
Por si no quedase clara esta connivencia golpista entre Iglesia y Dictadura, el 25 de febrero de 1954, monseñor Antoniutti, acompañado de varios cardenales y obispos, impuso a Francisco Franco la condecoración de la Orden Suprema de Cristo (la máxima del Vaticano), siendo papa Pío XII.
De entre las muchas medidas que la Ley de Memoria Democrática se ha
«olvidado» de incluir en su articulado, nos han llamado la atención dos.
La primera, la relativa al monumento «Navarra a sus muertos en la
Cruzada», conocido por «los Caídos». La segunda, a la Iglesia católica.
En
ninguna de sus 55 páginas, la ley los menciona. Ambos representan la
quintaesencia del golpismo. El primero mantiene imperturbable su
identidad golpista y la segunda sigue aprovechándose de unas leyes
franquistas que los militares le otorgaron como botín de guerra.
Con
relación al Monumento a los Caídos de Navarra no ha ha habido ninguna
asociación memorialista que no lo haya repudiado, considerándolo el
símbolo más abyecto de la represión que carlistas y falangistas
perpetraron en Navarra, nada más iniciarse el golpe de Estado.
Ha
sido objeto de debate acerca de su eliminación (como dictaba la Ley
sobre símbolos golpistas) o de su conversión –«resignificación» la han
llamado los más audaces. Así se pretendió en un concurso propulsado por
el Ayuntamiento y que, luego, quedó en agua de borrajas y en un ridículo
majestuoso por parte de sus promotores. Al final, el único que salió
triunfante de aquella «movida» fue la carlista Hermandad, que viene
usufructuando el edificio para seguir celebrando sus misas en memoria de
los golpistas y de quienes los apoyaron y murieron en el frente.
Un
grupo político que defendió la «demolición» del monumento fue HB, por
juzgarlo como un símbolo que atentaba contra la memoria de las víctimas
del 36. Lo hizo en un mitin en Sartaguda en 1986. En 2006, Joxé Abaurrea
presentaría en el registro del Ayuntamiento una instancia exigiendo la
desaparición del monumento por «ser un enorme símbolo propio del régimen
franquista» (22.12.2006). Y como concejal de Bildu, recordó que «allí
se representa la barbarie a través del ensalzamiento de unos hechos
brutales» (“Diario de Noticias”, 29.3.2018). Más tarde, él y Asiron
recularon en esa postura iconoclasta primera, proponiendo de forma
ambigua otras perspectivas más estéticas y funcionales para el
monumento. Así, obviaron lo solicitado por asociaciones memorialistas en
reuniones celebradas al efecto con Abaurrea. Pero tales encuentros
fueron una excusa para ganar tiempo e ir organizando una salida
interesada mediante un concurso que les garantizaba la no eliminación
del edificio, punto fundamental reclamado por la derecha.
En esas
estábamos cuando llegó la tramitación de la Ley. Hay quienes culpan al
PSOE y a Podemos como responsables únicos de que el Monumento a los
Caídos no haya recibido ni una línea de reprobación en dicha ley. Pero
el Gobierno se apoyó en varios partidos que lo sostienen para sacar
adelante la ley y ya se sabe qué sucede en esos trámites: se negocia...
de todo. En tiempo, solicitamos que Bildu expusiera por qué no exigió al
PSOE incluir en dicha ley la referencia a los Caídos como símbolo del
franquismo golpista. Escudarse en que lo plantearon pero sin éxito, en
ningún caso puede justificar ese silencio, interpretado como apoyo dado a
la Ley, sino todo lo contrario. Y mucho menos cuando lo pactado
relativo al Fuerte de Ezkaba, carece de concreción y presupuesto. Y, por
si no estaba claro, los militares ya se negaron a recuperar el
«Cementerio de las botellas» porque, dicen, entorpecería las maniobras
militares que llevan a cabo en ese conquistado lugar de memoria...
Además, ahí está el camino recorrido en el Parlamento de Navarra con las
Leyes de Memoria de 2013 y 2018, con la sorprendente ausencia de los
Caídos. Ausencia que adelantaba los apaños y falsas justificaciones para
seguir ausente en la presente Ley.
En cuanto a la ausencia de
la Iglesia católica, refleja, no solo la bajada de pantalones a la que
habitualmente se somete el PSOE cuando se enfrenta a la jerarquía
eclesiástica, sino que representa un insulto a la inteligencia de la
ciudadanía, en general, y a las víctimas del 36, en particular. Lo que
resulta paradójico, pues buena parte de los asesinados en Navarra eran
del PSOE y de la UGT.
¿Dónde queda condenada la responsabilidad
de la Iglesia católica en dicha ley? ¿Acaso quieren hacernos olvidar que
la Iglesia participó en el golpe de Estado, que lo aupó y justificó con
una Carta Colectiva del Episcopado español a los obispos del mundo,
publicado el 1 de julio de 1937? ¿No recuerdan que el obispo Olaechea lo
denominó «santa Cruzada»?
La Iglesia se convirtió en parte
sustancial del Estado franquista, declarado Estado confesional católico.
En 1947, el sucesor de Olaechea, Enrique Delgado Gómez publicó el 2 de
julio una pastoral asegurando que «los principios de la Cruzada quedaban
a salvo, intocables e inatacables con la Ley de Sucesión», ley que el
Dictador propuso en referéndum a la ciudadanía. Y añadía que «los
motivos tradicionales católicos que siempre nos hicieron grandes en
nuestra Historia y animó como espíritu nuestra Cruzada de Liberación
[...]. Se trata de hacer firme aquella epopeya, de dar curso legal e
histórico a su espíritu» (“Diario de Navarra”, 2.7.1947).
Por si
no quedase clara esta connivencia golpista entre Iglesia y Dictadura,
el 25 de febrero de 1954, monseñor Antoniutti, acompañado de varios
cardenales y obispos, impuso a Francisco Franco la condecoración de la
Orden Suprema de Cristo (la máxima del Vaticano), siendo papa Pío XII.
La
ley de Memoria Democrática declara por ley la ilegalidad de todas las
leyes, órdenes y decretos emanadas de aquel Estado franquista. Si es
así, entonces, ¿a qué espera el Gobierno a declarar ilegales los
Acuerdos que ese Estado franquista firmó con la Iglesia católica? Cuando
lo haga, quizás empecemos a creer en esta Ley. Mientras tanto, déjennos
dudar de su alcance teórico y práctico.
Fuente → naiz.eus
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