Desechada la idea de la aprobación de una necesaria Reforma Fiscal en
esta legislatura que consiguiese un mejor y más justo reparto de la
riqueza y de la contribución al mantenimiento del Estado del Bienestar
que nos hemos procurado, a poco más de un año del final de la
legislatura, si no hay adelanto electoral, nos queda la certidumbre de
que tampoco se va a derogar la llamada “Ley Mordaza”.
La Ley de
Protección de la Seguridad Ciudadana de marzo de 2015, más conocida por
Ley Mordaza, aprobada por el PP de Rajoy gracias a su mayoría absoluta
con el fin de mantener a raya a la mayoría social que sufrió y padeció
los mayores recortes sociales y en libertades de la historia democrática
de nuestro país, levantó mucha polémica y la indignación de todas las
formaciones políticas que hoy conforman, no solo el Gobierno
progresista, sino la mayoría parlamentaria que lo sustenta. Por ello, no
se entiende que no se haya acometido, más allá de la expresión de la
voluntad, la derogación de la misma y se haya ido dando larga a la
tramitación de una nueva norma acorde con la realidad social del país y
homologable en cuanto al respeto de las libertades y derechos a los
países de nuestro entorno.
Mantener mecanismos que facilitan la
impunidad policial, cuya existencia sirve para desalentar a la
ciudadanía de utilizar sus derechos no es de recibo en estado
democrático de derecho. La Ley Mordaza limita de manera desproporcionada
el ejercicio de algunos derechos fundamentales reconocidos en la
Constitución.
Conocido y constatable es el hecho que cuando el
autoritarismo gana espacio y la ciudadanía pierde derechos, suele ser
irreversible. Por ello, al menos es necesario la derogación del
articulado de la ley más lesivos para los derechos fundamentales y los
que proporcionan en la práctica impunidad a la policía y discreción
judicial correspondiente.
Si para no acometer la Reforma Fiscal
no se ha sabido argumentar los motivos, ya que más necesaria que en
estos momentos nunca será, para no derogar la Ley Mordaza tampoco se
está dando razones plausibles para ello, lo que está despertando toda
clase de rumores sobre los verdaderos motivos, entre ellos el posible
otoño caliente en cuanto a movilizaciones que se espera debido a la
situación económica de continua alza de precios y demás. Si esa fuera o
fuese la verdadera razón, el llamado Gobierno progresista quedaría muy
deslegitimado para llamarse así.
De cumplirse lo que las
encuestas predicen y la derecha llega al Gobierno, se encontraría con su
propia fiscalidad casi intacta y Ley de Seguridad Ciudadana vigente
que le permitiría ahondar en el injusto sistema tributario y en el
recorte de derechos y libertades.
Fuente → punoenalto.com
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