La herencia maldita de Juan Carlos I: una fortuna que acabará en el bolsillo de algunos (no de Hacienda)

El periódico ABC publicaba ayer una noticia que vuelve a reabrir la polémica sobre el patrimonio del rey emérito: “Juan Carlos I estrena casa en Abu Dabi mientras prepara nuevas visitas a España”. Obviamente, y a falta de más detalles, cabe pensar que el inmueble ha sido adquirido por el propio monarca abdicado que ayer cumplía 85 años. Un autorregalo de cumpleaños que a buen seguro celebrará con su círculo de amigos más allegados, entre ellos algún que otro empresario que sigue estando a su lado en las horas más bajas para el patriarca de la Transición española. Ahora bien, cabría hacerse muchas preguntas sobre la adquisición de una casa que no será precisamente de protección oficial, sino que podrá competir en lujo y confort con las mejores de Abu Dabi. ¿Cuánto ha costado el casoplón? ¿Con qué fondos? Se desconoce, aunque no hace falta ser un experto en finanzas para saber que cuando alguien tiene mucho dinero lo primero que hace es diversificarlo adquiriendo propiedades inmobiliarias.

Hace tiempo que Juan Carlos I ya no ofrece información alguna a los españoles sobre su patrimonio, pese a que sigue ostentando un cargo institucional. A falta de explicaciones que no llegarán de Zarzuela ni tampoco del Parlamento nacional (PP y PSOE torpedean cualquier comisión de investigación que tenga que ver con el emérito), cabe pensar que el primero de los borbones ha sufragado “su nuevo hogar” con fondos de su propio patrimonio, esa herencia maldita a la que Felipe VI renunció de inmediato, en plena pandemia, cuando se aireó el escándalo de las supuestas comisiones y la donación de 65 millones de euros a Corinna Larsen. Hasta donde se sabe por lo que ha publicado la revista Forbes (que cifra en 2.000 millones de euros los ahorrillos del rey emérito), esa herencia sigue estando intacta y en el momento en que Juan Carlos pase a mejor vida será repartida entre sus familiares y allegados. Pero, ¿qué sabemos realmente del patrimonio de Juan Carlos I? ¿Hasta dónde llega su fortuna?

En primer lugar, sabemos que los Presupuestos Generales del Estado disponen unos ocho millones de euros para la Casa Real, una especie de «sueldo», que el rey –según recoge la Constitución– puede distribuir libremente como quiera.

En 1979, cuando comenzaba su reinado, el emérito cobraba unos 10 millones de pesetas de entonces, al cambio, unos 325.000 euros. Sin embargo, la transparencia con respecto a su asignación se acabó y no fue hasta el año 2011 cuando volvimos a saber qué sueldo tenía: 292.752 euros. En 2014, año en el que abdica, el nuevo rey, Felipe VI, le adjudica una pensión vitalicia de 187.356 euros. En 2019, se le retira esa asignación, aunque se lleva lo que le correspondía hasta el 15 de marzo de ese año: unos 40.000 euros, informa La Sexta.

Si sumamos todo esto, desde 1978 hasta la actualidad, obtendríamos un total de 12.767.392 euros brutos, aproximadamente. Por este dinero habría tenido que pagar impuestos, si bien los viajes oficiales o gastos como la seguridad corrían a cargo de otras partidas presupuestarias. 

Falta de transparencia 

Pero, ¿pudo el rey obtener otros ingresos también legales? Sabemos que el monarca ha tenido otros ingresos «en A»: en 2013, El Mundo desveló que recibió unos 2,2 millones de euros de la herencia de su padre, don Juan. El albacea de esa herencia admitía entonces que no se habían repatriado por la imagen pública que daría.

¿Qué pasa entonces con la «cara B» del emérito? Por una parte, tenemos el caso de las tarjetas black, pagadas por el millonario mexicano Allen Sanginés-Krause. Por el uso de estas tarjetas opacas ha pagado al fisco 678.393 euros, por lo que los técnicos de Hacienda calculan que podría haber gastado 1,2 millones. Por otro lado, tenemos los famosos 65 millones en Suiza, posteriormente transferidos a Corinna, que presuntamente le dio la Casa Real Saudí, y la Fundación Lucum, de donde salió ese dinero y otros dos millones para otra amiga del rey, Marta Gayá. Asimismo, está la Fundación Zagatka, que gestionaba Álvaro de Orleans, primo lejano del rey y su presunto testaferro, que pagó hoteles, aviones y otros gastos de Juan Carlos I. Y luego están los supuestos 10 millones de euros que tendría en un paraíso fiscal en Jersey, algo que el exjefe del Estado niega.

Teniendo en cuenta todo esto, diferentes medios internacionales han hecho sus propias estimaciones sobre el alcance de la fortuna del rey emérito: el New York Times la cifraba en 1.800 millones de euros, mientras que la revista Forbes subía algo más la apuesta y calculaba que llega a los 2.000 millones. A propósito de la herencia maldita, escribe J. Urrutia en diario Público: “Ni Felipe VI ha renunciado a la herencia de su padre, ni tampoco podría hacerlo: lo prohíbe el Código Civil. Pero el comunicado de la Casa Real permite al lector llegar a esta falsa conclusión. Dicho comunicado supuso un bombazo informativo y solo de su lectura detallada se concluye que Felipe VI tiene intención de renunciar a la herencia, que es como no anunciar nada porque aún no ha llegado ese futurible”. Es decir, ningún español puede renunciar a una herencia mientras el titular de la misma siga con vida. Una vez fallecido el poseedor, el testamento marca el reparto de bienes entre los herederos. Siempre teniendo en cuenta que el beneficiario heredaría una bomba de relojería, ya que buena parte de ese patrimonio no ha sido legalmente declarado. Ese podría ser el momento en que el Estado español, a través del Ministerio de Hacienda, podría intervenir reclamando información sobre el volumen del legado, su origen y destino, todo ello a efectos tributarios. Lamentablemente, hasta ahora la Justicia siempre ha torpedeado cualquier intento de los inspectores de Hacienda por aclarar a cuánto asciende realmente el patrimonio del rey emérito y en qué concepto. Tanto la Fiscalía como la Justicia han archivado diligencias penales contra Juan Carlos invocando la inviolabilidad del monarca, consagrada en la Constitución, una inviolabilidad que en las últimas semanas ha sido ratificada por la Justicia británica durante el proceso por la demanda de acoso que Corinna Larsen interpuso contra el exjefe del Estado español. Y finalmente, el escabroso asunto de las cuentas reales se ha saldado con una serie de regularizaciones fiscales que, lejos de aclarar el montante de la fortuna, solo han contribuido a acrecentar la sombra de la sospecha.

Por tanto, es cierto que tras la muerte de Juan Carlos I Hacienda podría iniciar un nuevo procedimiento administrativo para investigar, y depurar en su caso, una herencia que, según todos los indicios, no fue cosechada de forma totalmente legal, sino mediante el pago de comisiones, dinero en B y prebendas de todo tipo. Ahí están las recientes confesiones a La Sexta de Mario Conde, el que fuera banquero personal de Casa Real durante años y amigo personal del rey emérito. Según la cadena de televisión privada, Conde le dio al rey emérito un préstamo en Banesto de 250 millones. Todo eso y mucho más se podría investigar como en cualquier democracia seria y avanzada, pero haría falta un consenso político y una voluntad de los dos principales partidos que, a día de hoy, no existe.