Las leyes de memoria, la última también, se olvidan de los responsables. No solo por la actitud de los políticos. La comunidad académica, salvo raras excepciones, renunció a ese ítem como objeto de investigación por diferentes razones.
Vaciada de uno de sus ingredientes fundamentales (el de la
búsqueda e identificación de los victimarios) a causa de la exoneración
decretada por la Ley de Amnistía de 1977 y por el blindaje proporcionado
por el Tribunal Supremo en 2012 con ocasión del intento de Garzón de
investigar los crímenes del franquismo, la memoria histórica de los
asesinados por los golpistas y por la dictadura, tal y como se gestiona a
nivel estatal, autonómico y local, no pasa de ser un sucedáneo de lo
que en puridad debería ser. Centrada en las víctimas de forma exclusiva,
hay quienes pensamos que el olvido de los que motivaron su condición es
un insulto a las mismas y que todos los esfuerzos en pro de ellas no
dejan de ser incompletos, por sumamente importantes que sean, a causa de
la forma en que se desarrollan, muy alejada de una perspectiva integral
útil de cara a futuro.
Las leyes de memoria, la última también, se olvidan de los
responsables. No solo por la actitud de los políticos. La comunidad
académica, salvo raras excepciones, renunció a ese ítem como objeto de
investigación por diferentes razones. Una de ellas, la de no enfrentarse
a posibles querellas por intromisión en el honor de las personas a las
que se pudiera aludir, posibilidad cuyo marco temporal no finalizará
nunca dado que las pueden suscribir descendientes de aquellas. Otro
factor es el de no confrontar con el marco jurídico instaurado por la
Ley de Amnistía y con el marco político de la Transición que inducía al
olvido. Así, el investigador percibe que las ondas de la piedra en el
plácido estanque pueden remover genealogías de personajes e
instituciones asentadas, además de herir la autocomplacencia sobre la
misma en que se ha instalado la inmensa mayoría de quienes forman el
gremio de historiadores oficiales, lo que puede conllevar la marginación
de los que se adentren en ese jardín. Obviamente todo ello arrastra al
activismo memorialista, en cuanto que sometido a los condicionantes
institucionales y académicos, si bien se detecta en algunas asociaciones
poco esfuerzo por sustraerse a ellos y poca proactividad.
La memoria sucedánea efectivamente instaurada por la normativa
vigente y por las pautas asentadas de gestión institucional de la misma
genera, sin embargo, diversos actos de teatralización engañosa, a menudo
profusamente difundidos por los medios con un relato ad hoc, que
persigue enmascarar su carácter objetivamente parcial.
Un ejemplo reciente ha sido la exhumación de Queipo de Llano de
la basílica de la Macarena. No hay dudas sobre la responsabilidad última
del exhumado, como vértice superior que representaba en la pirámide de
victimarios en relación con las decenas de miles de crímenes del
territorio a su cargo. Ahora bien, recordando las preguntas del célebre
poema de Brecht, uno tiene la impresión de que el tratamiento mediático
otorgado al hecho ha buscado la finalidad de borrar del mapa mental de
la ciudadanía la idea de que el mencionado general era la cúspide de una
cadena de mando de la que también formaban parte el resto de los
militares a sus órdenes, así como los líderes y militantes de los
partidos (carlista, falangista, alfonsino, cedista) que colaboraron con
la represión en sus diferentes escalas desde la base, formando la parte
civil sumamente activa del golpismo. Ellos conformaban una densa
retícula social que descendía hasta los pueblos, donde en la práctica se
confeccionaban las listas de los elementos a eliminar, facilitadas
luego a la policía, la Guardia Civil y los mandos castrenses y que
servía de guía para la actuación de los escuadrones de la muerte.
