Alarmas de ultraderecha y violencia rentable

España (47,4 millones de habitantes) ya es el cuarto país con más alarmas de seguridad instaladas del mundo, según fuentes del sector, solo superado por Estados Unidos (331,9 millones), Japón (125,7) y China (1.412). Tras tres años de crecimiento a un ritmo superior al 10%, hasta alcanzar unas dimensiones que prácticamente se han duplicado en apenas siete años, el número de contratos de gestión de alarmas llegó a los 2,86 millones en 2021. Además de la desproporcionalidad a nivel cuantitativo, llama la atención la distribución de esas alarmas: el 60% van destinadas al uso residencial.

En el artículo que precede –y complementa– a este hablamos del interés del oligopolio mediático, los lobbies de vivienda y partidos como PP, Ciudadanos y Vox por impregnar el debate público de pánico hacia una okupación desfigurada, criminalizada y sobredimensionada; pero dejamos fuera de la ecuación un elemento de gran importancia: las empresas del sector de la seguridad del hogar.

La gran protagonista en este asunto es Securitas Direct, cuya inversión publicitaria en España en el año 2022 ascendió hasta los 34,9 millones de euros. Para poner en contexto el dato, un gigante como Amazon gastó prácticamente lo mismo (35 millones); además, en febrero de ese año, Securitas Direct fue la segunda empresa con mayor inversión en publicidad digital en España, solo por detrás de Renfe.

Con respecto a la efectividad de sus campañas –medida en GRP, una herramienta que computa la cantidad de personas que ven un anuncio y el número de veces que este se reproduce–, las cifras son todavía más impresionantes. Algunos ejemplos: en junio y octubre de 2021, Securitas Direct fue la empresa con mayor alcance publicitario en televisión; y no se quedan atrás los números de febrero y abril, en los que la compañía sueca se situó como segunda. En definitiva, a pesar de que en 2021 los tres anunciantes con mayor GRP en televisión disminuyeron sus resultados, los de Securitas Direct crecieron en un 36%.

Aún más completo es el estudio que realiza la empresa de medición de audiencias Fluzo, que unifica el público de televisión convencional con las plataformas digitales de vídeo. Según ese análisis, Securitas Direct fue el segundo anunciante más exitoso en enero de 2022, y en octubre de ese mismo año logró un 100% de cobertura con la campaña “ZeroVision: el sistema de expulsión de intrusos”.

El aparente monopolio de la compañía terminó en noviembre de 2021, cuando Movistar Prosegur Alarmas irrumpió como tercera campaña con mayor alcance en un ranking dominado, cómo no, por la propia Securitas Direct.

Sin embargo, la realidad es que no tiene demasiada importancia la preponderancia de una u otra empresa, puesto que lo relevante es analizar el negocio del miedo como un todo.

A él contribuyen algunos medios de comunicación, que prestan sus páginas y su supuesta credibilidad a incrementar la falsa sensación de inseguridad que empuja a contratar un servicio de alarma. Se pueden encontrar ejemplos sin buscar demasiado en medios escritos como El Español, El Confidencial o Expansión.

Rubén Sánchez, secretario general de FACUA, señala a CTXT la contribución de estas campañas publicitarias en la creación de “una psicosis colectiva con las okupaciones que es absolutamente irreal”. Si bien reconoce la dificultad de averiguar en qué casos hay publicidad encubierta pagada, sí destaca la posibilidad de que existan medios “con una gran inversión publicitaria de estas empresas” que “puedan estar dando informaciones favorables a los intereses” del negocio.

Es notoria la tendencia ideológica de las cabeceras que actúan como brazo mediático del sector, algo que también ocurre con sus homónimos políticos, claramente escorados a la (ultra)derecha. Lejos de ser una casualidad, la afinidad encaja a la perfección con el origen y el carácter de estas compañías.

Un negocio ideologizado

Prosegur es la mayor empresa española de seguridad. Sus orígenes se remontan a mediados de los años setenta del siglo XX, cuando fue fundada por el empresario argentino Heberto Gut Beltramo. Poco antes de morir, en un accidente de tráfico en 1997, el juez Garzón le había citado como testigo en una investigación contra altos jefes militares de la dictadura por la creación de “una red de empresas argentinas y españolas a modo de retaguardia financiera”. Beltramo disfrutó del beneplácito del ministro franquista Gabriel Arias Salgado, cuyo hijo llegó a presidir Prosegur entre 1983 y 1985, y atrajo a la compañía a otras grandes figuras del franquismo español, como Rodolfo Martín Villa. En su currículum destaca también su papel como accionista de Antena 3.

La conexión con los medios de comunicación se hizo más patente cuando Prosegur cayó en manos de la viuda de Gut Beltramo, Helena Revoredo, MBA por el IESE (Opus Dei), que compaginó su cargo de presidenta con un puesto en el consejo de administración de Mediaset durante más de 10 años (desde 2009 hasta 2020).

En una escala mucho menor se mueven compañías como Vasbe o Segurma. La primera tiene como consejero delegado a José María Sanchón, cuyo perfil de Twitter está lleno de alabanzas explícitas a la extrema derecha. La segunda está encabezada por Alfonso Gallardo Rodríguez y Ángel Antonio Gallardo Rodríguez, dos empresarios a los que mercantilizar el miedo no les parece suficiente: también son administradores, respectivamente, de tres y siete empresas dedicadas a los juegos de azar y las apuestas.

