El poder de la mirada: discurso de odio no es libertad de expresión

Hace unas semanas el partido ultraderechista Hermanos de Italia ha sido escogido la primera fuerza en Italia continuando con el aumento de la extrema derecha en europa, fenómeno que se viene observando y denunciando desde hace tiempo y del que se ha hablado ampliamente . Haciendo un repaso rápido y para ponernos en el contexto de urgencia en el que estamos: Polonia y Hungría están gobernados por partidos de extrema derecha mientras en el resto de Europa ha llegado a ser tercera fuerza en Grecia, Alemania y Suecia , donde hace unos días sabíamos que sostendrán al gobierno de derechas. Incluso ha llegado a ser segunda fuerza en Dinamarca, Países Bajos, Finlandia.

Sin embargo, hablar de ello no parece estar suficiente ni demasiado efectivo porque se sigue mirando el fenómeno como algo lejano que no tiene correspondencia en nuestro territorio. No va con nosotros. Pero nada más lejos de la realidad y así lo indican las cifras. Cogemos el ejemplo de VOX como máximo exponente de la extrema derecha actual (pero sin engañarnos: las ideas y discursos de extrema derecha en España no han nacido con VOX.)

Volviendo a las cifras: con sólo cuatro años de vida, VOX se ha convertido en la tercera fuerza en el Congreso, acumulando más de 3,5 millones de votos. Y en nuestro país, entraron directamente con 11 diputados, posicionándose como la cuarta fuerza. Las perspectivas no son buenas y las instituciones se han convertido en su altavoz de falacias populistas que regresan a las calles y aumentan la violencia desacomplejada y explícita sobre ciertas partes de la población.

Un ejemplo de cómo los discursos fascistas permiten en las calles hasta el punto de permitir su entrada en las instituciones lo encontramos con Alba Dorada en Grecia, Partido nazi que mantuvo representación en el Parlamento Helénico del 2012 al 2015:

«La escalada electoral de Alba Dorada en Grecia, según la politóloga griega Sofía Tipaldou, se explica en gran parte, también, por una triple coincidencia: el blanqueamiento del partido, que fue normalizado como una opción democrática más; la banalización de sus ideas de matriz nítidamente nacionalsocialista y la sobreexposición de Alba Dorada en televisión e incluso en la prensa del corazón. Un cuarto factor fue la aceptación de los discursos xenófobos por parte del gran partido conservador griego, Nueva Democracia»

Pero, a pesar de la clara similitud de situaciones entre España y Grecia, existe una diferencia entre las dos realidades: VOX no puede ser considerado un partido nacional-socialista sino nacional-catolicista, como buen heredero del franquismo que se reclama , e incluso nacional-populista, como los describe Miquel Ramos en su informe De los neocon a los neonazi.

En este informe encontramos también un repaso a su ideología: nacionalismo y revisionismo histórico, defensa, seguridad y fronteras, economía neoliberal, antifeminismo y negacionismo del cambio climático. Marco ideológico que es evidentemente ultraderechista -xenófobo, misógino, homófobo- y el que es más peligroso, que en los ejes como inmigración, defensa, seguridad y fronteras está siendo públicamente aceptado por formaciones de conservadoras de derecha y centro-derecha como es el PPSOE .

Decimos que el cambio está en la aceptación pública del discurso xenófobo porque no olvidemos que propuestas como las de deportación de migrantes, el no reconocimiento de las identidades sexo-género-disidentes en el acceso a derechos como salud, educación, trabajo y vivienda o la persecución de la libertad religiosa son medidas que ya están actualmente vigentes y no las ha puesto VOX precisamente.

El racismo, la misoginia, la homofobia o la hegemonía del catolicismo son estructurales e inherentes en España y el régimen del 78. VOX les da un altavoz formal, pero no son propuestas innovadoras ni que sólo estén presentes en ideologías de extrema derecha. Más bien, son el marco normativo actual que sólo se toca de forma superficial por las formaciones progresitas o de izquierdas. Las que vivimos atravesadas por estas políticas lo sabemos bien.

¿Pero porque no podemos considerar libertad de expresión un discurso ultraderechista y excluyente? Porque la historia y los datos nos muestran que, los discursos que deshumanizan y excluyen del sujeto de derecho a un determinado perfil de persona o comunidad, son potencialmente dañinos con consecuencias de violencia explícita.

La divulgación del "discurso de odio e intolerante" se contrapone a la "libertad de expresión" bien por desconocimiento jurídico de los términos, o bien para justificar la deshumanización y exclusión de un determinado perfil de persona o comunidad bajo la defensa del liberalismo radical. Y el liberalismo de por sí no supondría un problema, si no fuera por lo que acaba generando: violencia y muerte. Lo afirmamos también partiendo de dos premisas: la propia definición de “discurso de odio e intolerante” y el modelo europeo de libertad de expresión.

