Tras las manifestaciones en honor a Franco, las asociaciones memorialistas han pedido al Gobierno que considere la apología del franquismo como delito
Tras las manifestaciones en honor a Franco, las asociaciones memorialistas han pedido al Gobierno que considere la apología del franquismo como delito / Luis Mejía García
 
Tras la celebración de los actos de homenaje a Franco por el 20N, entidades memorialistas piden al Gobierno que tipifique la apología del franquismo como delito en el Código Penal para que no solo se persiga con las sanciones económicas contempladas en la ley de memoria

 

Un año más se celebraron homenajes a Franco por el aniversario de su muerte el 20 de noviembre, algunos convocados por la Falange. La ley de memoria que aprobó el Congreso en octubre contempla sanciones contra los convocantes de actos públicos que supongan una apología del franquismo y el Gobierno tiene previsto penalizar a las personas que participaron en ellos, como avanzó la Agencia Efe.

El Ministerio de la Presidencia no ha confirmado aún qué medidas concretas se están poniendo en marcha para castigar este tipo de actos.

Por su parte, entidades memorialistas como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) han pedido al Gobierno regular a través del Código Penal la apología del franquismo en condiciones similares a la del terrorismo. Sin embargo, los expertos consultados creen que tendría un difícil encaje jurídico, más allá de las sanciones económicas que prevé la nueva ley de memoria democrática.

Te explicamos cómo se sancionan la apología y la exaltación del franquismo con esta ley y qué conflictos jurídicos puede generar si se incorpora como delito en el Código Penal. 

¿Qué dice la ley de memoria sobre la apología del franquismo?

Lo que establece la ley de memoria es un “régimen sancionador”, como explica Germán Teruel, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Murcia. Es decir, recoge multas económicas contra la celebración de “actos públicos contrarios a la memoria democrática que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares y supongan exaltación de la sublevación militar, de la guerra o de la dictadura” (artículo 38) .

Por tanto, “no hay un nuevo tipo penal, ya que no se ha modificado el Código Penal y los límites a la libertad de expresión no han cambiado en ese sentido”, como puntualiza Javier Tajadura, experto en Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco. Lo que recoge el texto, por tanto, es una relación de multas que van de los 200 a los 150.000 euros (artículo 63).

El documento categoriza como infracción muy grave, por ejemplo, la convocatoria de actos o campañas que “inciten a la exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, la guerra o la dictadura” o el hecho de no adoptar “las medidas necesarias para impedir o poner fin” a estos actos. El texto indica, además, que en el caso de que se detecte la celebración de este tipo de homenajes públicos “las autoridades competentes” los pondrán “en conocimiento del Ministerio Fiscal”. 

¿Es compatible penalizar la apología del franquismo con el derecho a la libertad de expresión?

Para los expertos consultados, la penalización de la exaltación del franquismo puede suponer un problema de encaje constitucional: “La clave está en cómo se interprete [el punto sobre la humillación a las víctimas]. Si interpretamos que cualquier manifestación filofranquista supone una exaltación y comporta una vejación de las víctimas, estaríamos, a mi juicio, invadiendo la libertad de expresión”, explica Teruel.

Aunque “un límite a esta libertad es precisamente que no haya vejación a las víctimas, se suele interpretar de forma restrictiva; no cualquier actuación de exaltación del franquismo tiene que comportar ese descrédito a las víctimas. En principio, que unos señores se paseen con las banderas de Franco estaría amparado por la libertad de expresión”, recalca.

Teruel advierte del riesgo de dejar en manos de un Gobierno la penalización de este tipo de comportamientos. “En este caso, quien va a resolver si hay un descrédito a las víctimas en primera instancia es la autoridad administrativa. Esto puede ser problemático, porque la independencia de un juez a la hora de resolver estas cuestiones no es la misma que la de una administración, y además, estamos hablando de materias muy sensibles. Es un problema, en general, derivado de este tipo de regímenes sancionadores. Puede ser peligroso atribuir esas competencias a la autoridad gubernativa”. 

¿Sería posible convertir en delito la apología del franquismo?

En opinión de Tajadura, no es posible considerar este tipo de manifestaciones, como las que se produjeron el 20 de noviembre, como delito por cuestiones de precisión. “Yo creo que [la apología del franquismo] no tiene cabida como delito y como sanción administrativa también puede generar algunos problemas”, explica. “Los tipos penales tienen que ser precisos y la exaltación del franquismo podría no serlo. Hay que delimitar bien qué es, incluso para la sanción administrativa; [ahora mismo] no está suficientemente tipificado con la precisión que exige la seguridad jurídica de las personas”.

¿Cómo se podría introducir una tipificación de la apología? Hay una vía: “La doctrina del Tribunal Constitucional nos hace ver que se puede criminalizar la expresión de una idea cuando de esa expresión se derive un riesgo cierto para alguien, un peligro real. Si una persona dijera, por ejemplo, que hay que matar a los judíos, estaría creando un riesgo. De ese discurso, se entiende que se incita al odio y en esos casos hay que limitarlo”. 

Las asociaciones memorialistas piden al Gobierno tipificar la apología del franquismo

Sin embargo, las asociaciones por la memoria democrática ven claro que sí ha habido exaltación del régimen y ya han pedido al Gobierno que sea más contundente a la hora de perseguir este tipo de manifestaciones, dado el margen que les da la ley para imponer multas.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) presentó el día 21, después de estas celebraciones, un escrito dirigido al Ejecutivo en el que reprochaba “la pasividad de las instituciones ante las numerosas manifestaciones de exaltación de la dictadura que agreden a las víctimas” y exigía responsabilidades a la Delegación de Gobierno por haber permitido esas celebraciones.


Fuente → newtral.es 

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