El caso de Securitas Direct es distinto porque se trata de una multinacional sueca cuya presencia en España no es tan fácilmente atribuible. No obstante, en abril de 2019 se llevó a cabo una operación de inversión que colocó parte del control de la firma en manos de la Corporación Financiera Alba. 557 millones de euros mediante, el holding obtuvo una participación del 7,5% en Verisure, la empresa matriz de Securitas Direct.

Detrás de la Corporación Financiera Alba se encuentra la familia March, cuya fortuna fue amasada por Juan March, figura clave en la dictadura de Primo de Rivera y en el triunfo del golpe de Estado de 1936. De él escribió el propio Primo que “ha atendido sin titubeos requerimientos que significan importantes sacrificios”, poniendo su riqueza a disposición “para cuantos fines patrióticos o benéficos se le solicitaran”.

Los métodos

Mención aparte merece la evolución de los servicios que ofrecen estas compañías. A nadie le sorprende la existencia de cuerpos de seguridad privados trabajando para empresas de todo tipo; sin embargo, es menos común que estos guardias amplíen su radio de acción hasta los hogares.

Tanto Securitas Direct como Prosegur, aunque no solo, llevan años publicitando esta “vigilancia dinámica” de una forma un tanto ambigua en lo referente a los inmuebles residenciales. Intentamos confirmar si el servicio incluye la prevención contra posibles okupas diciendo que tenemos unos pisos vacíos. En Prosegur desvían la llamada para hablar con una persona más experta que, desde el principio, asegura que sí “existe para particulares” y que “en caso de salto de alarma puede ser muy útil, porque inmediatamente se llama al servicio de acuda”. La advertencia llega poco después, casi en forma de disculpa: “El personal no entra [en la vivienda], sino que hace una ronda exterior” mientras llega la policía. Al sacar el tema de los okupas, las respuestas introducen el concepto de intermediación (“no accederían, pero pueden intermediar”) y, ante la pregunta directa de si se podría evitar la entrada de un usurpador imaginario, no hay duda: “Sí, pueden evitar que entre. Siempre pueden intervenir desde fuera”.

De la vigilancia pasiva de las alarmas se pasó a una vigilancia más activa con las cámaras, pero el verdadero cambio de paradigma está teniendo lugar ahora. La presión ejercida por las campañas del miedo hace que vigilar sea insuficiente, el pánico requiere de una intervención directa. Hablar de grupos parapoliciales privados como el lugar hacia el que se dirige el sector podría parecer exagerado, de no ser porque ya existe tal categoría. Con Desokupa a la cabeza, las empresas de intervención directa en casos de okupación se multiplican, disfrutando de pingües beneficios –en 2019, Conciencia y Respeto 1970 S.L., compañía detrás de Desokupa, facturó 1,7 millones de euros– e incluso de contratos con el sector público. Prácticamente todas cuentan con conexiones directas con movimientos neonazis: Salvador Palazón Marquina, administrador único de Desokupa Exprés, fue investigado por un “ataque neonazi con bates de beisbol”; Fuera Okupas utiliza el lema falangista “No parar hasta conquistar”, y de Desokupa se podrían decir infinidad de cosas, pero basta con señalar la presencia en la empresa de Ernesto Navas, implicado en intentos de homicidio, que luce una esvástica tatuada en el brazo y el nombre del dirigente nazi Rudolf Hess en el pecho.

Carlos Suárez-Mira Rodríguez, doctor en Derecho Penal y coordinador de Juezas y Jueces para la Democracia en Galicia, se refiere a ello como “una especie de privatización del servicio policial” que, advierte, no es una novedad: “Es una deriva que comenzó con los gobiernos del PP. Introdujeron un clima de alarma social para beneficiar a las empresas del sector de la seguridad. Lo que vivimos hoy es la continuidad de esa línea”.

Visto el éxito de estas organizaciones violentas, con métodos de acción directa paralelos a los procedimientos policiales y judiciales establecidos, Securitas Direct ya está preparando el terreno para el siguiente paso.

ZeroVision es una herramienta que, al detectar una intrusión, suelta “un humo denso que llena la estancia protegida en cuestión de segundos”, generando “una situación de cero visibilidad”. Recordemos que, durante el pasado mes de octubre, la campaña que publicitaba este servicio consiguió un 100% de alcance. Y, paradójicamente, no saltó ninguna alarma.

Según el jurista, “esos sistemas de humo son también discutibles legalmente”, puesto que cabe la posibilidad de que se produzcan “situaciones de irritación ocular o cualquier otro acontecimiento derivado de una respuesta automática, que son siempre muy discutibles en Derecho Penal”.

Con ZeroVision se pasa de una intervención limitada por la imposibilidad de acceder a la vivienda a una intervención total. Si la utilización legítima de la violencia de la que disfruta la policía ya genera gravísimos atropellos de Derechos Humanos, con muertes incluidas, no es difícil imaginar lo que ocurrirá si se ofrece esa impunidad a agentes privados que solo responden ante intereses económicos. De hecho, ya son varias las condenas a empresas de desokupación por delitos como agresión o coacción.

Para Carlos Suárez-Mira, este tipo de problemas derivan casi de forma natural de “la utilización de empresas privadas para algo que es competencia de la policía”. Sin embargo, la “ideología del miedo” hace que, “por proteger la propiedad, la gente acabe renunciando a muchas otras cosas más importantes”, sentencia.