Intentaremos poner algo de luz. A nivel europeo, existen dos definiciones autorizadas específicas sobre «discurso de incitación al odio»: La primera de ellas es la del Consejo de Ministros del Consejo de Europa , que en su Recomendación R (97) 20 define como « discurso de odio e intolerante » aquel que cubre « todas las formas de expresión que extienden, incitan, promueven o justifican el odio racial, la xenofobia, el antisemitismo o cualquier otra forma de odio basada en la intolerancia ».

Posteriormente, la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI), en su Recomendación 15 de 8/12/2015 refiere que el « discurso de odio » debe entenderse como fomento, promoción o instigación, en cualquiera de sus formas, del odio, la humillación o el desprecio de una persona o grupo de personas, así como el acoso, descrédito, difusión de estereotipos negativos, estigmatización o amenaza con respecto a dicha persona o grupo de personas y la justificación de estas manifestaciones por razones de raza, color, ascendencia, origen nacional o étnico, edad, discapacidad, lengua, religión o creencias, sexo, género, identidad de género, orientación sexual y otras características o condición personales.

En cuanto a los modelos de «libertad de expresión», según el informe «Discurso de incitación al odio- Análisis desde los Derechos Humanos y pautas interpretativas» elaborado por el Instituto de Derechos Humanos de Cataluña y SOS Racismo « La libertad de expresión responde y debe ser contextualizada según la realidad histórica, geográfica y cultural. La complejidad de la materia requiere un análisis con más matices, pero a modo de síntesis, podemos decir que existen dos modelos:

• El modelo norteamericano (liberal) donde prima la libertad individual, el estado no interfiere en el debate público y las restricciones de la libertad de expresión sólo serán legítimas en casos extremos «peligro real e inminente» (clear and present danger es el concepto empleado por los tribunales NA)

• El modelo europeo (democracia militante) en el que se concibe la libertad de expresión como indisolublemente unida al compromiso con los valores fundamentadores de la convivencia social, entre ellos la dignidad, la igualdad o el pluralismo, que priman por encima de la libertad individual.

 

El modelo europeo es el marco a defender en los Països Catalans y va más allá de pedir respeto por estos valores: implica una postura proactiva en defensa de los mismos . Este punto es importante porque recordemos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1950 fue elaborada y aprobada en un contexto postguerras mundiales (occidentales).

Es decir, un contexto en el que la población occidental venía de un ciclo de masacre, violencia y destrucción de pueblos y comunidades enteras, con un incontable número de vidas humanas perdidas en conflictos bélicos originados por regímenes totalitaristas de ideologías excluyentes y deshumanizantes de ciertos perfiles de personas y comunidades y donde la declaración de DDHH de 1950 fue el marco de seguridad, de mínimos, que se dieron los estados para garantizar la dignidad de trato a la población y la no repetición de atrocidades de la magnitud del holocausto, el colonialismo y las guerras « mundiales » (occidentales) .

Por tanto, la libertad de expresión debe vincularse a la defensa de los DDHH porque es el marco de mínimos a partir del cual el debate es seguro para la población en términos de salvaguardar su integridad. Porque en el contexto actual, fuera de este marco de mínimos, la historia y los datos ya nos enseñan que existen: violencia y muerte.

Afirmamos sin duda que los discursos de odio tienen consecuencias indirectas a contemplar: A día de hoy, en 2022, si cruzamos las fechas de presencia en los últimos años de presencia de VOX en las cámaras parlamentarias del estado y la correspondiente cobertura mediática que tienen y tenían ya antes de tener representación institucional, con los datos de violencias y agresiones a grupos poblacionales disidentes y minorizados, vemos claramente que la permisividad hacia el discurso de odio e intolerante, confundido con la libertad de expresión, tiene consecuencias graves para la integridad física de la población , que van desde la normalización de las agresiones verbales a ciertos grupos poblacionales en el debate parlamentario hasta la escalada de violencia racista, xenófoba, patriarcal y lttbifóbica en diversos ámbitos de la vida social, pasando indispensablemente por la divulgación de estos discursos en los medios y redes sociales

Ejemplos como el apaleamiento de un chico gay en la playa del somorrostro de Barcelona el pasado 2021 al grito de «maricon de mierda» o el apuñalamiento hace unos días de un chico senegalés en Farners por un neonazi al grito de «traidores » Para estar en una pareja interracial, son sólo dos de los más sonados. Esta permisividad es tan estructural que es una de las columnas que sustentan el régimen del 78. De hecho, uno de los elementos que han contribuido al posicionamiento actual de VOX como fuerza política es presentarse sistemáticamente como acusaciones particulares en causas estratégicas, como el proceso independentista. 

Esto les ha permitido, por un lado, tener presencia mediática sin tener representación institucional y, por otro, reforzar la connivencia con los poderes judiciales del estado, que como buen aparato del régimen del 78, tienen como función principal salvaguardar la unidad territorial y el status quo del reino de españa (arraigado en el espíritu imperial, colonial y persecutor de la disidencia que es la base del propio régimen).

