinistas, y de otros regímenes totalitarios y autoritarios del pasado, como medio para fomentar, en particular entre las generaciones más jóvenes, la resiliencia ante las amenazas modernas que se ciernen sobre la democracia’. Y, por supuesto, lo que se define en el artículo 49 de la Ley 20/22 de Memoria Democrática sobre lugares de memoria democrática: ‘aquel espacio, inmueble, paraje o patrimonio cultural inmaterial o intangible en el que se han desarrollado hechos de singular relevancia por su significación histórica, simbólica o por su repercusión en la memoria colectiva, vinculados a la memoria democrática, la lucha de la ciudadanía española por sus derechos y libertades, la memoria de las mujeres, así como con la represión y violencia sobre la población como consecuencia de la resistencia al golpe de Estado de julio de 1936, la Guerra, la Dictadura, el exilio y la lucha por la recuperación y profundización de los valores democráticos’. Evidentemente, lo que propone el Gobierno de Aragón, contraviene claramente lo establecido en esta Ley, puesto que no se puede poner al mismo nivel a víctimas y verdugos.

De nada valdría, en términos de cultura democrática, la creación de museos o centros de la memoria de los hechos traumáticos del pasado si el relato o mensaje que desde estos se irradia es un mensaje equidistante, blanqueador del fascismo o simplemente ambiguo.

Para cumplir cabalmente con esos fines, cualquier proyecto de este tipo debe estar asentado en un modelo de concepción y gestión pilotado por voces expertas (historiadores/as e investigadores/as), junto con los colectivos memorialistas, en este caso sobre todo las de las víctimas de la guerra y posguerra, y las entidades de defensa de los derechos humanos. No tiene sentido ni es de recibo que se encomiende a una empresa constructora la realización de un proyecto museográfico sobre hechos de esta naturaleza, con tal carga de emotividad y dolor.

Hay que recordar que en este país arrastramos una ingente deuda en materia de verdad, justicia y reparación, al punto de constituir una anomalía anti civilizatoria en el contexto mundial, un país que, tras una transición de olvido e impunidad, ha vivido más de ochenta años de silencio o negación.

Ni las víctimas ni las nuevas generaciones de este país deben ser sometidas a una nueva reinvención de una memoria blanqueadora que normalice el golpismo y la dictadura fascista, y que nos recuerda demasiado a los ’25 años de paz’ y a la reconciliación nacional del tardofranquismo.

La democracia es antifascista o no es.

A este respecto, y como bien han señalado algunas personas y colectivos a la luz de la información difundida sobre este futuro museo en Aragón, las víctimas de cada uno de los llamados bandos de la guerra del 36 no son equiparables ni intercambiables, de la misma manera que en nuestra vecina Francia no se rinde homenaje simétrico ni paralelo a las personas que lucharon en la resistencia contra el nazismo y a las que colaboraron con este.

Confiamos en que las convicciones democráticas del gobierno de Aragón estén a la altura del importante proyecto memorialista que ha emprendido.