Hacer Justicia y Memoria con la movilización popular

La DGS debe ser espacio central de la Memoria contra la detención, la tortura y el asesinato de Estado

En la historia represiva de la dictadura y de la monarquía la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol de Madrid es un espacio central. Como organismo dependiente del Ministerio de Gobernación fue durante cerca de un siglo el responsable de la política represiva del Estado en todo el territorio, y no solo en Madrid como se piensa. Su constitución viene de 1858, adquiriendo la denominación de Dirección General de Seguridad y Orden Público: centralización de los servicios policiales y los cuerpos de seguridad. En 1936, en medio de la situación revolucionaria que provocó el golpe de estado fascista, la DGS fue asaltada por colectivos obreros y jóvenes que conformaron comités para establecer el orden revolucionario, destruyéndose los archivos policiales, y la DGS pasó a existir más sobre el papel que en la realidad de aquellos días. Al poco tiempo del inicio de la guerra, el gobierno republicano se refugió en Valencia, y los efectivos de la DGS pasaron oficialmente a depender de la Junta de Defensa.

Finalizada la guerra, la DGS concentró buena parte de los poderes represivos del nuevo Estado, extendiendo la violencia del Estado a los vencidos. La DGS se convirtió en resorte fundamental de la represión y, por consiguiente, de los crímenes franquistas. Una nueva Ley de Seguridad del Estado vino a señalar el carácter fascista de la DGS, destinada a desarticular la resistencia social, política y de los pueblos oprimidos, especializándose en la detención, la tortura y el asesinato de dirigentes del movimiento obrero y democrático. Mola, en las “Instrucciones Generales de la ocupación de Madrid”, ya planteaba una “columna de Orden y Policía encargada de las tareas de registro y detención de elementos subversivos”.

El ministro falangista Romaní, más conocido por Conde de Mayalde, copió los métodos y procedimientos de la Gestapo alemana de Hitler. A partir de la visita de Himmler a Madrid, se siguió su consejo de no fusilar tanto y emplear los presos como mano de obra esclava. Fruto del acuerdo fue la detención en Francia de Lluis Companys, presidente de la Generalidad, Juan Peiró, dirigente anarquista, Zugazagoitia, director de El socialista, entre otros conocidos dirigentes republicanos.

En la sede de la siniestra DGS de la Puerta del Sol caería asesinado por torturas el socialista y presidente de UGT, Tomás Centeno; allí fueron torturados y asesinados posteriormente los anarquistas Francisco Delgado y Joaquín Delgado, el estudiante Enrique Ruano y el comunista Julián Grimau y numerosos detenidos más.

La represión se prolongó con los modos y maneras de la guerra, ya que los ganadores de la Segunda Guerra Mundial pactaron en Yalta y Potsdam mantener a Franco en el poder. La policía funcionó con la violencia generalizada: la antigua Casa de Correos de la Puerta del Sol fue el centro del terrorismo de Estado de la DGS durante cuatro décadas, con la red de comisarías y cuartelillos de toda España. Tal fue el caso de la Comisaria de la Vía Layetana en Barcelona, de la Salve en Bilbao, de Inchaurrondo en San Sebastián; por solo citar las más conocidas como centros de detención, tortura y asesinato. Las redadas policiales se realizaban fundamentalmente por chivatazos acerca de actividades sindicales o políticas, prohibidas por ley, y se asaltaban uno tras otro los domicilios de los investigados, especialmente a altas horas de lo noche o de madrugada. Desde el mismo momento de la detención comenzaban los malos tratos y torturas, que se prolongaban en particular en los Estados de Excepción. Los métodos policiales eran los del terror y la tortura generalizada: “la ronda de golpes”, “el fuego a los pies”, “el pasillo”, “la bañera”, “el pato”, “el quirófano” … Los torturadores eran recompensados con ascensos y sobresueldos. “Billy el Niño” subió en un año 500 puestos en el escalafón por su sadismo; galardonado, como otros muchos, con medallas policiales que incrementan ahora sus pensiones.

Todos los gobiernos que se reclaman de la democracia, incluido el actual gobierno de coalición, han ocultado la documentación clave de la Brigada Político y Social y parte del Archivo General del Ministerio del Interior. Especial importancia tiene que el actual gobierno ha impedido por todos los medios el procesamiento de Martín Villa, imputado como ministro franquista de crímenes de lesa humanidad relacionados con la represión policial en Álava y Pamplona. En numerosos informes internacionales se denunció la práctica reiterada del terrorismo de Estado. En 1.984, con F. González en el gobierno, Amnistía Internacional denunciaba la práctica de la tortura en España once años después de la muerte de Franco. González y sus ministros nunca fueron juzgados por el GAL.

El régimen de la monarquía y sus gobiernos han mantenido la más absoluta impunidad. Gobiernos de todos los colores han premiado a agentes policiales y altos cargos del régimen especializados en la represión de derechos y libertades, incluso cuando algunas de estas fueron formalmente reconocidas, con leyes y leyes que reiteran los modos del franquismo. En la DGS de Madrid se impide la colocación de una placa en memoria de los allí detenidos. En Barcelona, diversos colectivos han decidido presentar querella criminal por crímenes de lesa humanidad contra seis miembros de la policía franquista que ejecutaron -entre otros muchos- la represión y tortura sistemática; recordando la obligación del Gobierno español de respetar la legislación internacional y reparar a las víctimas; exigiendo el cierre de la Prefectura de policía de Vía Layetana para que se establezca un espacio de la Memoria contra la impunidad.

En tanto que el Gobierno y sus leyes no responden a las demandas de las víctimas, ya es hora de exigirlas de forma práctica, con la movilización y las querellas, sean o no archivadas por la judicatura.

La Ronda de la Dignidad de las víctimas del franquismo lleva doce años manifestándose todos los jueves del año ante la DGS. Y uno de sus objetivos es exigir que la antigua DGS de la Puerta del Sol se convierta en la sede de la Memoria democrática y laica contra los crímenes cometidos, exigiendo la colocación inmediata de una placa que resigne el lugar; que el gobierno abra los archivos secretos de la DGS; la aceptación de las querellas contra los responsables, directos e indirectos, de los crímenes de lesa humanidad cometidos; que el gobierno no impida el procesamiento de Martín Villa y de los GAL. Con ello se darían los pasos prácticos necesarios en el movimiento memorialista y de víctimas que el Gobierno y sus leyes se niegan a dar. Haciendo así Justicia y Memoria.

Después de 48 años de falsa democracia ya es hora de que la Verdad, la Justicia y la Reparación de las víctimas del franquismo tenga lugar. La demolición de la cárcel de Carabanchel por el Gobierno de Zapatero debe tenerse en cuenta a la hora de exigir que la DGS de la Puerta del Sol se convierta en lugar central de la Memoria de las víctimas contra la detención, la tortura y el crimen de Estado.

Y el día 19, a las 11,30 h., de Atocha a Cibeles para defender las pensiones públicas y todo lo público. Por la República, por un Gobierno y unas Cortes que defiendan lo que es de todos.