Amnistía denuncia la complicidad de Iglesia y Estado en el secuestro infantil en España

Amnistía denuncia la complicidad de Iglesia y Estado en el secuestro infantil en España

Amnistía Internacional publicaba hace un par de años un exhaustivo informe en el que denunciaba la desaparición de miles de niñas y niños en España durante las últimas décadas.

Invisibles

Se trataría de una práctica que, según el colaborador de AI, Manu Mediavilla, se habría iniciado en plena guerra civil. En el informe se recoge que la Audiencia Nacional ha constatado que en España se propició entre 1937 y 1950 una desaparición «legalizada» de menores de edad con pérdida de su identidad.

No hay datos oficiales, sólo estimaciones, pero se barajan algunas basadas en las hijas e hijos de presas tutelados por el Estado (30.960 entre 1944-1954) o como los menores repatriados tras la guerra civil (20.266 en 1949, según el Servicio Exterior de la Falange).

Amnistía Internacional España subraya que se ha vulnerado el derecho a la protección de la vida familiar, que incluye el derecho a la identidad, nacionalidad, nombre y relaciones familiares sin injerencias ilícitas. Y esa violación de derechos humanos, con independencia de si hubo o no desaparición forzada, se ha prolongado en el tiempo por la incertidumbre y el dolor asociados a los procesos de búsqueda. Un sufrimiento emocional y psicológico que puede alcanzar el umbral de la tortura y otros malos tratos (así lo han reconocido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias de la ONU) y que solo podrá aliviarse con respuestas concretas sobre lo sucedido y con su reparación.

De ahí la insistencia de Amnistía en la necesidad de investigar y esclarecer los hechos para conocer la verdad, y en su demanda de reforma del Código Penal para que incluya la imprescriptibilidad del delito de desaparición forzada mientras las personas que buscan a sus hijas e hijos no reciban información clara sobre su suerte y paradero y hasta que se garantice a quienes buscan a sus padres biológicos la posibilidad real y legal de restablecer su identidad y lazos familiares.

El archivo de causas por prescripción del delito y las escasas investigaciones abiertas han contribuido a que la mayoría de casos permanezcan sin esclarecer y continúen impunes. La respuesta del Estado, que en los primeros años tuvo incluso un papel de autoría o complicidad, ha sido inadecuada e insuficiente, cuando no marcada por el desinterés. Amnistía Internacional considera que España ha incumplido sus obligaciones internacionales.

El poder judicial se ha apoyado precisamente en la prescripción de los hechos para archivar la mayoría de las denuncias sin apenas investigación, lo que contraviene los estándares internacionales sobre investigación de posibles desapariciones forzadas. La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió 2.138 diligencias entre 2011 y marzo de 2021, pero solo 526 llegaron a ser judicializadas y apenas cinco seguían tramitándose en 2019, sólo una en el año 2020.

La denuncia colectiva presentada el 19 de diciembre de 2020 sobre 56 casos ocurridos entre 1952 y 1987 en Andalucía, País Vasco, Cataluña, La Rioja, Madrid y Galicia, es una muy buena noticia para las víctimas. La FGE tiene la oportunidad de mantener el criterio de descartar posibles conexiones entre múltiples casos por tratarse de hechos que supuestamente tuvieron lugar en poblaciones distintas, con procedencias diversas de los menores, diferentes equipos médicos y perfiles de personas denunciantes muy variados.

La Fiscalía del Estado ya lo descartó en 2014, cuando un Grupo de Trabajo de Naciones Unidas se hizo eco de miles de denuncias sobre sustracciones ilegales de menores y sugirió contemplar esas posibles conexiones en las investigaciones judiciales.

Aunque no se puede afirmar que existiera una trama organizada, Amnistía Internacional España ha constatado elementos comunes en las denuncias documentadas en su investigación, que ha cubierto todo el país pero ha centrado el foco en las cinco comunidades autónomas (Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y País Vasco) que concentran más del 80% de las diligencias de la FGE. Las familias afectadas solían ser de origen humilde, madres jóvenes, e incluso madres solteras. Las supuestas sustracciones se producían en hospitales donde intervenía personal sanitario y religioso con procedimientos similares: se informaba de la muerte del bebé, pero casi nunca se le podía ver y el hospital se encargaba del entierro.


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