En junio de 2020 el Congreso de los diputados aprobó la toma en consideración de la ley de bebés robados. Una norma, impulsada para exigir justicia y reparación para las víctimas de este crimen que se desplegó durante el franquismo y que continuó con la entrada de la democracia, que ha visto ampliado hasta 146 veces su periodo de enmiendas, lo que impide su aprobación final y la consiguiente reparación a las víctimas.
“Nuestro país no puede permitirse no resolver la deuda pendiente con los familiares y afectados por los bebés robados durante el franquismo. Es una cuestión de reparación y de memoria que no sólo vienen exigiendo los afectados y las asociaciones de derechos humanos internacionales, si no que el Parlamento Europeo y la ONU han requerido a nuestro país que se reconozca como víctimas a todos los afectados por este crimen”, ha explicado Verstrynge.
Las organizaciones recuerdan que la norma lleva más de cuatro años esperando su turno dentro del Congreso
Desde la coordinadora Ceaqua, en la que se integra la organización Todos los niños robados son también mis niños, y Amnistía Internacional, en un comunicado conjunto de estas dos organizaciones asistentes al encuentro, se valora muy positivamente la actitud tan receptiva que han tenido desde el Ministerio y el compromiso obtenido. “Ahora queda esperar que dicho compromiso sea acogido por el resto de ministerios y grupos políticos”, aseguran.
Estas organizaciones recuerdan que la norma lleva más de cuatro años esperando su turno dentro del Congreso. Así esta ley, que ya se admitió a trámite por unanimidad el 20 de noviembre de 2018, debido al adelanto electoral decayó y tuvo que ser de nuevo registrada. “Se volvió a aprobar para su toma en consideración el 23 de junio de 2020, lo que demuestra un importante consenso político”, indican.
Recuerdan también las organizaciones que ya se reunieron hace un año con representantes del Ministerio de Derechos Sociales, del Ministerio de Presidencia y del Ministerio de Justicia. Pasado este tiempo, viendo los “nulos avances”, en palabras de estas organizaciones, se vieron obligadas a pedir una nueva ronda de conversaciones a la que solo ha respondido el Ministerio de Derechos Sociales.
Una nueva ley para el acceso a la justicia
La nueva norma contempla reconocer y asegurar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición de estos crímenes con medidas como garantizar el acceso a los archivos, la realización de exhumaciones con cargo a fondos públicos, la atención médica, jurídica y psicológica gratuita, y la realización de campañas de información y difusión por parte de los poderes públicos.
La ley refuerza el acceso a la justicia de las víctimas quienes defienden que el robo de bebés fue un delito de lesa humanidad y que, por tanto, no prescribe y puede ser juzgado como tal
Además, refuerza el acceso a la justicia de las víctimas quienes defienden que el robo de bebés fue un delito de lesa humanidad y que, por tanto, no prescribe y puede ser juzgado como tal. Asimismo, se crearía una Fiscalía Especial, una Unidad especial de Investigación de la Policía Judicial y una Comisión Estatal por el Derecho a la Identidad, así como una base de ADN nacional.
Fuente → elsaltodiario.com
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