El 31 de octubre se celebra el día de recuerdo a las víctimas del franquismo. Un día de especial importancia en la historia del conflicto saharaui porque coincide con el inicio de la invasión marroquí, un genocidio que no se completó por la resistencia del pueblo saharaui que continúa su lucha por la autodeterminación entre la diáspora y la ocupación.
La entrada en vigor de la Ley estatal 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, al día siguiente de su publicación el pasado día 20 de octubre constituye un hito del que nos congratulamos. La Ley sucede en el tiempo a la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, norma que es derogada expresamente.
Resulta oportuno reconocer y felicitarnos por el contenido de la nueva Ley de Memoria del Estado español que fomenta “preservar y mantener la memoria de las víctimas de la Guerra y la dictadura franquista, a través del conocimiento de la verdad, como un derecho de las víctimas, el establecimiento de la justicia y fomento de la reparación y el establecimiento de un deber de memoria de los poderes públicos, para evitar la repetición de cualquier forma de violencia política o totalitarismo”, tal como se expresa en su exposición de motivos. Aunque la Ley tiene una pretensión de integralidad y de cerrar una deuda de la democracia española con su pasado y fomentar un discurso común basado en la defensa de la paz, el pluralismo y la condena de toda forma de totalitarismo político que ponga en riesgo el efectivo disfrute de los derechos y libertades inherentes a la dignidad humana la misma no lo consigue al olvidar por completo al pueblo saharaui y el Sáhara Occidental.
El artículo 3 de la Ley define el lapso temporal al que se aplica la norma: durante el periodo que abarca el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la posterior Guerra y la Dictadura, incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978.
En esa época el Sáhara Occidental era parte del Estado español e incluso fue calificada como la provincia número 53. La Ley no es que omita al pueblo saharaui y al Sáhara Occidental expresamente sino que lo excluye. Durante su tramitación parlamentaria se plantearon diferentes iniciativas, especialmente por la vía de enmiendas al texto de la Ley que finalmente no se han recogido en la norma aprobada que, aunque insuficientes, abordaban la cuestión del Sáhara Occidental.
Entre las enmiendas presentadas, pero que finalmente desaparecieron durante a tramitación parlamentaria, aparecen al menos dos de Pablo Gómez Perpinyà (GPIC) relativas a la constitución de una comisión de trabajo sobre la Responsabilidad Histórica del Estado español con el pueblo saharaui y elaborar un informe sobre las medidas para aplicar los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición en lo relacionado con la situación actual del pueblo saharaui y la responsabilidad histórica del Estado español. En estas enmiendas se contemplaba garantizar la participación del Consejo de la Memoria Democrática, del conjunto de las administraciones públicas y de las asociaciones y organizaciones representativas del pueblo saharaui, añadiendo que “la comisión de trabajo abordará también propuestas para la resolución del conflicto entre el Sáhara Occidental y Marruecos garantizando el derecho internacional y las resoluciones de Naciones Unidas”. Finalmente, nada de esto aparece en el texto definitivamente aprobado. Por eso puede decirse que la Ley excluye explícitamente al Sáhara Occidental al no incluir las palabras Sáhara Occidental o saharaui, lo que no impide que juristas, defensores de derechos humanos, entidades memorialistas y amigos del pueblo saharaui pueda acudir a la misma para exigir verdad, justicia y reparación.
La Ley sí incluye grupos muy específicos de víctimas (cuestión que no nos merece crítica alguna) tales como las personas que sufrieron persecución o violencia por razón de conciencia o creencias religiosas, así como aquellas personas represaliadas o perseguidas por pertenecer a la masonería o a las sociedades teosóficas. Y añade a las personas represaliadas y expulsadas de las Fuerzas Armadas por pertenecer a la Unión Militar Democrática. De este último grupo debe señalarse que algunos actos de represión fue el destino forzoso de miembros de la UMD al Sáhara Occidental como castigo por su actividad política.
En todo caso, el texto finalmente aprobado no contribuye a curar la herida del pueblo saharaui en materia de memoria histórica. La cuestión del Sáhara Occidental tiene muchas aristas. Entre otras, es una cuestión de descolonización pendiente, respecto a la que el Estado español es la potencia administradora; también es una cuestión de Derecho Internacional Humanitario con Marruecos como potencia ocupante. Pero no debe olvidarse que el pueblo saharaui fue víctima de la represión de la dictadura franquista. Entre los casos más destacados se encuentra la represión por parte de la legión de la manifestación de Hatarrambla (Zemla), el 17 de junio de 1970, con un número indeterminado de muertos y heridos saharauis y la desaparición de Bassiri (primer líder saharaui).
Esta represión estuvo además estrechamente relacionada con el carácter africanista del dictador Francisco Franco quien, como el resto de los principales golpistas de 1936, había obtenido su prestigio militar por su papel en las campañas militares en el norte de África y la importancia que daba a los territorios del Estado español en África:
“La guerra de 1936-1939, en la que basaba su legitimidad el régimen franquista, fue, entre otras cosas, una guerra colonial, en la que los sublevados aplicaron a los defensores de la II República las tácticas de sometimiento y aniquilación que habían aprendido en su lucha contra la población africana. Más tarde, se podría considerar el franquismo como un régimen colonial, en el que una parte de la población se vio privada de sus derechos fundamentales y vivía al arbitrio de los colonizadores, los miembros del régimen. Si ese era el caso de la población metropolitana, la población colonial vivió sometida a una doble opresión, la del colonialismo stricto sensu y la de la dictadura franquista”, publica CTXT.
