Reino de España: los problemas de la removilización de las izquierdas
Reino de España: los problemas de la removilización de las izquierdas
Gustavo Buster

 

La ridícula narrativa sobre el pretendido plan oculto de un golpe de estado progresivo del Gobierno de Coalición Progresista (GCP), denunciada en el editorial de fin de año de SP, ha congregado el 21 de enero a unas 30.000 personas en la Plaza de Cibeles de Madrid, convocadas por Vox y las organizaciones frente de la extrema derecha, con la participación de la derecha extrema del PP. Una semana antes, el vicepresidente de Castilla-León, Juan García-Gallardo, portavoz de Vox en el único gobierno autonómico de coalición PP-Vox, anunciaba un protocolo para obligar a las mujeres que desean un aborto a oír los latidos y ver la imagen tridimensional del feto. Abascal sigue buscando un candidato “independiente” para registrar una moción de censura, con la que lleva amenazando tanto a Sánchez como a Feijoo desde comienzos de diciembre, sin que encuentre a nadie dispuesto a ello ni otros apoyos que los de Vox.

Arrinconado por esta ofensiva política de la extrema derecha y de la derecha extrema de su propio partido, el “moderado” candidato del PP, Alberto Núñez Feijoo, intenta de nuevo- a pocas semanas de la crisis constitucional del poder Judicial, aun pendiente, pero tras haber perdido la mayoría en el Tribunal Constitucional- un pacto de estado que resucite el bipartidismo: que el PP y el PSOE se comprometan a dejar gobernar a la lista, no a la coalición, más votada, para liberarles de la presión de “radicalismos”. Un poco más a su derecha, el eurodiputado Margallo, asegura que la solución es un gobierno de coalición PP-PSOE, pero sin Sánchez. No en vano Felipe VI llamó a la concordia constitucional en su mensaje de Navidad.

Sánchez por su parte, dejando de lado “tentaciones ocultas”, aprueba públicamente -con la mayoría parlamentaria consolidada que le apoya después de tres presupuestos-, un nuevo paquete de ayudas contra la crisis inflacionaria, arrincona hasta situar al borde de la crisis a la Junta de Castilla-León, gana margen para una corrección de los efectos indeseados de la Ley de “Solo si es si”, refuerza la alianza estratégica con Francia antes de la presidencia española de la UE y su gestión económica es alabada por The Economist, con un crecimiento del 5,5%, lo que obliga a la oligarquía económica del reino a hacerse una foto con él en Davos. Su principal problema sigue siendo Cataluña y la gestión tras la reforma del código penal de la judicialización del “procés”, en la que los jueces tienen su propia interpretación, no siempre acorde con la ambigua estrategia del PSOE.

Los problemas de las izquierdas

A pesar de este escenario a comienzos de año electoral, la encuesta del CIS señala una progresiva reducción de la ventaja del PSOE, que las encuestas privadas otorgan sin dudas al PP. En la progresiva polarización política no parecen posibles mas que dos alternativas de gobierno: una coalición reaccionaria PP-Vox y una coalición progresista PSOE-Sumar, apoyada en las fuerzas soberanistas e independentistas catalanas, vascas y gallegas.

El problema es que todas las encuestas apuntan a una fuerte movilización del electorado de extrema derecha y de la derecha conservadora; una relativa removilización a la izquierda del PSOE, pendiente de la opción electoral de Sumar de Yolanda Díaz; y la apatía de importantes sectores de la base electoral del PSOE, que reduce, pero sigue sufriendo trasvases hacia el PP. En paralelo, la movilización social dispersa en sectores industriales y de los pensionistas, las respuestas a la violencia machista, además de la nueva oleada de luchas en defensa de la sanidad pública no acaba de alentar una removilización electoral de los distintos sectores de la izquierda que, por otra parte, no aparecen implicados directamente en sus distintas formas. La táctica del “mal menor” frente a la amenaza de las derechas, la desigualdad de acceso a los “escudos sociales”, han ido reforzando un atentismo de la izquierda social frente al GCP. Esa misma izquierda social asiste también como invitada de piedra a las confrontaciones del archipiélago de aparatos políticos resultante de la larga crisis de Podemos, articulado en un rompecabezas de hegemonías territoriales, sin motores de confluencia endógenos, pero sometido a la presión externa de la posible victoria electoral de la derecha extrema.

El PSOE no esta exento de estas tensiones. Sus barones autonómicos en Castilla- La Mancha, Aragón o Extremadura, y los restos menguantes del “Filipismo” cuestionan periódicamente la estrategia sanchista de coalición “progresista” y su dependencia de los votos parlamentarios de las izquierdas soberanistas e independentistas, además de la presencia de Unidas Podemos en el GCP. Su mayor capacidad de presión electoral, a través de los trasvases de votos hacia la derecha, ha sido con la reciente reforma del código penal. Pero no tienen otra alternativa que una vuelta imposible al bipartidismo y una coalición PSOE-PP, que no supone un peligro real interno para la hegemonía de Pedro Sánchez mientras mantenga unida a la coalición parlamentaria que le apoya.

