La injerencia de la OTAN en España

”La OTAN es una alianza global para reforzar las ambiciones imperiales de los EE.UU. y los privilegios de la élite europea”. Josep Fontana

Si algo ha caracterizado a la OTAN desde su fundación ha sido su carácter eminentemente intervencionista, su afán expansionista y el uso de todo tipo de medios para conseguir sus objetivos, incluyendo guerras, acciones encubiertas y terrorismo. Sin embargo, la OTAN y sus países miembros han propagado durante años una imagen oficial muy diferente, difundida sistemáticamente por los gobiernos, las instituciones y los grandes medios de comunicación. Una de las creencias más extendida popularmente es la falsa idea de que la Alianza nació por reacción al Pacto de Varsovia cuando, bien al contrario, el Pacto de Varsovia nació en 1955 para contrarrestar la amenaza de la OTAN y el rearme de Alemania federal. La propia página oficial de la OTAN asegura que su propósito “es garantizar la libertad y la seguridad de sus miembros”, “promoviendo los valores democráticos” “desde el compromiso con la resolución pacífica de los conflictos”; algo que de principio a fin han desmentido los diferentes acontecimientos históricos, empezando por la guerra de Ucrania. Como señalaba Josep Fontana, ”la OTAN es una alianza global para reforzar las ambiciones imperiales de los EE.UU. y los privilegios de la élite europea”. Y en ese marco debe entenderse el papel de país intervenido que juega España desde el final de la II Guerra Mundial hasta la actualidad, manifestándose más recientemente en la cumbre de la OTAN celebrada en España el pasado junio.

España en los planes del imperialismo anglosajón

El sometimiento pleno de España a la política de los EE.UU. comienza hace casi ochenta años. Pese a que en la Conferencia de Postdam (1945) EE.UU., el Reino Unido y la URSS acordaron una tibia declaración de condena del régimen dictatorial español, las actas desclasificadas de las deliberaciones demuestran que los dos gobiernos anglosajones se opusieron en todo momento a intervenir contra Franco, a pesar de que el régimen había sido impuesto militarmente con el apoyo decisivo de Hitler y Mussolini. Para justificarse, Winston Churchill se refirió a las valiosas relaciones comerciales que el Reino Unido mantenía con España y esgrimió su deseo de no desatar una hipotética segunda guerra civil en el país. Iósif Stalin había propuesto, infructuosamente, reconocer como “justa la exigencia de democracia por parte del pueblo español” y la ruptura de todas las relaciones con la España franquista.

Como se demostraría más adelante, la Conferencia de Postdam aseguró la adscripción del Régimen franquista al bloque capitalista (y anticomunista) de la Guerra Fría bajo la influencia de EE.UU. No fue un caso aislado. EE.UU. consideraría a las dictaduras militares en los países “no desarrollados” como sus socios más fiables porque garantizaban tres condiciones fundamentales: la estabilidad política y el orden social por la vía de la represión y la violencia; el apoyo decidido contra su cruzada anticomunista; y la subordinación a sus intereses comerciales. EE.UU. también agitó el mito del peligro rojo para imponer gobiernos reaccionarios y conservadores en los territorios europeos liberados, impidiendo administraciones dirigidas por comunistas, pese a su papel decisivo en la lucha contra el fascismo. De hecho, parte de las élites militares y económicas norteamericanas ya habían hecho planes, durante la contienda, para establecer acuerdos con determinados sectores del nazismo y sus socios en Europa contra el objetivo común que representaba la Unión Soviética.

Tras haber impuesto sus propuestas económicas en los acuerdos de Breton Woods (1944), EE.UU. reorganizó su estructura militar para adaptar la política de Defensa a los objetivos de la Guerra Fría, fundando la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en 1947 a través de la Ley de Seguridad Nacional. Asimismo, el 4 de abril de 1949 nacía en Washington la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), impulsada por EE.UU., Canadá y Reino Unido, a la que se sumaron inicialmente Francia, Bélgica, Holanda, Islandia, Luxemburgo, Italia, Noruega, Dinamarca y Portugal, a pesar de que este último país estaba sometido a la dictadura más antigua de Europa.