En su muestra de esta connivencia casos como el de nuestros compañeros Eulàlia Reguant y Antonio Baños, juzgados recientemente por ejercer la objeción de conciencia en forma de negativa a responder -y, por tanto, normalizar- a la extrema derecha durante el juicio del proceso en el que participaban de testigos. O como el de nuestro compañero Pau Juvillà, juzgado por no retirar un lazo amarillo de la fachada de la paeria de Lleida a raíz de una denuncia de Ciutadans.

Y esta connivencia queda aún más demostrada en declaraciones como la de la sentencia del TC 235/2007, de 7 de noviembre, («asunto Librería Europa») como resolución que marcaría la interpretación del «discurso de incitación al odio » por parte de los tribunales:

«Como se sabe, en nuestro sistema – a diferencia de otros de nuestro entorno- no tiene cabida un modelo de «democracia militante», esto es, un modelo en el que se imponga, no ya al respeto, sino la adhesión positiva al ordenamiento y, en primer lugar, a la Constitución».

Con ello, el TC vetó -vía jurisprudencia- el castigo de la expresión de ideas, por muy tóxicas que fuesen-sean e incluso cuando son potencialmente peligrosas por la integridad de sectores poblacionales concretos. Es decir, al estado le importa más proteger la unidad de españa que el bienestar de su población . Y para ello, protege sus cloacas y mantiene intacto el Régimen del 78, defendiendo el status quo incluso por encima de la integridad física de la gente. No es casual que España se muestre contrario al modelo de libertad de expresión vinculado a los DDHH o derechos fundamentales porque esto le da cobertura para seguir vulnerando impunemente.

Día tras día vemos como trabas de las cloacas y los tentáculos que mantienen el Régimen del 78 se hace inexistente de facto la separación de poderes: El estado, a través del poder judicial y los cuerpos policiales, veta y frena todas aquellas posibilidades de progreso y transformación social que ponen en el centro las garantías de la dignidad humana y al mismo tiempo reprime y persigue a la disidencia política que le enfrenta. Lo vemos claramente en el movimiento por la vivienda: derogaciones de las leyes catalanas de protección de la vivienda, arbitrariedad judicial con la que se aplica la moratoria que evita desahuciar a familias en situación de vulnerabilidad y la persecución-represión policial a las personas que se organizan para hacer frente a los desahucios.

Volviendo a la vinculación entre el Régimen del 78 y el modelo liberal de libertad de expresión -que defiende la mayoría del poder judicial del estado español contrariamente al resto de Europa que defiende el modelo vinculado a los DDHH- se muestra de ello el caso de Pablo Hasel: Hasel fue condenado a prisión por decir en una canción que «los Borbones son unos ladrones» (afirmación de que, además, es cierta a la luz de las imputaciones de malversación al rey emérito que nunca fueron juzgadas ) ; y en cambio hace unos días escuchamos por parte de Meconios e Infovlogger a un acto de VOX un volvamos al 36 que es claramente apología del franquismo y que no ha tenido ninguna consecuencia jurídica, a pesar de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha pedido a la fiscalía que obe investigación.

España se protege a sí mismo por encima de la integridad de la gente, hasta el punto de que construye la idea de «enemigos internos -de la patria-» en base a la que articula toda esta persecución política: cómo se el caso de espionaje en el independentismo catalán que se ha llevado a cabo con total impunidad y normalidad. Como también construye la idea de «enemigos externos de la patria» para justificar auténticas masacres como el tratamiento en la frontera Sur (con por ejemplo los 37 asesinatos en Melilla hace unos meses o 15 asesinatos en el Tarajal hace unos años) y el tratamiento en las fronteras internas que representa la Ley de Extranjería (con, por ejemplo, las expulsiones de vecinas como Mohamed Said alegando sin pruebas una supuesta «radicalidad islámica»). Y los poderes legislativos y ejecutivos, cuando no colaboran directamente con las cloacas del Régimen del 78, se ponen de perfil o lo señalan con debilidad : a lo sumo medidas estéticas y superficiales que ni van a la raíz, ni confrontan ni transforman ni tienen ningún interés por hacerlo.

En definitiva, el Estado se protege a sí mismo antes que a la población y la permisividad del discurso de odio forma parte de esa autoprotección que hace para seguir existiendo en los términos que conocemos hasta ahora. Evitar vincular a los DDHH a la libertad de expresión, incluso al marco jurídico del estado, es uno de los pilares constitutivos del Régimen del 78.

Por eso, en nuestro proceso de liberación nacional; en nuestro proceso de construcción de la república catalana es fundamental aislar el discurso de odio, defender el modelo de libertad de expresión vinculada a la defensa de los DDHH como límite y en confrontación directa a un estado que utiliza el fomento del odio por erigirse y la violencia y represión por mantenerse , incluso a expensas de nuestras vidas. Y, por tanto, porque queremos vivas y queremos todas: defendemos la libertad de expresión y combatimos el discurso de odio.