Nuevo rumbo para la Memoria democrática

Nuevo rumbo para la Memoria democrática
Daniel Jiménez Vaquerizo - Mauricio Valiente Ots

La ley comienza su andadura

La retirada de los restos del sanguinario militar golpista Gonzalo Queipo de Llano de la basílica de la Macarena en Sevilla, al poco tiempo de la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, ha marcado el inicio de su aplicación. La norma es un éxito indudable del movimiento memorialista y de la izquierda, sus principales impulsores, a pesar de las diferentes valoraciones que se puedan hacer sobre sus contenidos y carencias. Lo que no cabe duda es que su ejecución y desarrollo no será tan sencilla como lo ocurrido en la capital andaluza.

El 30 noviembre Izquierda Unida de Castilla-La Mancha y el PCE llamaron la atención de un espacio similar de exaltación del golpe de Estado contra la democracia republicana, en un edificio tan icónico para los nostálgicos de la dictadura como el Alcázar de Toledo, donde se conservan en su cripta, en medio de toda una parafernalia al más viejo estilo fascista, las tumbas de los militares José Moscardó y Jaime Milans del Bosch entre otros. Este vestigio, que ofrece el marco para la reiterada realización de actos prohibidos por la ley de memoria, se ubica en la sede del Museo del Ejército que depende del Ministerio de Defensa. El gobierno ha comunicado el inicio de los trámites para la exhumación de los restos y la resignificación de este inadmisible anacronismo. Son tantos los antecedentes de actos de exaltación del franquismo en el Ejército, sin una reacción clara por parte de sus máximos responsables, que el escepticismo está justificado.

El Ministerio de Trabajo, ejemplo en aplicar la Ley

La aplicación de la nueva ley requiere un impulso político inequívoco, como lo ha demostrado la actuación del Ministerio de Trabajo. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, anunció seis días después de la entrada en vigor de la ley, la retirada de las medallas al mérito en el trabajo a Francisco Franco Bahamonde (1953), José Luis Arrese y Magra (1954), José Antonio Girón de Velasco (1945), al cardenal Enrique Pla y Deniel (1960), Juan Yagüe Blanco (1976), José Solís Ruiz (1973), José María Fernández de Ladreda (1943), Jesús Romero Gorría (1970), Félix Huarte Goñi (1964) y a José León de Carranza (1958), todos ellos destacadas personalidades de la dictadura. Además, el Ministerio de Trabajo ha iniciado ya los trámites para eliminar los símbolos franquistas de sus edificios. Entre ellos se incluye el del antiguo “sindicato vertical” de Cáceres, tal y como lo había reclamado la Asociación Memorial en el Cementerio de Cáceres (AMECECA) con el apoyo de Unidas Podemos en el Congreso. A raíz de la entrada en vigor de la ley, otras administraciones públicas ya han anunciado la apertura de los procedimientos para la retirada de los vestigios franquistas.

Iniciativas del movimiento memorialista

No podemos olvidar que la nueva ley tiene, al mismo tiempo que un componente de eliminación de vestigios que se arrastran del régimen dictatorial, un componente de construcción de memoria colectiva, de reconocimiento de aquellas aquellas personas que aportaron a nuestra identidad colectiva en la lucha por las libertades, la democracia y la justicia social. El pasado 31 de octubre se celebró una ceremonia oficial de reparación en la que el presidente del gobierno, de acuerdo a lo establecido en la ley de memoria, entregó un diploma a activistas o familiares, como Lucio Lobato, Julián Grimau, Xesús Alonso Montero, Alejandro Ruiz Huerta, Juana Doña y otras personas. Podemos discrepar de la fecha elegida y el tono de algunos discursos, pero lo relevante es que por fin hay un acto de reparación oficial que se suma a la nulidad de las condenas y las sentencias. Una ceremonia como la anterior debería repetirse en todas las comunidades y localidades del territorio español, ya que, aunque el título del reconocimiento lo expide el gobierno, es una magnífica oportunidad para implicar a todas las instituciones en su impulso y hacer pedagogía social de quienes hicieron posible con su sacrificio que nuestras vidas sean mejores.