Similarmente a lo que acontece con Queipo de Llano en Andalucía,
sucede con Mola en nuestra tierra. Su exhumación, junto con la de
Sanjurjo, en 2016 del Monumento a los Caídos pamplonés pudo suponer una
especie de exorcismo que aliviara la desazón interior de muchos
políticos y ciudadanos navarros generada por la impunidad del
franquismo, pero, incluso reconociendo su entidad como cerebro de la
conspiración militar-civil y como victimario principal, tal y como
dictan sus instrucciones reservadas, en relación con lo acaecido en las
provincias a su cargo, ha de admitirse que muchos agentes más operaron
por debajo de él y con una gran autonomía además. En el caso de nuestro
territorio, que Mola abandonó a los pocos días, entre esos otros agentes
cabe mencionar a: los mandos militares que permanecieron en la
guarnición pamplonesa, los miembros de la Junta Central Carlista de
Guerra de Navarra y de sus Juntas de Merindad y de sus Juntas Locales;
los miembros de las Jefaturas Provincial y de las Jefaturas Locales de
Falange; las unidades de castigo carlistas y falangistas; y los sectores
de la ciudadanía que contribuía con sus delaciones y con su asistencia a
los espectáculos de humillación e incluso a los fusilamientos públicos,
en este último caso, como señalan los testimonios pamploneses, en un
clima de jolgorio.
Otro acto de teatralización engañosa está constituido, tal y
como se está llevando a cabo según hemos visto en las últimas semanas,
por la retirada de los honores y condecoraciones concedidos a personas
determinadas. Ese proceso, que ya fue desarrollado en Navarra en la
anterior legislatura, ha tomado de nuevo actualidad. El motivo, como es
sabido, la retirada, coincidente con la visita de Yolanda Díaz a
Pamplona, de la medalla otorgada hace décadas por el Ministerio de
Trabajo a Félix Huarte. Por ello, se ha producido un debate por la
circunstancia de que la persona referida, junto con Miguel Javier
Urmeneta, condecorados con la Medalla de Navarra en 2014 por el Gobierno
de UPN, figuraran en un informe pericial de la UPNA, filtrado a la
Cadena SER, y no, en cambio, en el listado de nombres que fue presentado
a la Comisión Técnica de Coordinación en materia de Memoria Histórica
en su momento y que dio lugar a la retirada efectiva de honores a
quienes se mencionaban en este último. Algo discordante recordémoslo,
con la circunstancia de que todos los grupos parlamentarios, salvo UPN y
PP, solicitaran la retirada de aquellas medallas en 2014 tan pronto
como se concedieron.
Siendo relevante la cuestión de las condecoraciones y de los
honores, es evidente que obvia a la más importante de los victimarios,
algo a lo que ni el Gobierno del Estado ni el de Navarra se referirán, y
que tampoco ha supuesto eje central alguno en los diferentes informes
periciales de la Universidad Pública de Navarra (basta ver el de
Pamplona, que se evade de la cuestión, mencionando en un párrafo mi
libro Sin Piedad).
Si en lugar de dirigirse a la identificación de los responsables
de los más de tres millares de asesinatos en 1936-1939 y de las
conculcaciones de derechos de las décadas siguientes, incluyendo también
a las de las últimas, las instituciones optan por la retirada, aunque
sea en revisión continua, de reconocimientos y honores como argucia
sustitutiva fraudulenta de lo que, por lo visto, no puede ser nombrado
(porque nos sumerge en la penosa realidad de que el mal habitó entre
nosotros), hágase entonces con criterios definidos y cerrados globales
y, sobre todo, con independencia de tergiversaciones, navajeos políticos
y filtraciones a determinados medios que bien poco han hecho
históricamente por la memoria histórica. Recuerdo que los criterios a
emplear desde un punto de vista legalista deben enmarcarse en el
contexto del artículo 40 de la Ley de Memoria Democrática (que menciona
como causa de retirada de las condecoraciones su incompatibilidad con
los valores democráticos, su carácter de exaltación de la sublevación
militar o la dictadura o el haber sido concedidas a los integrantes del
aparato represivo del franquismo), mucho más estricto que lo que señala
el artículo 12 de la Ley de Memoria de Navarra (que ordena, sin más, la
retirada de distinciones y nombramientos “de personas vinculadas con el
régimen franquista”). Por cierto, aplicando esos criterios a los
receptores de las más importantes condecoraciones y premios oficiales
navarros en las últimas décadas, advierto la existencia de diversos
nombres de particulares y entidades que nadie ha sacado a relucir estas
semanas y que no parece que se mencionaran en el citado informe de la
UPNA. Igualmente en dicha universidad hay un espacio nominado con el
nombre de alguien de infausta memoria para algunos colectivos
específicos de represaliados.
Fuente → deia.eus
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