Política fiscal y clase trabajadora
Política fiscal y clase trabajadora
Antoni Puig Solé
 
 
Si hacemos caso de los debates parlamentarios y de las tertulias que tanto abundan en España, un elemento central en la diferencia entre políticos de derechas y políticos de izquierdas es la actitud ante los impuestos. Mientras que los partidos de derechas aparecen como los campeones de las rebajas fiscales, los partidos de izquierdas aparecen como defensores de la presión impositiva, si bien sugieren pequeños arreglos de la misma. Con este enfoque, los partidos derechistas tienen las de ganar. 
 
La preocupación por la recaudación fiscal del Estado tiene una justificación desde la óptica de los intereses de la clase obrera, lo que aparentemente avalaría la posición de la izquierda mayoritaria: El Estado ha ejercido en los últimos tiempos su monopolio del poder legislativo para ofrecer recortes de impuestos al capital que, a menudo, han venido acompañados de recortes de derechos conquistados por los trabajadores. Por consiguiente, la rebaja de los impuestos ha tenido una vertiente social negativa que sería bueno corregir. Sin embargo, esto no debe llevar a la conclusión de que los trabajadores han de sentirse orgullosos cuando pagan impuestos. Más bien lo contrario. Deben sentirse desposeídos de una parte de sus ingresos salariales, que no sólo se utilizan para pagar servicios sociales que dejan de pagarse con los impuestos que antes pagaban los ricos, sino que también se destinan al ejército, la policía, la Casa Real, a enviar armas y dinero a países en guerra… y a financiar la OTAN. La política fiscal óptima sería aquella que se limitara a gravar el plusvalor, lo que permitiría que los trabajadores pudieran disponer íntegramente de sus salarios y que no se los desposeyera, aún más, al llenar su cesta de la compra. La clave, en todo caso, no está en una mitificación genérica de los impuestos sino en saber qué es lo que ha hecho posible la reciente regresión fiscal. 
 
La agenda fiscal regresiva ha consistido en reducir los impuestos sobre el capital para aumentar la carga fiscal sobre el trabajo. Mientras que las rentas sobre el capital son una apropiación del Estado de una parte del plusvalor, los impuestos sobre los salarios son una apropiación del Estado de una parte de la remuneración que perciben los explotados. Esta última apropiación no se limita al gravamen del salario. También se lleva a cabo gravando la compra de las mercancías con el IVA y otros impuestos, pues mientras los trabajadores destinan prácticamente todos sus ingresos al consumo (e incluso a veces se endeudan para consumir), los explotadores sólo le destinan una parte minúscula de sus ingresos. Por otra parte, un monto considerable de los beneficios empresariales se destina a la acumulación de capital y la normativa fiscal permite que el IVA que grava a los medios de producción que se adquieren con dicha acumulación se pueda recuperar posteriormente. 
 
Como intentaré explicar a continuación, el giro neoliberal y su expresión en el campo tributario son resultado de la búsqueda del capital de mejorar su tasa de ganancia y del relajamiento de la lucha laboral. Ambos elementos ayudan a explicar la neoliberalización en curso, y esto es cierto tanto para la política tributaria como para otras áreas de la política. 
 
Cuando se ralentiza la lucha de la clase obrera, la capacidad de conquistar cambios progresivos se esfuma y las cosas cambian en sentido regresivo, como ha sucedido últimamente. Mucha gente dice que las mejoras se pueden conquistar llevando al gobierno a los partidos socialdemócratas y de izquierdas. Sin embargo, bajo la presión del capital, si los obreros no se movilizan, estos partidos acaban promoviendo políticas fiscales que no se diferencian, salvo en pequeños detalles, de las políticas que proponen las fuerzas políticas derechistas. Por el contrario, la acción colectiva puede forzar políticas anti regresivas incluso cuando gobiernan los partidos derechistas. Un regreso a la radicalización de la lucha de clases es la mejor alternativa para obligar a retirar la política fiscal regresiva. 
 
Sí la clase obrera no lucha por sus propios intereses materiales no se ejerce ninguna presión sobre el partido que ostenta el gobierno y su liderazgo para que desarrolle o implemente políticas a favor de la gente trabajadora, incluyendo las políticas en el terreno tributario. Entonces, la ideología económica de la clase dominante acaba avasallando el pensamiento y la práctica académica y política e incluso contamina al movimiento sindical. Tradicionalmente, los partidos políticos que acceden a la gestión gubernamental, al igual que el mundo académico, siguen la ortodoxia económica de la época. En los años en los que esta ortodoxia estaba hegemonizada por el keynesianismo, eran keynesianos y cuando ha pasado a estar dominada por el neoliberalismo, han sido neoliberales. De hecho, tanto unos como otros son pilares fundamentales para la consolidación del pensamiento hegemónico y su propagación. El Estado, por su parte, también actúa como mecanismo de aplicación y propagación de estas políticas. A fin de cuentas, es el agente encargado de su ejecución, a menos que la lucha de clases se lo impida y le obligue a tomar otro rumbo. Basta con recordar las políticas privatizadoras que el Estado ha protagonizado en las últimas décadas, privatizando sus propias empresas o las continuadas reformas laborales regresivas rebajado su capacidad de intervención en las relaciones laborales. No se puede entender la hegemonía neoliberal sin entender el papel del Estado, los principales partidos políticos, los altos directivos, los académicos convencionales, los periodistas del sistema, los tertulianos de los medios de comunicación y el resto de la industria dedicada a la fabricación del consenso burgués en cada época. 
 
