La tortura, ese crimen impune cometido miles de veces por el españolismo en contra de ciudadanos vascos. De ellos nos habla este artículo de Gara compartido por Resumen Latinoamericano:
Estrategias «autogestionadas» para la reparación de la tortura
Personas que sufrieron torturas en Nafarroa por parte de la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad participaron en un taller de cuidados y compartieron reflexiones sobre los malos tratos y los pasos a dar en términos de reparación. El estudio oficial, similiar al de la CAV, avanza en el herrialde, donde la tortura tiene más de mil caras.
Desde la Red de Torturados de Nafarroa se subrayó la importancia de ofrecer espacios «seguros» para que las personas que han sufrido tormento físico o psicológico a manos de las FSE puedan ubicar lo vivido, dimensionarlo adecuadamente y encargarse del cuidado mutuo. Por ello, el pasado sábado organizaron un pionero taller con la colaboración de varios expertos dirigido a las personas supervivientes de esta práctica organizada y sistematizada.
Personas detenidas y torturadas en las
décadas de los 80 y 90 compartieron diálogo con generaciones más
jóvenes en este taller paritario que Roxika Iriarte, miembro de la Red,
califica como «un primer paso». «Desde que pusimos en marcha la Red, un
auzolan en definitiva, para identificar el número de casos de tortura
que ha habido en Nafarroa, encontramos enormes resistencias por parte de
mucha gente a la hora de ponernos frente al espejo y reconocer lo
vivido; se identifican bloqueos emocionales», asegura.
Fue
entonces cuando crearon un grupo de «cuidados» que cuenta con la ayuda
de psicólogos especializados en este tipo de terapias. Maitane Arnoso,
doctora en Ciencia Política y profesora e investigadora del Departamento
de Psicología Social de la UPV/EHU, fue, junto a las psicólogas Olatz
Barrenetxea y Jeannette Ruiz, una de las expertas que coordinó el
taller, ideado para estimular la reflexión sobre las posibilidades de
reparación, explica. Y añade que, por otro lado, «hemos querido
estimular la reflexión sobre cómo puede exigirse una reparación oficial,
pero también sobre cómo puede ser deseable pensar en estrategias
autogestionadas de reparació
Arnoso cree, asimismo, que es
«fundamental» compartir con los y las demás la experiencia de la
tortura, sobre todo debido a que una buena parte de la estrategia de
esta práctica, del mecanismo empleado, estaba dirigido a «generar culpas
individuales que machacan al individuo y en parte son responsables del
silencio posterior». Cuando se comparte lo ocurrido, y se va
comprendiendo colectivamente la estrategia de la tortura, «pueden
desencadenarse procesos muy liberadores», afirma, a pesar de que «es
obvio que existe el derecho al silencio, a no contar»
Primera fase
Existe
una condena del Tribunal Europeo de derechos Humanos (TEDH) por «trato
inhumano» y cuatro más por no investigar. Entre los años 1961 y 2012 ha
habido personas torturadas de unas 80 localidades de Nafarroa. Ante esta
situación, la puesta en marcha de una investigación fue una de las
demandas crecientes por parte de la la Red de Personas Torturadas desde
su fundación, y fue en junio cuando el Gobierno de Nafarroa activó un
estudio oficial sobre la tortura para suplir un vacío evidente desde que
en 2017 el Instituto Vasco de Criminología (ICAV) diagnosticara lo
ocurrido en la CAV, recogiendo más de 4.000 casos. La Red estima que en
Nafarroa fueron más de mil a lo largo de estas seis últimas décadas en
las que la tortura ha estado presente en todos los territorios de Hego
Euskal Herria sin distinción alguna.
En noviembre, la ICAV
culminará la primera fase de la investigación que lidera, en la que se
ha iniciado el peritaje y han sido entrevistadas varias personas que no
se sometieron al Protocolo de Estambul. «Son entrevistas personalizadas
en las que conectas emocionalmente y puedes hacer crack; muchos dicen
que nunca han contado lo que vivieron de esta manera y eso supone abrir
un melón, por lo que los cuidados son muy importantes», sugiere Iriarte
para explicar la puesta en marcha del taller.
La ruptura que
provoca la tortura se suele vivir como algo muy íntimo, y puede costar
compartirlo, de ahí que, en un principio, pueda existir cierta
dificultad para lograr que muchas víctimas concurran al proceso de ser
reconocidas. «Cuando una milita en oposición al Estado, y aunque sepa
que la tortura no es legal, sabe que el Estado no va a ser benevolente
si le cogen y eso ha llevado a mucha gente a normalizarlo y no
denunciarlo», señala Arnoso. Pero, además, «acudir a dejar tu testimonio
a un espacio más o menos institucional que sabes que, en el fondo, te
sigue señalando, cuando menos, como opositor político, tampoco debe ser
sencillo», detalla.
El IVAC es «otra cosa», sostiene, pero matiza
que «el deje institucional debe operar como resistencia». Con todo,
destaca que el equipo es «meticuloso y fino», y espera que «pueda
trabajar sin que se le pongan límites en lo que puede y no puede
decirse». «El reconocimiento -y documentar que eso que ha sido
sistemáticamente negado ocurrió- es indispensable», agrega, aunque cree
importante que este tipo de trabajos vayan acompañados de una
«identificación concreta de los responsables, de los mecanismos que se
utilizaron y que hicieron posible que ocurriese, así como de
recomendaciones de reparación que interpelen al Estado» español.
