Pedro Patiño, verdad, justicia y reparación

 

Principio de los años setenta. Aquellos días, las calles de los barrios obreros de Madrid, las calles de la periferia madrileña de aquellas ciudades dormitorio del sur, fronteras de polígonos industriales, echaban chispas en medio del tenebrismo del blanco y negro decretado vilmente desde 1939. En aquellas jornadas, la tensión se podía cortar. El gris policía invadía como una fantasmagórica mancha de aceite las calles, los barrios, las obras. Un ejemplo de cómo se conquistó la libertad y el derecho de huelga, con la lucha y un alto precio en dolor y sangre.

Por eso, nunca consentiremos un retroceso en el derecho de huelga y cargaremos con todas nuestras fuerzas contra quienes lo intenten. Combatimos el intento de represión policial y judicial burda a más de 300 sindicalistas. Y lo hacemos contra quienes emplean otras vías, como los servicios mínimos abusivos. Hoy asistimos a un nuevo intento liberticida del Gobierno regional, impidiendo en la práctica del derecho de huelga a quienes trabajan en la enseñanza madrileña.

En 2021 serán ya 50 años. Fue el 13 de septiembre de 1971, en ese sur luchador y despreciado siempre por el poder, entre Leganés y Getafe. Un piquete animaba a la huelga en el sector de la construcción. Carteles y pasquines que decían: “Compañeros se acerca la hora de la lucha. Del 13 al 20 de septiembre huelga general de la construcción, ¡todos a una, compañeros, para sacarle nuevamente de la cárcel y conseguir nuestros derechos!” A quien había que sacar de la cárcel era al cura Paco, Francisco García Salve.

Pedro era parte del piquete, albañil de 34 años, estaba casado con Lola, de 26. Ambos estaban afiliados a CCOO y al PCE. Su vida era cuidar a los hijos, trabajar, formarse y militar activamente. Pedro, aquella mañana de libranza, vestía sandalias, su pantalón color hueso de obrero, camiseta y un jersey de lana hecho a mano.

El piquete realizaba su trabajo, cuando de repente apareció una furgoneta de la Guardia Civil y el sinsentido. El frío sonido de montar el arma, y un seco disparo que acababa con la vida de Pedro, el obrero, el albañil luchador.

Lola, Dolores Sancho, trabajaba en el despacho de abogados laboralistas de la calle de la Cruz, germen de todos los despachos posteriores. Manuela Carmena estaba dictándole una carta cuando saltó la noticia. Quedaba viuda y con dos hijos pequeños…

A pesar de la propaganda y mentiras oficiales, la huelga se vino arriba y la solidaridad se extendió por toda España. Los compañeros del piquete fueron detenidos y Jaime Miralles se hizo cargo, valientemente, de la defensa. El Tribunal de Orden Público los condenó por delito de “propagandas ilegales” a las penas de dos años de prisión y multa de diez mil pesetas, con arresto sustitutorio de treinta días.

Según la sentencia su crimen fue “arrojar y esparcir en obras y caminos, indeterminado número de hojas ciclostiladas, tamaño cuartilla, unas con el pie de Comisión Obrera Provincial de la Construcción de CCOO, otras con el pie del Comité de Madrid del PCE”.

La familia de Patiño tuvo que esperar hasta junio de 2009, bajo el paraguas de la ley de Memoria Histórica para que el Gobierno expidiera un reconocimiento, sólo personal, de que Pedro Patiño fue perseguido y encarcelado injustamente “sin las debidas garantías por el ilegítimo Juzgado Especial de Espionaje y Comunismo” y que murió “en defensa de su actividad política”. Ahora, el Gobierno de coalición ha reactivado esa ley de memoria con un texto, quizá tardío pero valiente y necesario. El Consejo de Ministros ya ha aprobado el anteproyecto de la nueva Ley de Memoria Democrática que busca el reconocimiento y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura. Esperamos que vaya más allá también en el caso de Pedro Patiño. Una ley tardía pero necesaria y justa.

Entre las medidas acordadas es de destacar la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo. Lo que seguramente implique, por fin, la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, una auténtica anomalía democrática. ¿Se imagina alguien una Fundación Adolfo Hitler en Alemania o Benito Mussolini en Italia? Y es que esta nueva ley, de 66 artículos, prohíbe la exaltación del franquismo y fija multas de hasta 150.000 euros por homenajear al dictador.

Personalmente y quizá por dedicarme a la enseñanza también me resulta especialmente importante que se cambie la forma de enseñar la dictadura, actualizando contenidos curriculares de enseñanza obligatoria y bachillerato. En este sentido coincido con muchas de las consideraciones de la carta -no exenta de cierta polémica- que Antonio Gutiérrez (secretario general de CCOO entre 1987 y 2000) ha enviado a título personal a la jueza Servini y, entre ellas, en la que afirma que “las leyes sobre la memoria son útiles para amparar investigaciones históricas y otras actuaciones que contribuyan a esclarecer hechos y aún procurar reparaciones a las víctimas de nuestro pasado. Pero la memoria de un país, no se legisla sino que se atesora enseñando su historia con objetividad y en algunos países como el nuestro aún es necesario el coraje para enseñarla sin mutilaciones. Esa enseñanza germina educando en valores cívicos a una generación tras otra”.

A esa lucha contra la desmemoria contribuimos las Comisiones Obreras de Madrid, duramente golpeados durante el franquismo y también la Transición. Por eso, además de una calle en Leganés, Pedro Patiño da nombre a la Escuela de Formación (ALEF) de Getafe y a la Escuela de Formación Sindical de CCOO de Madrid. Como cada otoño le recordamos, recordamos a esos imprescindibles, esos pioneros que sembraron las semillas de estas Comisiones Obreras que contra viento y marea crecen con sólidas raices exigiendo verdad, justicia y reparación, mirando al pasado honestamente y sin miedos.