Al mismo tiempo que la ley de memoria debe encauzar la actividad de las distintas administraciones, es un instrumento para hacer avanzar las reclamaciones de los movimientos sociales. En este sentido, la Plataforma por un centro de memoria en la antigua cárcel de Carabanchel ha solicitado declarar este espacio lugar de memoria democrática, una figura que contempla un nivel de protección y la necesidad de la divulgación pública de su significación. En el escrito que sustenta la solicitud se recuerda que la antigua prisión provincial de Madrid fue construida en su mayor parte por presos políticos y represaliados del franquismo, forzados a trabajar entre los años 1940 y 1944, y que en sus celdas fueron recluidos muchos de los presos políticos de la dictadura de toda España.

En otro escrito reciente, la Federación Estatal de Foros por la Memoria ha solicitado que el artículo de la ley que declara la ilegalidad e ilegitimidad de los órganos represivos de la dictadura y la nulidad de sus resoluciones, que califica como un acto de verdad, justicia y reparación, se inscriba de oficio en todos los expedientes y sentencias condenatorias. Se argumenta que la inscripción expresa de la nulidad es indispensable para la plena restauración de la dignidad y el honor de las víctimas, y contribuirá al mantenimiento de la memoria colectiva, tal y como ha insistido Fabián Salvioli, relator especial de Naciones Unidas sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. En opinión de los Foros por la Memoria, sería inaceptable que, cuando en el futuro las víctimas del franquismo o sus familiares, historiadores o cualquier ciudadano interesado en el pasado colectivo común accedan a esos expedientes y sentencias, éstos permanezcan inalterados tal y como los elaboraron los organismos que dirigieron la política de represión sistemática contra el adversario político durante el régimen franquista, «como si tales sentencias siguieran siendo firmes y justas».

Imprescindible la movilización y el impulso político

Todas estas iniciativas, junto con otras que se están poniendo en marcha, parten del impulso que ha generado la nueva Ley de Memoria Democrática, pero no se podrán desarrollar con éxito si no se acompañan de un aumento de la conciencia social, de la movilización y del compromiso de todos los responsables políticos. En el reciente aniversario del 20-N, donde se han desarrollado actos de exaltación del golpe de Estado y la dictadura, comprobamos cómo las previsiones legales tienen que ser ejercitadas con decisión para que no queden en letra muerta, ya que nos enfrentamos a grupos de presión con recursos económicos, así como con importantes conexiones en el poder judicial y mediático.

Los Presupuestos Generales del Estado ya han contemplado un importante incremento de las partidas destinadas a la memoria democrática; no dejemos de reclamar lo mismo en todas las administraciones que tienen competencias para ejecutar la ley. Entraremos en un intenso periodo electoral en pocos meses, lo que obliga a que el desarrollo reglamentario de la ley, la constitución de los organismos de coordinación administrativa o participación ciudadana previstos en la misma no se puedan retrasar. Hay que poner en marcha auditorias y comisiones especializadas como la prevista para las víctimas de la Transición. No hay tiempo que perder. Sin impulso político se pondrá en riesgo la oportunidad de dar un salto cualitativo a la consolidación de las políticas de memoria.

Por todo esto seguirá siendo necesario el fortalecimiento del movimiento memorialista y la movilización social en todos los frentes, para exigir el cumplimiento de la ley, para reclamar lo que queda pendiente por alcanzar, como la ley de bebés robados que el Ministerio de Justicia sigue sin desbloquear, o para consolidar reconocimientos, lugares y rutas de la memoria tan emblemáticas como la Desbandá que ya ha anunciado su próxima edición en febrero de 2023.

NUMANCIA DE LA SAGRA, UNA HAZAÑA DEL EJÉRCITO FRANQUISTA

Izquierda Unida de Castilla-La Mancha y el PCE reivindican la necesaria modificación de las denominaciones de los municipios toledanos de Alberche del Caudillo y Numancia de la Sagra y el de Llanos del Caudillo en la provincia de Ciudad Real. ‘Numancia de la Sagra’ se denominó Azaña hasta el 19 de octubre de 1936, cuando al comandante del batallón franquista del Ejército de ocupación le pareció que pudiera recordar al presidente de la Segunda República, Manuel Azaña, y lo sustituyó por el nombre del destacamento militar que dirigía.

(*) Responsables de la Secretaría de Memoria Democrática y del Área Ideológica del PCE


Fuente → mundoobrero.es

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