Tres retos de las izquierdas

Para las izquierdas, ganar los sucesivos ciclos electorales previstos (municipales, autonómicas y generales) supone por lo tanto tres retos: 1) removilizar a su base electoral, volviendo a confluir con la izquierda social; 2) articular la fórmula electoral de Sumar; 3) renovar una coalición parlamentaria mayoritaria con las fuerzas soberanistas e independentistas.

En el primer caso, depende de la capacidad del GCP de hacer efectivo el acceso de la mayoría de su base social a los “escudos sociales”, la lucha contra la pobreza y apoyar la movilización autónoma por la renovación de los contratos colectivos, la igualdad de género y los derechos de las mujeres y los bienes comunes en los que se apoyan los derechos de ciudadanía: las luchas en defensa de la sanidad pública, las pensiones o el acceso a la vivienda. La gestión eficaz de los fondos de reconstrucción europeos -aumentando la actual tasa de implementación real de aproximadamente el 40%- será esencial para hacer frente a la más que probable recesión europea en la segunda mitad de 2023, cuando los efectos del crecimiento del 5,5% del PIB se debiliten.

En el segundo caso, la articulación de la fórmula electoral de Sumar exige dar pasos concretos más allá de los pulsos de los aparatos electorales heredados. La confluencia confederal de la mayoría de ellos se verá facilitada por la constatación de su peso real en las elecciones municipales y autonómicas, en las que se decidirá la hegemonía territorial. Pero esa suma estará lejos de ser una alternativa estatal o un socio de gobierno sin algo más que la presión del “mal menor”.

La posición de la dirección de Podemos, claramente erosionado por su participación en el GCP, utiliza una narrativa más radical e incluso ocasionalmente republicana, pero para negociar una mayor cuota organizativa en Sumar de la que posiblemente le corresponda por su aportación electoral. Por otro lado, sin la perspectiva de un cambio real en la correlación de fuerzas en la actual polarización extrema no parece posible, o creíble socialmente, un horizonte estratégico de superación del régimen del 78. Sea cual sea el gobierno que surja tras las elecciones de diciembre de 2023, estará condenado a gestionar la crisis del régimen del 78 en el marco del “consenso de Bruselas” comunitario desde los intereses sociales distintos que quiera representar. Cambiar la actual correlación de fuerzas electoral y social implica como condición una nueva ola de movilizaciones sociales autónomas que alteren su proyección política partidaria actual. La polarización produce radicalización, culturalmente distinta y paralela en el PSOE y en las izquierdas estatales e independentistas, pero no automáticamente removilización social o electoral, que exigen la mediación de estructuras que permitan debate, coordinación y articulación de programas.

Esa necesidad de mediación es la que parece estar detrás de las comisiones sectoriales impulsadas por Sumar en paralelo a la negociación entre los aparatos electorales existentes. Pero no han supuesto aún la acumulación de fuerzas ni la cohesión programática imprescindibles para articular la nueva formula electoral en el archipiélago de fuerzas a la izquierda del PSOE. Lo que afecta ya negativamente a la preparación de las campañas municipales y autonómicas. Sumar debe y puede ser un frente común de las corrientes de izquierda no independentistas. Pero más allá de las negociaciones copulares entre fracciones, necesita un marco democrático de participación desde abajo al que respondan sus órganos y electos. En la historia de Izquierda Unida hay ejemplos positivos de ello, mientras que la evolución de Podemos no lo ha sido.

Por último, renovar la coalición “progresista” mayoritaria en el Congreso depende fundamentalmente del PSOE, pero también de la capacidad de iniciativa, apoyada en la movilización social, de las izquierdas plurinacionales. Bildu ha sido un ejemplo de ello. Pero sobre todo dependerá de la relación entre el PSOE y ERC, de la gestión conflictiva pero simbiótica de las reivindicaciones democráticas del movimiento soberanista popular catalán y de los efectos de la judicialización represiva de los sectores independentistas del mismo.

La crisis constitucional en Cataluña -como la del poder judicial- sigue abierta y parece innecesario recordar que el Estatut en vigor no es el votado democráticamente por el pueblo de Cataluña. Puede que esta brecha democrática no tenga solución sin un cambio sustancial en la correlación de fuerzas, pero ello hace más imprescindible aun su gestión democrática, como en el resto de las crisis estructurales del régimen del 78. Sin ella no se será posible una relación de colaboración política entre el PSOE y ERC y sin ella tampoco el espacio político necesario para mantener una coalición progresista parlamentaria mayoritaria.


Fuente → sinpermiso.info 

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