Veinte juristas de Baleares contra la inviolabilidad del rey

Veinte juristas de Baleares remitieron el pasado 23 de diciembre una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le piden que inste al rey a renunciar a su inviolabilidad absoluta y que la prerrogativa quede circunscrita a las actuaciones como Jefe del Estado. No, por tanto, a lo que haga en la esfera privada, que es lo que ha hecho su padre, que se acoge a este privilegio -que, en realidad, es inventado, porque es producto de una interpretación delirante de la Constitución, no en vano supone que, por ejemplo, en caso de que el rey asesinara a alguien no se le podría juzgar- para evitar que la justicia lo pueda sentar en el banquete de los acusados ​​por los abusos que va cometiendo durante el tiempo que ejerció el cargo .

Contra la inviolabilidad . El documento enviado al presidente del Gobierno lo firman, entre otros, el famoso juez José Castro -instructor del caso Nóos-, Juan Pedro Yllanes, -actual vicepresidente del Gobierno balear y magistrado en excedencia- y abogados suficientemente conocidos en Palma como Ferran Gomila, Jaime Bueno, Josep Valdés...

La petición nació a través de Internet, sin que los promotores se hayan identificado. Sólo se conocen algunos de los nombres que se han sumado a ellos. No quiere desviarse la atención del hecho sustancial: la aberrante inviolabilidad del monarca. La carta se envió a Sánchez el 23 de diciembre y, por supuesto, no se esperaba respuesta. No ha habido. Lo que no detiene la iniciativa. Ahora será enviado el mismo manifiesto a los diputados y senadores de las Cortes españolas, instándoles a que asuman la necesidad de que una ley deje claro que la prerrogativa del Jefe del Estado se limita a sus actuaciones como tal y no, de ninguna manera, en las privadas.

La carta dirigida al jefe del Gobierno español habla de «gran sorpresa y vergüenza» que los firmantes han sentido por el «indefensable comportamiento personal de Juan Carlos I durante su reinado». Y que sin embargo, ante las noticias aparecidas en los últimos casi tres años, se ha constatado «con intranquilidad la incapacidad de la Justicia para investigar, juzgar y condenar delitos como los que mencionó al fiscal anticorrupción».

Ante la evidencia de que el caso de Juan Carlos requiere de una reforma legal que circunscriba la inviolabilidad a la esfera pública del cargo, los firmados encuentran que es «una decepción» que tanto el actual monarca como el PSOE y el PP hayan negado a asumir esta reforma, tal y como reconoció que había pasado la exvicepresidenta Carmen Calvo. 

Al respecto de este manifiesto, el juez Castro, en una entrevista en el diario de Palma Última Hora , aseguraba que si bien se conocía la inviolabilidad constitucional del monarca, nadie había tomado conciencia de su alcance práctico hasta que la instrucción que dirigió del caso Nóos puso de manifiesto que su hija, Cristina, y su yerno, Iñaki Urdangarín, tuvieron comportamientos inaceptables. Entonces se despertó un interés creciente por los privilegios de los miembros de la familia del rey. Y en el momento en que estalló el caso Juan Carlos, en marzo de 2020, se comprobó que la citada prerrogativa era una aberración: «hacer extensiva la inviolabilidad a los actos privados es algo que en la mayoría de juristas y ciudadanos, excepto en los monárquicos de siempre, les parece fuera de sitio».