Ley de Memoria Democrática, educación y libros de texto

La Ley de Memoria Democrática, en su artículo 44, habla de medidas en materia educativa y de formación del profesorado . Y esto es una novedad que, además, era muy necesaria. Nos fijaremos en esta ocasión en el punto 1 de este artículo donde se dice: “ 1. El sistema educativo español incluirá entre sus fines el conocimiento de la historia y de la memoria democrática española y la lucha por los valores y libertades democráticas, desarrollando en los libros de texto y materiales curriculares la represión que se produjo durante la Guerra y la Dictadura. A tal efecto, se procederá a la actualización de los contenidos curriculares para Educación Secundaria Obligatoria, Formación Profesional y Bachillerato.”

Como podemos ver, este punto 1 comienza con una declaración de principios, que deberá cumplirse. Y a continuación se centra en dos aspectos muy concretos, fundamentales, por otra parte, para que lo afirmado en la declaración de principios inicial se convierta en una realidad. Me refiero al desarrollo en los libros de texto y los materiales curriculares de la represión que se produjo durante la Guerra y la Dictadura y en la actualización de los contenidos curriculares. Ponerlo negro sobre blanco está muy bien y estos temas y actualizaciones son realmente nucleares cuando hablamos de memoria histórica y educación, pero conviene tener en cuenta algunas características del sistema educativo español (también del catalán), para valorar alguna de las dificultades con las que puede encontrarse el cumplimiento de este mandato legal.

Sin entrar ahora en el debate sobre la utilización o no de libros de texto en las aulas, pero teniendo en cuenta que su uso sigue siendo una opción muy extendida, nos interesa reflexionar sobre algunos datos importantes, también cuando estamos pensando en el tema de memoria y educación. Según el Ministerio de Educación y Formación Profesional, en el curso escolar 2021/2022, había un total de 28.470 centros educativos en todo el Estado, de los que 19.155 públicos y 9.315 concertados y privados. En Cataluña concretamente, un tercio del alumnado estudia en centros privados. En el caso de Barcelona, ​​el porcentaje asciende: hasta el 55% del alumnado estudia en este tipo de centros. Dentro de estos centros privados, que en su inmensa mayoría son privados-concertados, tienen una gran presencia los que dependen de órdenes religiosas, congregaciones católicas o directamente de la Iglesia. Si, como nos dice Europa Laica, añadimos que la Iglesia católica impone los libros de texto de sus editoriales a los más de 2.600 centros educativos concertados que gestiona directamente en todo el Estado y repasamos los nombres de las editoriales de libros de texto total o mayoritariamente controladas por la Iglesia católica, enseguida nos damos cuenta de su peso en el mundo educativo. Y no sólo en los centros relacionados con la Iglesia, sino también en muchos otros. Me refiero a las editoriales SM, siglas que corresponden a Santa María, que es una editorial fundada por los Marianistas; Edebé, fundada por los Salesianos; Edelvives de los Hermanos Maristas y Bruño, fundada por el Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas La Salle.

Estos datos deben llevarnos directamente a la reflexión sobre cómo se tratarán en los centros educativos concertados que dependen de órdenes religiosas, congregaciones o directamente de la Iglesia, y en sus libros de texto y materiales curriculares, los temas relacionados con la memoria histórica que les implican más directamente como institución. Por poner algunos ejemplos concretos, ¿cómo se tratará el apoyo económico de la jerarquía eclesiástica al golpe de estado del 18 de julio de 1936? ¿O el apoyo de los obispos en la “Carta Colectiva del Episcopado español a los obispos del mundo entero” (1 de julio de 1937)? ¿Cómo se tratará al nacionalcatolicismo como una de las señas de identidad ideológica de la dictadura del general Franco? ¿Y la estrecha relación entre la Iglesia y el poder político franquista durante toda la dictadura?

Si a estas dudas suman la posición que ha mantenido la Iglesia católica española respecto a la ley de memoria histórica de 2007 ya la actual ley de memoria democrática de 2022 que, al menos y en el mejor de los casos, podríamos definir como equidistante, significa que deberemos estar muy atentas a que lo que dice el artículo 44.1 de la Ley de Memoria Democrática se cumpla en todos los centros educativos. También a los privados y privados-concertados, que tienen tanta importancia en el sistema educativo español y también en el catalán. ¿Cumplirán este tipo de centros con la obligación legal de actualizar los contenidos curriculares para la ESO, la Formación Profesional y el Bachillerato en los temas relacionados con la memoria histórica?, o, por ellos, la nueva ley será por papel mojado?