Finalizada la II Guerra Mundial, el PCE ya afirmaba que España era la cabeza de puente del imperialismo norteamericano en Europa, destacando su importancia estratégica y el interés de EE.UU. en “hacer del Mediterráneo un mar americano por donde llegar fácilmente al petróleo de Oriente y penetrar en el continente africano”. El Manifesto del Comité Central del PCE celebrado el 11 de marzo de 1948 señalaba: “El imperialismo anglosajón trata de convertir nuestro país en una base estratégica y económica de su política de aventura y agresión contra la URSS y las nuevas democracias. Para ello no vacila en sostener y ayudar al régimen franquista tambaleante y en descomponer y minar las fuerzas republicanas y democráticas para llevarlas a un terreno de colaboración con el franquismo y la reacción a fin de dar una base más sólida a su política en España”.

La estrategia estadounidense provocó que el aislamiento de España acordado en Postdam fuese exclusivamente temporal. En 1946, una resolución de la ONU condenaba al régimen franquista, vetaba su posible entrada en cualquiera de los organismos internacionales y recomendaba la retirada de los embajadores. No obstante, en febrero de 1950, la Asamblea General de la ONU revocó dicha resolución por 38 votos a favor, 10 en contra y 12 abstenciones. Aquellos países occidentales que habían condenado el alineamiento del franquismo con el eje fascista regresaron con sus sedes diplomáticas a Madrid, firmaron los primeros acuerdos comerciales con Franco y la frontera con Francia se abrió de nuevo. Por si fuera poco, en septiembre de ese mismo año, el ministro del Interior francés, el socialista Jules Moch, decretó la ilegalización del PCE en toda Francia y la detención de sus cuadros políticos, obligando a microfilmar lo que hoy se conoce como Archivo Histórico del PCE.

Ingreso en los organismos internacionales

De manera que la normalización de la presencia española en los organismos internacionales corrió pareja a su subordinación a la política de los EE.UU. y sus intereses geopolíticos. En 1950, España ingresó en la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). En 1952 pasó a integrar la UNESCO. El 27 de agosto de 1953 firmó el Concordato con el Vaticano. Un mes más tarde, el 23 de septiembre, firmó con EE.UU. los Pactos de Madrid con tres compromisos fundamentales: la aportación de material bélico; la ayuda económica a través de la concesión de créditos; y el establecimiento de bases militares en territorio español. En los primeros diez años posteriores a la firma de los acuerdos, EE.UU. instaló en territorio español la base naval de Rota y las bases aéreas de Morón, Zaragoza y Torrejón de Ardoz. El ingreso definitivo de España en la ONU se produjo el 14 de diciembre de 1955.

En marzo de 1957, Alemania Federal, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, y los Países Bajos firman los Tratados de Roma, que darían lugar a la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA o Euratom). Unos meses después, el gobierno franquista presentaría la primera solicitud de ingreso en la CEE, haría efectiva su entrada en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en el Banco Mundial, y obtendría el estatuto de país asociado de la Organización Europea de Cooperación Económica (OECE, posteriormente OCDE).

EE.UU. impuso las condiciones. El gobierno español aprobó en julio de 1959 el Plan de Estabilización o Plan Nacional de Estabilización Económica, un programa de liberalización económica que supuso la aceptación de los principios del capitalismo liberal y el paso a una economía regulada por el mercado y abierta a la inversión extranjera, principalmente estadounidense. El Memorándum remitido al FMI y a la OECE con las líneas de acción señalaba que “había llegado el momento de dar una nueva dirección a la política económica, a fin de alinear la economía española con los países del mundo occidental y de liberarla de intervenciones heredadas del pasado”. De este modo, la apertura exterior de la economía española coincidió con la creación del Mercado Común, y uno de los principales objetivos de los gobiernos “tecnócratas” vinculados al Opus Dei fue preparar a la economía española para una posible integración en la CEE.

La confirmación de la plena integración de España en el bloque capitalista de la Guerra Fría y de su subordinación a la política económica, militar e internacional de los EE.UU., se produjo mediante la presencia en Madrid del presidente Dwight D. Eisenhower el 21 de diciembre de 1959, cinco meses después de aprobado el Plan de Estabilización. Se trataba de la primera visita de un dirigente de una potencia mundial desde que en 1940 Adolf Hitler se entrevistara con Franco en Hendaya.

