¿Podrá la ley frenar la exaltación del franquismo?

En sus primeras semanas de vida, la ley de Memoria Democrática no ha podido impedir que se hiciera apología del franquismo en los homenajes del pasado domingo, 20 de noviembre, en Madrid. Es una evidencia. La cuestión es por qué no se prohibieron las concentraciones, por qué no actuó la Policía cuando cantaban el Cara al sol con el brazo en alto. Y no son los únicos interrogantes: ¿Por qué se mantienen esculturas como la Cruz de los Caídos en el centro de Alicante, o el obelisco franquista de Tortosa, en recuerdo de la batalla del Ebro? ¿Por qué aún se venden souvenirs con el retrato de Franco o la bandera con el águila?

La nueva ley de Memoria busca saldar la deuda pendiente con las víctimas de la dictadura, y junto a políticas integrales de memoria democrática, prevé sanciones –de hasta 150.000 euros– si se produce un enaltecimiento del franquismo (o de sus protagonistas) que suponga –es condición indispensable– una humillación a las víctimas. La vía punitiva tiene límites. Siempre es así. Los derechos fundamentales no son absolutos, sino que deben coordinarse unos con otros. Y por repulsiva que resulte para los demócratas la expresión de determinadas ideas, la Constitución protege la libertad de expresión y de reunión y la democracia española no es militante, cualquiera puede declararse franquista o nazi y exhibir sus símbolos.

“La ley no persigue cualquier exaltación del franquismo, sino la que incluya la humillación de las víctimas. Y eso hay que interpretarlo con sentido común. Una sanción no hará que las personas piensen de otra forma; al franquismo y al fascismo hay que combatirlos de manera eficaz”, subraya Mauricio Valiente, diputado de Unidas Podemos que participó en la elaboración de la ley.

Como siempre, hay que analizar caso a caso. “La manera de aplicar constitucionalmente la ley de Memoria con respecto al enaltecimiento del franquismo puede equipararse a la persecución de la exaltación del terrorismo –apunta Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla–. Si un etarra sale de la cárcel, no se puede prohibir que la familia lo celebre. Otra cosa es lo que ocurra en el transcurso de un homenaje”.

Urías subraya que la jurisprudencia, sobre todo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, avala que se prohíba no ya la incitación directa –decir ‘que vuelva Franco, que se dé un golpe militar’–, sino también la indirecta. “El saludo romano en un acto de partido está permitido, pero en otro contexto y si se hace de forma amenazante, haciendo notar ‘cuidado, que estamos aquí’, se puede sancionar, y lo mismo con el Cara al sol , que es un cántico casi de guerra”, señala. En cuanto a los souvenirs, lo considera expresión de una ideología. “Pero hay que ver qué uso se le da. Y si es una pegatina que pone ‘vamos a fusilar rojos’, eso es sancionable”, afirma.

Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, no son optimistas respecto a las posibilidades de atar en corto la apología del franquismo. Para su presidente, Emilio Silva, “la nueva ley es muy laxa, pero sobre todo falta voluntad política”. Silva lamenta que el enaltecimiento del franquismo no se haya incorporado en el Código Penal, con un trato similar a la apología del terrorismo. “En los actos del 20-N se celebra el golpe militar, la dictadura, el asesinato de mi abuelo. Y diré algo, algunos de esos terroristas a los que se hacen homenajes han sido condenados, pero los franquistas que secuestraron la democracia no han pagado”, constata.

La ley también prevé que el Gobierno central, con las demás administraciones públicas, elabore un catálogo con los símbolos franquistas en lugares públicos que deberán ser retirados, e incluye sanciones por incumplimiento.

Junto a la ley de Memoria, la mayoría de comunidades tiene legislación propia en esta materia, y los niveles de exigencia son distintos. “La ley estatal se fija en la consecuencia, si hay humillación de las víctimas en el homenaje, por lo que la sanción de los actos del 20-N solo puede ser a posteriori. Otras legislaciones, como la balear, se fijan en la finalidad, que se convoque para ensalzar el golpe militar o la dictadura. Habría que homogeneizar”, señala Margalida Capella, profesora de Derecho Internacional Público de la Universitat de les Illes Balears.

“Veremos si hay sanciones para los actos de Madrid –añade Capella–. Y en algún momento habrá un recurso ante el Tribunal Constitucional por posible violación de la libertad de expresión y a ver qué dice, podría declarar inconstitucional parte de la ley de Memoria. El Tribunal de Luxemburgo se ha pronunciado sobre actos de exaltación con respecto al holocausto, pero no es equiparable; aquí los crímenes del franquismo no se han considerado genocidio”.

Los homenajes del 20-N se permitieron porque, salvo riesgo de violencia, se autorizan todas las manifestaciones. Así lo argumenta el Gobierno, que ha abierto expedientes sancionadores y ha pedido vídeos, atestados y otras pruebas que puedan acreditar conductas contrarias a la ley.

¿Y qué pasa con la policía, que no actuó? La nueva legislación prevé sanciones para quien no impida o no ponga fin a un acto de exaltación. “En Madrid, vimos el comportamiento de las fuerzas de seguridad, en algunas imágenes se ve que se limitaron a estar presentes”, subraya el senador de ERC Josep M. Reniu, que señala que “las administraciones tienen que ser proactivas para que no se repita lo de este 20-N, y ya veremos la capacidad que hay de sancionar”.

Más restrictivo, el profesor de Derecho Internacional Público de la Universidad Complutense de Madrid Jorge Rodríguez, apunta que “todo acto que implique un recuerdo de la dictadura en positivo es en sí una exaltación porque se promueve que siga vigente y merezca loa pública” Y subraya que “no es lo mismo que recordar el franquismo como un periodo totalitario y represivo, que dejó un reguero de víctimas”.

En todo caso, una opinión generalizada es que la ley de Memoria llega tarde, como ya lo hizo la del 2007. “Como toda ley desfasada en el tiempo, en cierto modo no soluciona lo que en Alemania o Italia se llamó desnazificación o erradicación del fascismo”, constata el magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín. Y subraya que la ley de Amnistía de 1979 no afecta a los delitos de lesa humanidad, tortura y genocidio “que cometió Franco sin duda”, por lo que cuestiona que no se inicien causas judiciales por tortura, que podrían dar lugar a acciones penales.