Memoria Democrática y franquismo
Manuel Márquez Berrocal Los
historiadores/as utilizamos el método científico de las ciencias
sociales, nuestros estudios elaboran explicaciones racionales y de valor
universal, buscando la confirmación de los hechos históricos, sean o no
complacientes con el poder o la sociedad de nuestro tiempo.
La Memoria Histórica tiene
como objetivo que los hechos del pasado sean una lección, digna de ser
transmitida a las futuras generaciones. De los crímenes franquistas se
pueden extraer valores universales, como la defensa de la justicia, los
derechos humanos y la justicia social en cualquier parte del mundo.
Construir una identidad terrassense sobre los recuerdos de nuestra
historia y de los terrassenses/cas.
Los historiadores/as dedicados
a la memoria, en estos años, y que todavía seguimos el trabajo,
intentamos conocer lo que realmente pasó –a pesar de las limitaciones
pasadas y presentes (prohibición de acceso a fuentes y archivos),
incluida la actual ley de Secretos Oficiales–, algo que algunos
historiadores positivistas ven como una acción cognitiva ideológica,
como si su posición no lo fuera.
Los historiadores/as
explicamos y analizamos los hechos ocurridos en Terrassa y en todas
partes; si esto supone que algunas personas o instituciones tengan que
dar explicaciones de su papel en los hechos no depende de nosotros, sino
de los ciudadanos/as, organizaciones memorialísticas e instituciones
democráticas.
Nuestra posición personal –a
la que tenemos derecho– no invalida ninguna investigación, ni pone en
entredicho nuestra neutralidad, como dicen los historiadores
revisionistas, para ellos hay que esconder un pasado desagradable y
evitar el debate público. Así no se cierran las heridas, sino que se
infectan y llegan a gangrenar, como está ocurriendo en España.
La ley de Memoria Democrática
(2022) y la de Memoria Histórica (2007) fueron el resultado de la lucha
de las víctimas del régimen franquista contra una legislación heredera
de la llamada Transición democrática, que se olvidó conscientemente de
ellas.
Por último, las instituciones
democráticas han establecido las medidas legales para recuperar el honor
de quienes sufrieron vulneración de derechos durante la guerra civil,
la dictadura franquista y la Transición.
La supuesta reconciliación
nunca existió, pues miles de personas –114.000 siguen en las
fundiciones– nunca habían sido reconocidas como víctimas del franquismo,
ni recibieron verdad, justicia y reparación. Quien hoy, en 2022, nos
dice que la Transición fue un momento de concordia y que buscar los
derechos de las víctimas de la dictadura es reabrir heridas se sitúa al
margen de los derechos humanos y de los valores democráticos.
La retirada de todos los
honores y distinciones concedidas por el franquismo a diferentes
personas y entidades de Terrassa supone un ejercicio de democracia,
puesto que su concesión se hizo por un régimen ilegítimo instaurado por
la fuerza, después de una cruel guerra civil – resultado de un golpe de
estado militar fascista contra el legítimo gobierno republicano– y con
una brutal represión que duró hasta la Transición.
Los receptores de los honores y
medallas o sus herederos no pueden alegar ignorancia sobre la realidad
en la que vivían en la Terraza franquista, como hemos explicado en el
libro “Combate por la Libertad” y su carácter ilegal y represivo.
Podría entenderse que la connivencia con el régimen de algunas personas
–deportistas o sanitarios– no quería apoyar la dictadura, y que quizás
sus méritos habrían sido igualmente reconocidos en democracia. Si así
lo consideran, que pidan ese reconocimiento a la administración
democrática para que se puedan estudiar.
La historia no ha silenciado a
nadie, nuestros hemos analizado la represión, pero también los
represores, esos que recibieron distinciones aparecían en los libros,
periódicos o documentos de la época. La pretensión de que todo quede
como está, como si nada hubiera sucedido durante la brutal dictadura
franquista en Terrassa, es imposible por los motivos expuestos, y porque
sería una vulneración de la nueva ley de Memoria Democrática. Hablar
de exceso de memoria cuando todavía existen en todo el Estado español
114.000 familias que no han encontrado los restos de sus familiares
víctimas del terror franquista se convierte en un insulto para todas
estas personas, sus familiares y amigos.
Varias instituciones
internacionales han denunciado el desinterés y trato inhumano
diferenciados y desigual para las víctimas del franquismo por parte de
la administración española. Querer ahora blanquear la dictadura con
argumentos pueriles, que parecen situar a las personas fuera de los
contextos históricos en los que viven, es inaceptable.
Las personas que no se
opusieron aquellos años a la injusticia de la dictadura franquista no
les hizo cómplices, pero tampoco buenos ciudadanos, participar de sus
premios y actos era una forma de colaboración –como algunos ya han
asumido– . Los historiadores/as participamos de la vida colectiva para
acercarnos la verdad histórica y ponernos al lado de los buenos
ciudadanos, quienes defendieron la legalidad democrática republicana,
los derechos humanos, la libertad y la justicia social. Recordarlos es
una obligación moral.
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