“No es la primera vez que cruzan la frontera y son
asesinados, no es la primera vez que lo intentan ni será la última
mientras siga existiendo leyes que lo permitan y se adapten a un Estado
torturador que legitima la violencia organizada así como el racismo
institucional, seguirá habiendo muertes y maltrato a miles y miles de
migrantes… Los agentes del orden en nombre de la paz y de la
tranquilidad tendrán carta libre para asesinar y silenciar la realidad
de personas en su intento de cruzar las fronteras, saltar las vallas o
cruzar a nado como es en el caso en las costas de Canarias. Porque
migrar no es delito, delito es que Europa fortaleza tenga en sus
fronteras a miles y miles de muertos, desaparecidos y torturados por sus
políticas migratorias que NO funcionan, tratados internacionales
obsoletos que no cumplen con sus artículos ni cláusulas. Ante esto solo
nos queda organizar la respuesta: ¡La lucha migra continúa!”.
Las devoluciones en caliente son avaladas por la legislación española
en materia de seguridad ciudadana y migraciones al amparo del
Ministerio del Interior; y no es para menos, se regulan en la Ley
Orgánica (LO) 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad
ciudadana, que incorpora una disposición adicional décima a la Ley de
extranjería: LO 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de
los extranjeros en España y su integración social. De esta forma se
permite que los cuerpos de fuerza y seguridad del Estado español puedan
realizar entregas sumarias a las autoridades marroquíes de extranjeros interceptados en el perímetro fronterizo de Ceuta y Melilla. Y como ya es bien sabido, en complicidad con el gobierno de turno.
Esta ley permite la evasión de todo tipo de garantías
constitucionales y con la consiguiente vulneración de los derechos
humanos (DDHH) ya que, cuando muchas de estas personas intentan cruzar
la frontera, esa línea que la ley denomina: “Elementos de contención
fronterizos”, conocido por muchas de nosotras como: LA VALLA,
autoriza expresamente el que se realicen las devoluciones sumarias o en
caliente. Esto significa que no es necesario tramitar un expediente
administrativo con todas las garantías para atender las demandas de
protección y, en todo caso, proceder al retorno de estas personas,
aunque es tan evidente y se supone que las personas que salen de sus
países para cruzar la frontera no quieren regresar, porque sus vidas
corren peligro, son perseguidas, son amenazadas y su libertad negada o
vienen escapando de la hambruna, la pobreza, la guerra, las sequías o
cualquier otro motivo externo, negándose en todo momento el derecho al
asilo sin tener en cuenta sus circunstancias individuales, si son
víctimas de trata o de si son menores de edad o no.
No debemos olvidar que toda esta legislación se hizo efectiva a
partir de su aprobación por el gobierno corrupto y de turno del ex
presidente Mariano Rajoy (PP), al que ha seguido el actual del PSOE-UP
sin modificar nada, mientras están preocupados por sacar unas elecciones
con miles y miles de muertes a sus espaldas, en la fronteras tanto de
Ceuta y Melilla como en las costas de Canarias donde día a día se vive y
se palpa otro tipo de realidad (cientos de personas mueren ahogadas en
el intento de llegar a Canarias); porque esto hay que decirlo claro y lo
adjunto como dato: la ruta canaria es considerada como una de las más
mortíferas, aproximadamente con 1.784 víctimas el año pasado (sin contar
las que no están contabilizadas o desaparecidas entre niñxs y jóvenes),
que en todo el territorio español da la suma de 2.390 personas
migrantes fallecidas en el 2022; personas que pierden la vida en su
trayecto migratorio hacia España por la frontera occidental
euroafricana. Así lo recoge el Informe Derecho a la Vida del año 2022.
Pero más allá de datos oenegistas que no atacan los problemas
migratorios, sino desde una perspectiva de solo “sentirnos como
refugiados o pobres migrantes”, nosotras, las personas migrantes,
queremos ir más allá porque sufrimos en nuestras carnes el hecho de que
al cruzar una frontera se ponga en riesgo nuestra propia existencia,
existencia que no se vería en tales riesgos si esos tratados
internacionales o cualquier otra cláusula de los gobiernos Europeos no
permitieran tales agresiones en sus legislaciones y se cumpliera
realmente el principio de NO DEVOLUCIÓN, recogido en el
Estatuto de refugiados en 1978 de la Convención de Ginebra, de la que
España forma parte desde su creación, y que forma parte de esos tratados
internacionales en cuestiones de protección internacional y de
violación de DDHH, y que cuando vas a la ley se contradice, ya que
España forma parte de la masacre y la tortura, donde la legislación no
está sola, porque también se encuentra avalada por la Constitución
española del 78 : “La Constitución Española de 1978 asumió el concepto
de seguridad ciudadana (artículo 104.1), así como el de seguridad
pública (artículo 149.1.29.ª). Posteriormente, la doctrina y la
jurisprudencia han venido interpretando, con matices, estos dos
conceptos como sinónimos, entendiendo por tales la actividad dirigida a
la protección de personas y bienes y al mantenimiento de la tranquilidad
ciudadana”.