Esta afirmación no es compartida por la opinión dominante que, en el mejor de los casos, se limita a asociar la regresión fiscal con las políticas neoliberales, presentándolas como una manía doctrinaria, opinión que también se encuentra en muchos de los documentos sindicales. Pero se trata de una asociación que no aclara nada, pues regresión fiscal y política fiscal neoliberal son la misma cosa. 
 
He dicho más arriba que, junto al enfriamiento de la lucha obrera, el otro elemento que permite explicar la regresión fiscal es la voluntad del capital de mejorar su tasa de ganancia. Sabemos que la tasa de ganancia va asociada al plusvalor. El plusvalor estaba presente cuando se aplicaban políticas keynesianas y, obviamente, sigue estándolo ahora, por lo que limitar la lucha contra el modo de producción capitalista a una crítica del neoliberalismo, es un absurdo. El capital dispone de muchos mecanismos para incrementar el plusvalor, entre los que juega un papel de primer orden el cambio tecnológico, como ya he explicado en otras ocasiones. Por lo tanto, la regresión fiscal, en un primer momento tiene que ver con la redistribución del plusvalor, no con su creación. Por supuesto, si el Estado reduce su presión impositiva sobre los beneficios, permite que fluya más plusvalor al capital y esto tendrá consecuencias a corto y largo plazo para la acumulación y la creación de nuevo plusvalor en el futuro. Lo que persigue la regresión fiscal, pues, es disminuir la participación del Estado en la apropiación del plusvalor para que una mayor parte del mismo vaya al capital y a los capitalistas, por lo tanto, para que la acumulación de capital sea mayor y para que el consumo de mercancías de lujo también lo sea. 
 
Entonces, ¿cómo es posible que ahora, los mismos organismos internacionales que han promocionado las políticas tributarias regresivas, de golpe se muestren partidarios de algún tipo de impuesto sobre las “grandes fortunas”? ¿Cómo es posible que algunos de estos impuestos se legislen incluso allí donde gobiernan partidos derechistas? ¿Significa esto que las políticas tributarias regresivas van a ser abandonadas? ¿Se trata de una decisión que los partidos realmente de izquierdas y las clases trabajadores debemos celebrar y apoyar? 
 
La política tributaria es parte de un proceso político, económico y militar que también persigue asegurar y aumentar el poder y la hegemonía de la clase capitalista dominante a nivel mundial. 
 
El impuesto a la renta con tramos que se incrementan a medida que lo hace el ingreso y los impuestos sobre los beneficios, el patrimonio y las herencias, fueron, en el pasado, intentos de gravar a los ricos más que a los trabajadores, al menos a título individual. La máxima aspiración de los partidos de la izquierda mayoritaria se limita a recuperar, en el mejor de los casos, estos criterios impositivos. Esto los lleva a celebrar las decisiones de los grandes poderes económicos occidentales cuando sugieren un impuesto a las grandes fortunas, lo que ven como un reconocimiento de sus propuestas o incluso como un cambio de tendencia. 
 
Sin embargo, lo que ahora se sugiere no es ninguna novedad. No deja de ser un tímido intento de imitar lo que hicieron los EEUU y el Reino Unido para financiar su participación en la Segundo Guerra Mundial. Aun así, todo indica que lo que se avecina se parecerá más a las políticas fiscales aplicadas durante y tras las espantosas guerras generales desencadenadas después de la revolución francesa y que a lo largo de más de dos décadas devastaron a toda Europa e impusieron a los pueblos terribles tributos en restricciones y en dinero y generaron una enorme deuda pública. 
 
Por consiguiente, las políticas fiscales que ahora se apuntan en el Occidente capitalista y que, de una u otra manera piensa aplicar el gobierno actual, de conformidad con la Unión Europea, y que, sin ninguna duda, también aplicaría un gobierno derechista, se limitan a sentar las bases para un nuevo giro hacia una política fiscal, acorde con los intereses de los grandes capitalistas occidentales que sugieren aumentar los presupuestos de guerra. Estás políticas fiscales prosperarán a menos que la lucha de clases estalle poniendo sobre la mesa la necesidad de mejorar los salarios y de liquidar todas las formas de desposesión que acompañan a la explotación que los asalariados sufren en el proceso de producción, incluyendo la desposesión fiscal.
 

Fuente → elcomun.es

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