La segunda restauración borbónica

No obstante, la posible integración en la CEE y la OTAN obligaba a España a establecer reformas políticas que permitiesen su aceptación por las “democracias europeas”. EE.UU. impulsó durante años la restauración borbónica con un proyecto de monarquía parlamentaria donde participase todo el arco ideológico, excepto el PCE. La Casa Blanca y el propio Franco habían elegido a Juan Carlos de Borbón para la sucesión en la Jefatura del Estado, incluso a costa de saltarse las reglas dinásticas. El Club Bildelberg trató el tema de la restauración monárquica en España durante su reunión en Mount Temblant (Canadá) en abril de 1968, decidiendo que el príncipe estaba preparado para reinar. Un año más tarde fue nombrado por Franco sucesor a título de rey, jurando guardar y hacer guardar los principios del Movimiento Nacional. El Club Bildelberg trataría de nuevo la cuestión sucesoria en el Gran Hotel Saltsjöbaden de Suecia, en mayo de 1973, donde George W. Ball, ex subsecretario de Estado y comisionado del presidente Richard Nixon para la cuestión sucesoria en nuestro país, presentó una ponencia titulada España, después de Franco, incluyendo un dossier elaborado durante tres meses por el Consejo de Seguridad Nacional (NSC) de los EE.UU. Ball planteaba diferentes variantes sobre la forma de gobierno, siempre dentro de la opción monárquica, y formulaba varias cuestiones principales: “¿Cuánto tiempo necesitará Juan Carlos hasta transformar la dictadura actual en una democracia suficiente que permita a España ser aceptada en la OTAN? ¿Querrán los militares y los políticos españoles ingresar en la OTAN? ¿Aceptarán los españoles la permanencia de las bases estadounidenses, cuando Franco haya muerto y ellos puedan opinar con libertad?”.

El nuevo jefe del Estado solo esperaría dos meses desde la muerte del dictador para firmar el Tratado de Amistad y Cooperación (24 de enero de 1976), por el cual EE.UU. se comprometía a fomentar el ingreso de España en la CEE y la OTAN a cambio de cesiones de carácter estratégico, tanto en el plano militar como en el económico. El broche final lo puso el discurso del rey en el Capitolio en junio de ese mismo año, en la primera visita realizada por el monarca a un país extranjero. EE.UU. desarrolló durante esos años una amplia campaña para lograr el ingreso de España en la OTAN, pese a la abierta oposición de la URSS. De hecho, el Pacto de Varsovia proponía al respecto congelar el número de países miembros en ambas estructuras militares.

OTAN sí, a cualquier precio

EE.UU. contaba con un inconveniente fundamental: la sociedad española no era partidaria de la pertenencia a la OTAN. Un amplio sondeo publicado por el diario El País en octubre de 1981 indicaba que el 52% de la población era contraria a la entrada en la OTAN, mientras únicamente un 18,1% se mostraba favorable a la adhesión. Por otra parte, el 74% de los votantes del PSOE en las elecciones de 1979 era contrario al ingreso en la Alianza y un 82,2% de ellos solicitaba un referéndum, en el cual el 71,7% aseguraba que votaría en contra. Dos días antes de su publicación, el PASOK de Andreas Papandreou había obtenido una amplia mayoría absoluta en Grecia con un programa que incluía la salida de la OTAN y la CEE; algo que, por supuesto, nunca cumplió.

La Casa Blanca se encargó de dar un pequeño empujón a aquellos que tenían dudas sobre la conveniencia de introducir a España en la alianza militar y sobre la permanencia de las bases norteamericanas en su territorio. Adolfo Suárez (UCD) renunciaría a su mandato pronunciando un encriptado mensaje televisivo, días antes de la intentona del 23-F: “No quiero que el sistema democrático sea un paréntesis en la historia de España”. Su sucesor, Leopoldo Calvo Sotelo, firmaría la adhesión a la OTAN el 10 de diciembre de 1981 y, finalmente, el 30 de mayo de 1982 España se convertiría en miembro de pleno derecho de la Alianza.

