La crisis está siempre en el origen de todos los países democráticamente constituidos. También en los que no lo están. Pero estos los podemos dejar de lado en este momento, ya que España afortunadamente se encuentra instalada entre los primeros.
España tardó en incorporarse al club de las democracias parlamentarias. En la primera ocasión que tuvimos en los años veinte del siglo pasado, en el momento decisivo de 1923, en que se podría haber dado el paso de transitar de la monarquía española a la monarquía parlamentaria, el rey Alfonso XIII optó por la dictadura de Primo de Rivera, arriesgando la propia supervivencia de la institución monárquica.
En la segunda ocasión, la reacción frente a la república democrática sería todavía más terrible. Una sublevación militar que desembocaría en una guerra civil impediría que la democracia parlamentaria pudiera estabilizarse en nuestro país. Se acabaría imponiendo una espantosa dictadura que mantendría su dominio sobre el país hasta la muerte del general Franco.
Esta es la razón por la que España ha sido el último país de Europa occidental que se ha constituido democráticamente. Y que se constituyó muy marcada por la herencia de los cuarenta años de dictadura posteriores a la Guerra Civil. El régimen del general Franco consiguió dejar una huella muy profunda en la Constitución de 1978. Huella que todavía pervive en el sistema político construido a partir de dicha Constitución y que se expresa de varias maneras.
El debilitamiento de las instituciones, que es la principal preocupación expresada por el rey Felipe VI en su discurso de Navidad de este año, tiene su origen en la forma en que se transitó de las Leyes Fundamentales a la Constitución. España no hizo el ajuste de cuentas que debería haberse hecho con los cuarenta años de dictadura y aceptó no solamente una monarquía impuesta por el general Franco, sino también unas Cortes Generales definidas en su composición y sistema electoral por la Ley para la Reforma Política aprobada por las Cortes del régimen franquista. Hubo más debate en las Cortes franquistas que en las Cortes constituyentes respecto de la composición y fórmula electoral del Congreso de los Diputados y el Senado.
El poder constituyente del pueblo español no se extendió ni a la monarquía ni a las Cortes Generales. El poder constituyente hizo suyas la configuración de ambas instituciones que venían del régimen nacido de la Guerra Civil.
Este vicio de origen ha marcado a la democracia española de manera indeleble. La democracia española no ha sido capaz de liberarse de las ataduras con las que nació. De ahí la imposibilidad de renovar la legitimidad del sistema político mediante la reforma de la Constitución y de ahí la enorme dificultad de renovar los órganos constitucionales que exigen la misma mayoría que la reforma: Tribunal Constitucional y Consejo General del Poder Judicial.
Los vicios de origen de la Constitución de 1978 van haciendo que las instituciones sean cada vez más frágiles y que el sistema político padezca crisis recurrentes de legitimidad.
Son vicios muy difíciles de erradicar porque ni siquiera se reconoce su existencia. A pesar de que tales vicios nos hayan conducido a crisis en la estructura del Estado, como ocurrió con la reforma del Estatuto de Autonomía de Catalunya, o a crisis como la que acabamos de vivir esta misma semana, con un asalto a las Cortes Generales desde el Tribunal Constitucional, algo inédito en el derecho comparado en general e inimaginable en cualquiera de las monarquías parlamentarias europeas.
Estos vicios de origen son los que lastran el discurso del rey de manera insoslayable. Formalmente el discurso ha sido correcto y la puesta en escena ha sido brillante. El problema es que en un momento crítico y hasta angustioso como el que estamos atravesando, dicho discurso no va a tener el mínimo efecto en la sociedad española. Ha entrado por un oído y saldrá por otro. Es así, independientemente de la voluntad del rey.
Fuente → eldiario.es
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