En la mañana del día 23 de enero de 1977, hace ahora 45 años, se celebraba otra de las manifestaciones a favor de la Amnistía para los presos políticos, que se venían repitiendo a lo largo y ancho del estado español, en la Gran vía de Madrid. Como muchas otras, el gobierno civil la había desautorizado, Juan José Rosón, que después será ministro de Interior con UCD, con la excusa de que podrían generar enfrentamientos con las fuerzas policiales. El ministro de Gobernación, en aquel momento, era el antiguo secretario general de la Organización Sindical franquista, Rodolfo Martín Villa.
Las fuerzas policiales, eran a menudo apoyadas por grupos ultraderechistas, como los Guerrilleros de Cristo Rey, de Mariano Sánchez Covisa, relacionados con partidos como Fuerza Nueva, liderada por Blas Piñar, pero también con fuertes vínculos con la Dirección General de Seguridad (DGS) y los servicios secretos del Estado (SECED), que solían acudir armados a estas manifestaciones con el objetivo de hostigar a los manifestantes.
A esta manifestación acudió el joven Arturo Ruiz García, un granadino de 19 años, aficionado al montañismo, que estudiaba y trabajaba, eventualmente, de albañil, y que simpatizaba con la Joven Guardia Roja, la organización juvenil del maoísta Partido del Trabajo de España, estando afiliado a las recientemente constituidas Comisiones Obreras.
También había acudido a la manifestación, con la intención de reventarla, el ultraderechista argentino, Jorge Cesarsky Goldstein, un agente de seguros de 50 años, que provenía del siniestra Triple A, Alianza Anticomunista Argentina, y estaba vinculado al Servicio de Coordinación, Organización y Enlace (SCOE), un grupo policial paralelo afincado en la DGS, a las órdenes del Coronel Eduardo Blanco, y también muy ligado a Fuerza Nueva. Con él estaba José Ignacio Fernández Guaza, un matón de 29 años, con estrechos lazos con la Guardia Civil –decía trabajar para sus servicios de información- y con los Guerrilleros de Cristo Rey. Ambos iban armados con pistolas ese día, y su ánimo era cobrarse alguna víctima, entre los manifestantes que demandaban Amnistía y Libertad.
Desafiando la prohibición del gobernador civil, son miles los manifestantes que inundan la Plaza de España, entre ellos el joven Arturo Ruiz, cuando se producen las primeras cargas de la policía, y busca una vía de escape por la calle Silva, junto a muchos de sus compañeros. En el cruce entre esta calle y la de la Estrella, próximas a la Gran Vía, un grupo de ultras, entre los que están Cesarsky y Fernández Guaza, les intercepta, el argentino realiza varios disparos al aire, para dispersarlos, y luego le pasa el arma a su cómplice, que empuña el arma con las dos manos y le dispara por la espalda a Arturo Ruíz, atravesándole el pulmón y el corazón.
El gobierno civil sacó la siguiente nota: “«A partir de las doce de la mañana de hoy distintos grupos intentaron concentrarse en torno a la plaza de España para acudir a una manifestación que había sido prohibida por el Gobierno Civil de Madrid sobre cuya circunstancias violentas se había advertido a través de los medios de comunicación. Ante la agresividad de muchos de tales grupos, que atacaron a las fuerzas de orden público con cócteles molotov, piedra y otros medios, la fuerza hubo de dar diversas cargas, utilizando los dispositivos antidisturbios y dispersando a los manifestantes por las calles inmediatas al lugar de la concentración. Sobre las doce y treinta horas se han tenido noticias de que en la, calle de La Estrella, junto a la de Silva, había resultado herido Arturo Ruiz Garcia, de diecinueve años de edad, participante en la manifestación. Fue trasladado a la Casa de Socorro del distrito Centro donde ingresó cadáver.”
La policía dejó escapar a los asesinos y, además, cargó contra los manifestantes, indignados por el crimen del joven granadino, que improvisaron una cruz con palos y una cuerda en el lugar donde cayó herido de muerte. Los uniformados rompieron la cruz y, según los testigos, restregaron la sangre del suelo con sus botas.
Fernández Guaza fue identificado por una docena de testigos, pero, aprovechando sus vínculos con la Guardia Civil, huyó al día siguiente al País Vasco, y de ahí cruzó a Francia, donde se le perdió el rastro. Algunas hipótesis señalan que podría haberse refugiado en Argentina, aunque también podría haber regresado a España, gracias a las mismas redes que le ayudaron a escabullirse de la justicia, y seguir viviendo en Madrid bajo una nueva identidad. Hoy tendría 74 años, y no tendría nada que temer, ya que su crimen prescribió en el año 2000.