Además, el Estado español tiene una responsabilidad directa en los casos acaecidos durante el periodo del 31 de octubre de 1975 hasta el 26 de febrero de 1976, con la salida del último soldado español. El papel español en las violaciones y crímenes de guerra cometidos por las fuerzas marroquíes contra los saharauis es una cuestión que está todavía pendiente de investigar. El Gobierno español incumplió sus obligaciones internacionales respecto a la descolonización pero, además, infringió el deber de proteger a los saharauis que en esos momentos eran nacionales españoles y, en lugar de ello, los entregó a las fuerzas invasoras marroquíes quienes cometieron graves crímenes contra ellos como desapariciones forzadas, asesinatos,…, que fueron posibles por esa colaboración institucional entre ambos Estados. Todo ello debe investigarse oportunamente.
La deliberada omisión del Sáhara Occidental en la Ley puede caracterizarse como un déficit que la convierte en eurocentrista, o incluso racista al despreciar a un grupo étnico específico por su carácter árabe, los saharauis. Los españoles blancos que vivían en el Sáhara español fueron evacuados al Estado español en la Operación Golondrina y los saharauis fueron abandonados a su suerte o entregados a los marroquíes. En esa línea de abandono y maltrato diferencial continúa la Ley de Memoria Democrática. No se puede olvidar tampoco que los saharauis, que disponían de DNI español, fueron privados hasta de su nacionalidad española, como consecuencia de las determinaciones del régimen franquista, convirtiéndoles en apátridas (Real Decreto 2258/1976, de 10 de agosto). Otras posibles explicaciones a esta omisión, que tampoco dejan en buen lugar al legislador español, son las consabidas razones de Estado (o de establo, según Baltasar Gracián) que suelen afectar a todo lo que tiene que ver con el Sáhara Occidental para no incomodar a Marruecos. La norma tiene por tanto una “memoria muy selectiva, restringida y enormemente injusta” como se ha ido destacando en diferentes ocasiones.
No debemos olvidar que el origen de la colonización española del Sáhara Occidental desde 1884 a 1975 tuvo “como contexto la llamada Era del Imperialismo, una oleada expansionista protagonizada por las principales potencias europeas entre 1870 y 1914 que puso su blanco principalmente en Asia y África. Esta segunda etapa de colonialismo europeo –tras la primera protagonizada por España y Portugal en el siglo XVI– afectó de forma especial al continente africano donde, en apenas veinte años, siete potencias –Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica, Portugal, Italia y España– invadieron y se anexionaron territorios que, en la mayoría de los casos, nunca habían sido explorados por los europeos hasta mediados del siglo XIX. Sólo dos de los actuales países africanos, Liberia y Etiopía, se libraron de ser sometidos al dominio colonial”.
Después de la descolonización de África que se produjo a partir de los años 50 del pasado siglo todos los países alcanzaron la independencia excepto el Sáhara Occidental. Las anteriores metrópolis europeas han venido realizado diferentes acciones de reconocimiento de su responsabilidad con mayor o menor intensidad y, en ocasiones, para reanudar o fomentar relaciones basadas en intereses económicos. Inglaterra, por ejemplo, pidió perdón al pueblo kikuyu de Kenia por los abusos cometidos contra la guerrilla Mau Mau en los años 50. Francia mantiene una complicada relación con Argelia producto de las heridas de la época colonial que ha incluido una visita de Macron el verano pasado al país norteafricano. Alemania pidió disculpas por los hechos sucedidos entre 1904 y 1908. El rey de Bélgica lamentó este año 2022 los abusos coloniales en el Congo aunque no pidió disculpas. Italia, en su día, pidió perdón a Libia por la colonización y anunció compensaciones millonarias. Y Portugal se disculpó por la masacre colonial en Mozambique. De este país resulta muy destacable como incluyó en su Constitución un compromiso para con la autodeterminación e independencia de Timor Oriental, conflicto con muchos paralelismos con el del Sáhara Occidental, por el que declaraba que seguía estando obligado por sus responsabilidades, de conformidad con el derecho internacional, de promover y garantizar el derecho de Timor Oriental a la libre determinación y la independencia, lo que finalmente sucedió en mayo de 2002.
En el Estado español parece estar fuera de lugar cualquier iniciativa semejante y la Ley de Memoria Democrática ha constituido una oportunidad perdida para intentar reparar parcialmente al pueblo saharaui en ese sentido.
En todo caso, que la actual Ley de Memoria Democrática no contemple en su literalidad el caso específico saharaui no quiere decir que no le sea de aplicación, al contrario contiene recursos a lo largo de su articulado para intentar coadyuvar en la lucha por la búsqueda de verdad, justicia y reparación. Los mecanismos como la declaración de reconocimiento y reparación personal, Registro y Censo Estatal de Víctimas, Centro Documental de la Memoria Histórica, el Derecho de Investigación y otros son solo algunos de los medios disponibles en la ley. Para ello organizaciones de derechos humanos, tanto saharauis como españolas, junto a asociaciones y entidades memorialistas españolas pueden acometer iniciativas para una colaboración con la que víctimas de violaciones de derechos humanos y desapariciones tengan acceso a la verdad, justicia y reparación.
Por último, precisamente el artículo 7 de la Ley de Memoria Democrática “declara el día 31 de octubre de cada año como día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura”. Un día de especial importancia en la historia del conflicto saharaui porque el 31 de octubre de 1975, hoy hace 47 años, tanques y tropas del ejército marroquí invadieron el Sáhara Occidental, matando y desapareciendo a la población saharaui en un genocidio que no se completó por la resistencia y organización del pueblo saharaui que continúa su lucha por la autodeterminación entre la diáspora y la ocupación marroquí.
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