La ley de familias: un paso insuficiente en la buena dirección

El pasado miércoles 14 de diciembre, el consejo de ministros aprobó la llamada “ley de familias”. Ésta incorpora nuevos permisos relacionados con los cuidados, una mejora de las transferencias y modifica políticas ya existentes para hacerlas más inclusivas a situaciones laborales y modelos familiares diversos. La ley es un paso importante en el camino hacia el reconocimiento de los cuidados y la reducción de las desigualdades de género que éstas generan en el ámbito del mercado de trabajo. Sin embargo, se queda muy lejos de generar un cambio de paradigma en el modelo de bienestar.

¿Cuáles son las políticas de apoyo a la crianza existentes antes de la entrada en vigor de la nueva ley? Por un lado, ambos progenitores tienen acceso a permisos de maternidad y paternidad intransferibles de 16 semanas, 6 de las cuales deben cogerse obligatoriamente después del nacimiento de la criatura. Este período se puede alargar añadiéndole los días de lactancia y el período de vacaciones. Asimismo, los padres y madres pueden reducir su jornada laboral entre ½ y 1/8 de ésta, hasta que la criatura tiene 12 años, con la correspondiente reducción de salario, o pueden acogerse a un permiso sin remuneración de hasta 3 años. Por otro lado, el Estado español no ofrece ninguna ayuda universal, pero sí diferentes ayudas pequeñas a familias con ingresos muy bajos, con situación de dependencia o de un único progenitor. Cabe añadir, que las guarderías siguen siendo escasas y caras, especialmente en territorios rurales.

Los cuidados son imprescindibles para la sostenibilidad de la vida. A pesar de su importancia, las políticas de conciliación se plantean en torno al mercado laboral, lo que privilegia el tiempo dedicado a los trabajos productivos por encima de los reproductivos. Además, son las mujeres quienes siguen encargándose en mayor parte de las tareas domésticas y de cuidados, y son las que acostumbran a tomar las excedencias o a trabajar a tiempo parcial para hacerse cargo de la crianza, con las consecuencias negativas que este hecho genera sobre su vida laboral o a largo plazo, sobre su pensión de jubilación.

Como resultado de este panorama de políticas insuficiente, las familias hacen malabares para poder conciliar la crianza con el mercado laboral. La mayoría de ellas suele recurrir a la familia extensa, sobre todo a abuelas y abuelos, pero aquellas que pueden permitírselo contratan a personas para que se encarguen de las tareas domésticas y de cuidados. La dificultad para conciliar familia y trabajo genera diversos problemas sociales. Por ejemplo, este informe muestra cómo los problemas estructurales del mercado laboral y la falta de políticas públicas son la causa de que España tenga una de las tasas de fecundidad más bajas de la Unión Europea (1.9 hijos por mujer) y la edad de tener más hijos más elevada (31 años).

En este contexto, es imprescindible que desde todas las administraciones públicas se contribuya a dar la centralidad que los cuidados requieren, y que se responsabilicen de no dejar a las familias a su suerte. Ejemplos de buenas práctica son el diseño de tarificación social del Ayuntamiento de Barcelona, la provisión gratuita del P2 o el programa Tiempo x Cuidados de la Generalidad de Cataluña.

La nueva ley de las familias aprobada por el consejo de ministros presenta interesantes avances a este respecto. Consta de cuatro bloques esenciales. En primer lugar, se crean nuevos permisos. Se establecen cinco días retribuidos para atender situaciones de cuidado, no sólo a infantes y gente mayor, sino también a familiares y convivientes. Además, otros cuatro días por situaciones familiares imprevistas, no retribuidos. También, se crea un permiso no remunerado de ocho semanas para cuidar a menores hasta los 8 años, que puede cogerse de forma flexible. Estos nuevos permisos son, sin duda, algo positivo, también porque extienden el espacio de cuidados más allá de la relación filial. Ahora bien, no cambia el problema estructural de unos permisos remunerados intransferibles de sólo cuatro meses, cuando la lactancia materna se recomienda los seis primeros meses de vida, y las guarderías escasean tanto. Sería preferible aumentar los permisos intransferibles a 6 meses cada uno y crear un permiso remunerado adicional. Tampoco resuelve la desigualdad de género en este ámbito, pues seguramente sean las mujeres quienes se acojan en mayor número estos permisos.

En segundo lugar, se garantiza un “derecho subjetivo” a la atención temprana (en la educación de 0 a 2 años), que permite a las personas acudir a los tribunales para reclamar una plaza si la comunidad autónoma no la ofrece. Este derecho puede suponer un paso adelante desde el gobierno central, sobre todo porque las competencias en esta materia son de las comunidades autónomas. Así pues, habrá que ver en qué se traduce, ya que su implementación efectiva depende del precio y de las plazas ofrecidas por las comunidades y municipios, así como de su financiación.

En tercer lugar, se consolida una “renta de crianza” de 100 euros para madres trabajadoras con hijos menores de tres años, extendiéndose para personas sin trabajo con prestaciones contributivas o no contributivas de paro o con 30 días trabajados. Este paso es interesante, pero quedan fuera las personas que más necesitan de esta “renta”: las personas sin experiencia laboral y sin ningún subsidio contributivo. Pese a que la preocupación por no incentivar carreras laborales discontinuas entre las madres, cabría plantearse transferencias más generosas y universales dadas las elevadas tasas de pobreza infantil.

Por último, las familias con un solo progenitor se equiparan en derechos a las numerosas, se aumentan los beneficios a las parejas de hecho, y se garantiza el derecho a los menores a la educación, anulando el “pin parental”. Avances en este sentido son positivos, pero todavía existen carencias en el acceso a los derechos para familias del mismo género, y en la situación de las familias monomarentales, las cuales sufren mucha pobreza. Además, las formas de convivir son cada vez más diversas, como es el caso del cohabitaje o la crianza colectivas, realidades que aún van muy por delante de la ley.