Una segunda nota del gobierno civil hizo su propia reconstrucción del asesinato: “«Tras las diferentes declaraciones, se pueden reconstruir los hechos con bastante claridad: a las doce y veinticuatro minutos Arturo Ruiz García, estudiante de BUP, de diecinueve años, natural de Granada, y, sin antecedentes de ningún tipo, se encontraba en la calle de La Estrella, en compañía de una joven. Al parecer, habían tomado parte en la manifestación convocada en la plaza de España y desautorizada por el Gobierno Civil. A la hora citada, un hombre de 45 o cincuenta años de 1,65 o 70 de estatura, que vestía abrigo verde tipo Loden, mientras esgrimía un arma en su mano derecha y efectuaba gritos de Viva Cristo Rey, hizo un disparo al aire. Junto a él un segundo individuo más joven, que vestía cazadora a grandes cuadros, le arrebató el arma y efectuó a bocajarro dos disparos que hicieron blanco sobre el cuerpo del joven.”
El hombre del abrigo verde era Jorge Cesarsky, que se refugió, después del asesinato de Arturo Ruiz, junto a Fernández Guaza en las dependencias policiales de la calle Rey Francisco, donde tenía su sede el SCOE, con el que colaboraba. La Audiencia Nacional juzgó a Cesarsky en 1978, y lo condenó a una pena menor de cinco años de cárcel, por delitos de terrorismo y de seis meses por tenencia ilícita de armas, aunque solo llego a cumplir un año, contando como atenuantes que no se hubiera ocultado ni rehuyera la acción de la justicia, beneficiándose de la Amnistía política aprobada en octubre de 1977. La Ley que Arturo Ruíz había reclamado en las calles y que le había costado la vida.
La muerte de Arturo Ruíz inició la Semana Negra de enero de 1977, que había tenido su prólogo con el asesinato de otro joven de 18 años Ángel Almazán, al que la policía le golpeó hasta la muerte tras una manifestación organizada por el PTE. Al día siguiente del crimen de Arturo Ruiz, un bote de humo disparado por la policía antidisturbios en otra manifestación pro-Amnistía, acabó con la vida de Mari Luz Nájera, de veinte años. Y esa misma noche un comando ultraderechista, entre los que estaban José Fernández Cerrá y Carlos García Juliá asesinan a cinco abogados laboralistas en un despacho de la calle Atocha, dejando gravemente malheridos a otros cuatro.
“Arturo Ruiz fue la primera víctima de la semana trágica de la Transición. Fueron cuatro o cinco días de mucha violencia en las calles con la extrema derecha campando a sus anchas. La tensión fue in crescendo. Primero, Arturo. Después, Mari Luz y los abogados de Atocha. Madrid estaba lleno de manifestaciones contra el régimen y la extrema derecha y las fuerzas involucionistas trataron de mantener una estrategia de terror y tensión que propiciara una intervención militar. Sin embargo, consiguieron todo lo contrario. Reforzaron el camino hacia la democracia”, explicaba a Público el periodista e investigador Mariano Sánchez Soler, autor de La Transición Sangrienta (Península).
Esa transición que nuestra clase política señaló, durante décadas, como modélica, esa transición sangrienta que ahora está aflorando, reforzó el camino hacia la democracia, como señala Sánchez Soler, pero debemos preguntarnos: ¿hacia qué clase de democracia nos llevó ese camino, donde los crímenes como el de Arturo Ruíz siguen impunes?
La Comuna, asociación de presos y represaliados por la dictadura franquista, lo dejaba bien claro en su comunicado publicado el 22 de enero del pasado año: “Hoy, los presuntos criminales siguen campando por sus fueros en este país; el último ejemplo no ya de impunidad, sino de soberbia y desfachatez lo ha ofrecido hace unos días el exministro franquista Martín Villa, imputado por cierto en la Querella Argentina por el crimen de Arturo entre otros muchos, con un acto en loor de empresarios y casta variada. Como se ha señalado, el neofranquismo está pasando de la negación al alarde de sus crímenes.
Por eso, este no es un ejercicio de nostalgia, además de un justo homenaje a un luchador que pagó con su vida la defensa de las libertades, es una ocasión también para exigir al gobierno y parlamento centrales las reformas legales que pongan fin a la impunidad, no sólo con una ley de memoria democrática que de verdad garantice la tutela judicial efectiva de las víctimas, sino también con la derogación de la franquista ley de secretos oficiales que permitiría, por ejemplo, desvelar las complicidades criminales tras el asesinato de Arturo. Exigencias que también han transmitido a nuestras autoridades públicas de forma reiterada los organismos internacionales de derechos humanos.
Recordar y homenajear a las víctimas como Arturo, reivindicando para ellas justicia y memoria, es un acto de salud democrática colectiva.”
Fuente → nuevarevolucion.es
No hay comentarios
Publicar un comentario