¿Mantenimiento de la tranquilidad?
Entendemos por esto que desde nuestra posición migrante y racializada
¿tenemos que asumirlo y aceptarlo?; ¿que según el bienestar y el
privilegio de unos pocos que están al otro lado de la frontera debemos
avalar esta legislación opresora de DDHH? Lo hemos visto claramente
cuando el pasado mes de junio de 2022 se masacraba a gente del otro lado
de la valla de Melilla, donde hermanos subsaharianos que intentaban
cruzar la frontera, se les acorralaba, se les forcejeaba y se les dejaba
morir, ¿todo esto en nombre de la libertad y por la tranquilidad
ciudadana? Pero seguimos contando y si vamos atrás en el tiempo, lo
hemos vuelto a ver en el 2014 en la Tragedia del Tarajal, cuando en
nombre de la democracia y la tranquilidad ciudadana, nuevamente se
asesinaban a varias personas en la frontera del Tarajal que separa Ceuta
de Marruecos, de la mano de la guardia civil que disparaba a destajo…
¿Y también debemos de aceptarlo? ¿Por qué los avala la legislación? Y el
colmo de todo esto es que 9 años después seguimos pidiendo justicia por
los asesinatos cometidos por el Estado español que no han sido
resueltos y que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos avaló en el 2020
estas devoluciones en caliente, contradiciéndose de su decisión
anterior del 2017, en la que consideraba que esas expulsiones de
carácter colectivo y sin un procedimiento con garantía eran contrarias
al convenio Europeo de Derechos Humanos[1];
también en el 2020 el Tribunal Constitucional avaló la figura del
rechazo en frontera introducido en la Ley de Extranjería mediante una
enmienda de la LOSC. Sin embargo, en su intención de ofrecer garantías
en esta figura, nuevamente estableció una serie de requisitos que
terminaban siendo contradictorios entre sí. Así lo recogía, Amnistía
Internacional en una de sus denuncias sobre la tragedia del Tarajal.
Si todavía después de tanta contradicción y mareo sigues leyendo
esto, es porque quieres encontrarle algún sentido, pero desde la ley y
los tratados internacionales no existe sentido alguno. Ni mucho menos en
la Ley de Extranjería.
Tenemos tratados de sobra, así como sus legislaciones que si se
cumplieran debidamente no permitirían la violencia hacia todas las
personas que queremos migrar. Pero no les da la gana de cumplir y si
Europa fortaleza no quiere asumir la responsabilidad de esas muertes,
mucho menos lo hará el Estado español. Es por eso que, desde los
colectivos migrantes organizados, personas no organizadas, también así
como cualquier persona con humanidad y sentido común, desde abajo y con
voz propia saldremos a las calles el 4 de febrero de 2023, para
organizar nuestra indignación, nuestro malestar en contra de las
políticas migratorias racistas.
Hacemos el llamado a todas las personas que sienten y creen que las
fronteras deben ser abolidas con sus correspondientes tratados y leyes
de extranjería que no son garantes de un Estado democrático y de
derecho, porque migrar es humano y es natural en todo ser vivo.
Stephanie Toledo es activista social y miembro del movimiento antirracista en Tenerife
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X MARCHA POR LA DIGNIDAD / EN TENERIFE.
El 4 de febrero de 2023 en La Laguna (Plaza del Adelantado en Tenerife desde las 11am) nos concentraremos para pedir justicia, por todas esas muertes, en contra del Estado. ¡¡La lucha migra continúa!!
Notas:
[1] El artículo 4 del Protocolo IV del Convenio Europeo de Derechos Humanos prohíbe las expulsiones colectivas de extranjeros de un país y contempla en su artículo 2 que "toda persona es libre de abandonar cualquier país"
Fuente → vientosur.info
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