Además,
la profesora e investigadora de la UPV cree que el Estado debería tener
un compromiso con la difusión social. «No se trata sólo de hacer un
informe del que se enteren las víctimas: luego hay que socializarlo,
difundirlo, trabajar con él en las escuelas, en los barrios» en aras de
convertirlo en una herramienta de trabajo comunitario para que realmente
«se pueda reflexionar sobre la tortura como estrategia de control
social y sensibilizar a la población de que no es una herramienta
tolerable en una sociedad democrática».
El Estado español, en pañales
Iriarte
contempla la investigación como un objetivo pero no como la meta final.
«El informe debe ser una palanca para que haya reconocimiento,
reparación y garantías de que no se repita lo sucedido», precisa. Pero,
también, señala que es esencial para «poner sobre la mesa otros relatos»
ante la adulteración los parámetros históricos y políticos del
conflicto vasco, y completar «otra foto en la historia de Eukal Herria;
no solo de cara al pasado, sino al presente, porque muchas que sufrimos
torturas seguimos vivas, otras no, y necesitamos reconocimiento para
vivir, porque vivimos con el mantra de la falta de pruebas y de la falta
de credibilidad, algo que afecta psicológicamente».
A falta de
reconocimiento por parte de las instituciones, podría parecer prematuro
hablar de reparación, pero Iriarte indica que el proceso «no será
lineal», sino contradictorio y enredado, y activar mecanismos como el
taller pueden ser herramientas útiles ante esos bloqueos ocasionados por
parte de las instituciones.
La justicia transicional brinda un
marco constructivo en todo este ámbito, tanto desde el punto de vista de
los derechos humanos como desde la resolución del conflicto. Implica,
entre otras muchas cosas, reconocer el daño causado y la responsabilidad
política. Arnoso ha participado, en ese sentido, en el estudio de las
violaciones de derechos humanos en países como Chile y Argentina. «En
los países del Cono Sur se han implementado políticas estatales de
derechos humanos desde una perspectiva integral: han instaurado
comisiones de la verdad, han juzgado a responsables, han acompañado con
programas psicosociales específicos a los testigos en los juicios, han
proporcionado indemnizaciones económicas a las víctimas, han pedido
disculpas en nombre del Estado, hay museos, lugares y fechas
conmemorativas donde recordar y aprender de lo que pasó. Aquí estamos en
pañales», asegura.
En el Estado español, pero también en Euskal
Herria, remarca Arnoso, existen «serias dificultades» para asumir la
responsabilidad del Estado en la violencia que ha ejercido. «Lo que se
asume es, en parte, la violencia perpetrada durante el franquismo, pero
se invisibiliza la perpetrada en los años de democracia, porque los
responsables ya no son solo los franquistas, sino otros a quienes no se
está dispuesto a señalar -por ejemplo, la Policía autonómica-», subraya.
«Está bien tomar medidas de reparación para las víctimas de ETA, pero
el Estado no se hace cargo de las víctimas que él ha generado, que sería
lo suyo», expresa.
«Falta más verdad y reconocimiento sincero,
falta identificación de responsabilidades, garantías de no repetición,
indemnizaciones, disculpas sinceras y un plan de formación extenso en
derechos humanos, que incluya también poner en valor la movilización
social y la militancia política como herramientas para el cambio social,
que valide militar en espacios que cuestionen al Estado (y obviamente
no hablo de ETA)», argumenta Arnoso. Y sentencia que «la literatura
científica lo que nos señala es que los Estados que toman medidas de
justicia transicional presentan mejores índices de respeto a los
derechos humanos en el futuro».
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La tortura en España: "Apaga la cámara"
Hemos visto entrevistas diferentes, Camacho se niega a responder si hay torturas en España, preguntar por las denuncias en otros países y apelar a condenas judiciales como respuesta, cuando precísamente es el entramado jurídico-policial el que posibilita que en España se hubiera torturado y encubierto dicho delito, que es por lo que se le pregunta, aludiendo a acusaciones internacionales tan legítimas como Human Rights o Amnistía Internacional no es ni de lejos parecido a lo que señala que hace esa señora.
Se lo explico de nuevo: Camacho responde a la pregunta poniendo en entredicho la misma, dándole la vuelta a la entrevista y exigiendo al periodista, ahora entrevistado, que argumente esa acusación, cuando el periodista lo hace, eso que usted llama a señalar "fíjate, muchas veces ni si quiera hace preguntas" la pelota vuelve a estar en el tejado de Camacho, que una vez más se niega a contestar.
Si Antonio no quería abrir un debate, hubiera bastado un "sí" o un "no."
Se lo explico de nuevo: Camacho responde a la pregunta poniendo en entredicho la misma, dándole la vuelta a la entrevista y exigiendo al periodista, ahora entrevistado, que argumente esa acusación, cuando el periodista lo hace, eso que usted llama a señalar "fíjate, muchas veces ni si quiera hace preguntas" la pelota vuelve a estar en el tejado de Camacho, que una vez más se niega a contestar.
Si Antonio no quería abrir un debate, hubiera bastado un "sí" o un "no."
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