Cinco meses más tarde, el PSOE obtenía la más aplastante mayoría absoluta en la historia de la democracia, después de haber popularizado el eslogan de «OTAN de entrada, no» durante la campaña electoral. En 1986, el PSOE cumpliría su promesa de celebrar un referéndum sobre la OTAN, pero cambiando el eslogan anterior por el de “Vota SÍ, en interés de España”, quitándose definitivamente la máscara y arrastrando a su electorado a los brazos de la Alianza. La contribución del PSOE a la causa del bando anticomunista de la Guerra Fría ha sido de tal magnitud que Javier Solana, ponente años antes del documento 50 razones para decir no a la OTAN, alcanzaría la Secretaría General atlantista en 1995 y sería el máximo responsable del bombardeo de Yugoslavia en 1999.

La preparación del referéndum fue uno de los principales objetivos de la CIA, que en aquella época mantenía a Leonard D. Therry, uno de los responsables de la represión en Uruguay, como jefe de Estación en Madrid. Para garantizar el éxito de la convocatoria, una veintena de agentes veteranos con experiencia en golpes de Estado y represión en América Latina le acompañaban en la embajada de la calle Serrano.

La imposición del modelo reformista

Evidentemente, la OTAN llevaba operando en España desde el momento mismo de su constitución en 1949, pese a su ingreso formal en 1982. En un informe anual de este mismo año, el ministro de Defensa Alberto Oliart (UCD) afirmaba: “Obstáculos de diversa naturaleza impidieron durante los últimos treinta y tres años la realización formal de la adhesión, pero durante todo este tiempo tanto España como la OTAN han estado esperando el momento propicio para perfeccionar una relación defensiva que existía, de hecho, desde hace casi el mismo número de años”.

A pesar del decisivo empuje de la movilización social interna, de las fuerzas democráticas y de la presión internacional para la conquista de la democracia, EE.UU. consiguió imponer su modelo reformista de Transición, basado en el principio lampedusiano de que “es preciso que todo cambie para que todo siga igual”. Atrás quedó la ruptura democrática propugnada por el PCE y buena parte de la oposición democrática de izquierdas, que no aceptaba la “democracia por decreto” ni los parcheos pseudodemocráticos.

Aunque algunos políticos y militares se han atribuido sin pudor el éxito de la vía reformista, aún no han reconocido hasta el momento el precio que estuvieron dispuestos a pagar para cumplir el mandato norteamericano. Dentro de la estrategia internacional de los EE.UU. de ganar la Guerra Fría a cualquier precio, la OTAN no escatimó ni medios ni métodos para imponer su hegemonía, sumar más países a su estructura e impedir la llegada al poder de los partidos comunistas en las democracias europeas. En Italia, fundamentalmente, EE.UU. desarrolló la Estrategia de la Tensión, donde se conjugaron los ejércitos clandestinos de la OTAN, la extrema derecha, los cuerpos militares y policiales, la mafia y la pseudologia Propaganda Due para conseguir sus objetivos. Un modus operandi del imperialismo norteamericano al que no fue ajeno España durante los años de la llamada Transición a la democracia, cuya realidad convulsa y violenta contrasta con la versión oficial de una transición idílica y pacífica.

De hecho, España sirvió de base de operaciones para terroristas internacionales de extrema derecha al servicio de la Corona y de los servicios de información del Estado, especialmente de aquellos italianos vinculados a los atentados más sangrientos de la historia de su país. El tiempo ha ido mostrando su relación directa con la estrategia de EE.UU. y la OTAN, además de su intervención en acontecimientos clave para inclinar la balanza del lado de la reforma: los sucesos de Montejurra; el asesinato en Roma del juez Vittorio Occorsio; los secuestros de Oriol y Villaescusa; el asesinato de Arturo Ruiz, de los abogados de Atocha y los hechos de la semana trágica; el atentado contra El Papus o la guerra sucia contra ETA, entre otros. Unos sucesos que deben ser contextualizados y analizados en su conjunto para comprender cómo funcionan los tentáculos del imperialismo. La posibilidad de una auténtica democracia en España pasa por investigar estos sucesos a fondo, permitir el acceso a los archivos y sumarios que hoy son considerados secretos oficiales, y juzgar los crímenes de Estado hasta las últimas consecuencias.

 

LA MATANZA DE ATOCHA
Y OTROS CRÍMENES DE ESTADO
Carlos Portomeñe
Editorial Atrapasueños, 2022