Por las reivindicaciones políticas y sociales: Cortes Constituyentes y soberanas que hagan ley la voluntad popular

Con el telón de fondo de la guerra de Ucrania cuyas consecuencias se sienten en forma diversa en todas partes; con el aumento de los gastos militares, la destrucción de bienes y la recesión económica y social…; así sigue su curso la crisis del sistema político y constitucional español.

Después de once días de huelga indefinida de los médicos de Atención Primaria y de los pediatras, las negociaciones entre la Comunidad de Madrid y los huelguistas están rotas. Los médicos no pueden aceptar que, con la miseria presupuestaria, puedan desarrollar su labor en atención de los pacientes. La Comunidad de Madrid dirigida por el PP, con el apoyo de Vox se niega a modificar sus planes de desmantelamiento de la sanidad pública, que domina desde hace veinte años la política oficial en beneficio exclusivo de la privatización de la misma, que la pone en manos de los banqueros y fondos buitre.

Los sindicatos médicos que dirigen la huelga plantean que sus reivindicaciones no son políticas sino meramente “profesionales”, mientras que la presidenta Isabel Ayuso les acusa de hacer política con la huelga. En otras Comunidades autónomas se conocen movilizaciones similares contra la miseria presupuestaria y las privatizaciones; y en varias de ellas, como Cataluña, también se convocan huelgas. El alcance de la huelga de una parte de la sanidad pública de Madrid y sus reivindicaciones -que exigen sin decirlo expresamente la reversión de las privatizaciones y la aprobación de unos Presupuestos que permitan contratar los médicos y auxiliares sanitarios necesarios- no es una mera cuestión “profesional”; es por contra una cuestión política y social en primer plano, que afecta a la salud y la vida de millones de personas y a todo el personal que trabaja para la administración pública. La solución no puede ser sino política: reversión de las privatizaciones en beneficio de la recuperación de la sanidad pública y de calidad, reivindicaciones que dependen directamente de los presupuestos y de las decisiones a tomar por los gobiernos y asambleas elegidas, de la derogación de las leyes y presupuestos que permiten la destrucción sanitaria.

Una vez más estamos ante la necesidad de poner el acento en las políticas públicas y democráticas frente a las privatizaciones y los pelotazos, de forma que todas las organizaciones sindicales y políticas y toda la población está llamada, por sus intereses, a apoyar la huelga de la Atención Primaria, pediatras y demás personal. Solos tienen muy difícil ganar las reivindicaciones que defienden con la huelga, por eso hay que plantear la necesidad de una Huelga General de toda la sanidad y la movilización de la población afectada.

No hacer política para que una minoría privilegiada la haga en su beneficio exclusivo se ha convertido en una norma constitucional del sistema político, que supone el secuestro general de las libertades políticas y sociales, el secuestro de la voluntad popular expresada en el voto de la mayoría. La realización de las tareas democráticas y sociales que afectan a la inmensa mayoría de la población se encuentran directamente relacionadas con las leyes e instituciones que detentan el poder político y económico.

Vivimos en medio de una situación de militarismo y guerra, amenazados por una tendencia regresiva en todos los terrenos. La Ley de leyes del régimen de la monarquía, la Constitución del 78, establece poderes que nadie elige ni controla encabezados por la monarquía, convertida en el vértice de todo el sistema. Y cada cuatro años se llama al pueblo a que elija representantes que tienen limitadas sus facultades de decisión, en tanto que las Cortes soberanas no gozan de la soberanía que el pueblo les da. Lo que permite a los poderes fácticos, que el pueblo no elige ni controla, establecer su poder de hecho para imponer sus privilegios. Esta forma de gobierno, en la que el pueblo, los pueblos, son llamados a participar en la vida pública, pero se secuestra su voluntad expresada en cada momento, es la forma constitucional española establecida en 1978.

Como la acción política no puede sino desarrollarse al mismo tiempo que la acción social, en las direcciones de ciertos sectores del movimiento reivindicativo se pretende la división artificial entre lo político y lo social, lo cual impide la realización de las transformaciones políticas, económicas e institucionales que se demandan. Se niega de esta manera, y en última instancia, el cambio político y social.

Por ello, la soberanía de las asambleas elegidas por el pueblo, y en particular las Cortes Generales, deben tener en sus manos todos los poderes del Estado, en una Cámara única que debe concentrar todo el poder público. Esa es la regla de oro de la democracia: el poder del pueblo para el pueblo.

Para barrer de manera definitiva la herencia franquista, los privilegios de la Monarquía, de la Iglesia y del Ejército, impedir el Estado policial y el sometimiento a los dictados de las políticas de Unión Europea y de la OTAN, es imprescindible la derogación de la Constitución pactada bajo amenaza de golpe de Estado.

En tanto que la Constitución española, como Ley de leyes del régimen, impide la soberanía de las Cortes Generales, viene de esta forma a negar la democracia, es decir, el poder del pueblo. Las Cortes vienen funcionando como una cámara otorgada y de consenso, destinada a facilitar la corrupción y los privilegios de las instituciones no elegidas, donde se permiten los desahucios masivos de familias trabajadoras de sus viviendas, la privatización de todo lo público, las leyes represivas que conculcan derechos y libertades.

Las Cortes Constituyentes que pueden hacer ley la voluntad popular, las reivindicaciones y aspiraciones de la mayoría, no pueden estar sometidas a una Constitución que preserva el poder a los herederos de Franco, persiguiendo las libertades políticas y sindicales, negando la independencia de sindicatos y partidos; impidiendo con la represión las libertades políticas y sindicales y los derechos de las nacionalidades.

La democracia, la soberanía de los pueblos, exige unas Cortes Constituyentes Republicanas con todos los poderes del Estado, que derogue la Constitución del 78 y dé respuesta positiva a las principales demandas de los trabajadores y pueblos:

– ¡Alto a la guerra! Retirada de tropas y anulación de los planes de armamento.

– Ruptura con las políticas de guerra y miseria de la OTAN y de la Unión Europea

– Acabar con la impunidad de los crímenes del franquismo: ¡Por la verdad, la justicia y la reparación de todas las víctimas! Eliminación de todos los vestigios franquistas.

– Separación Iglesia-Estado: Derogación de los Concordatos, ¡Fuera la religión de la escuela!

– Defensa de las reivindicaciones feministas por la plena igualdad.

– Reversión de todas las privatizaciones de la sanidad, la educación y las pensiones. Nacionalización sin indemnización de los servicios públicos fundamentales.

– Aumento general de salarios y pensiones; salario y pensión mínima de 1.400 euros.

– Derecho de autodeterminación de los pueblos.

– Reforma agraria que entregue la tierra a los campesinos.

– Expropiación de todos los bienes y capitales producto del saqueo y la corrupción.

Por todo ello exigimos el derecho político democrático a decidir entre Monarquía o República mediante referéndum legal y vinculante.

El 6 de diciembre acude a la manifestación contra la Constitución monárquica. De la Plaza de Cibeles a la Plaza de Callao, a las 12h. ¡Viva la República!