Parar los pies a los especuladores. Por todo lo público, República

Parar los pies a los especuladores. Por todo lo público, República

Siete meses de sanciones. Siete meses de guerra. Este es el punto de partida de cualquier análisis serio acerca de la situación internacional, que no olvide la realidad. Partir de los hechos es imprescindible y aún más en momentos de grave crisis, cuando los cambios de todo tipo se producen a una velocidad inusitada.

Las sanciones, que se multiplican por parte de los EEUU y de la Unión Europea contra la Federación rusa, tienden a quebrar la actividad económica muy dependiente de los precios del petróleo y del gas. Los EEUU, la gran potencia que lleva adelante una verdadera ofensiva contra todos sus competidores, incluso sobre sus mismos aliados económicos y militares, no duda en realizar todo tipo de operaciones de sabotaje económico, valiéndose de su lugar preponderante en el sector financiero, tecnológico, en la producción y venta de armas. Dispuestos a todo para manipular el mercado energético como se acaba de ver con los atentados a los gasoductos del Báltico entre Rusia y Europa, generando un desastre medioambiental añadido al desastre económico. Sabotaje que golpea las infraestructuras rusas y también las de Europa en su conjunto.

La contracción económica comienza a tomar forma. Si algún país se destaca en este curso de sanciones y política de guerra es Gran Bretaña, que asiste en primer lugar a un verdadero derrumbe económico combinado con una amplia oleada de huelgas en defensa de los salarios y frente a la austeridad. El gobierno conservador contribuye a ese derrumbe con una masiva bajada de impuestos y subida de tipos de interés del dinero, que hace temblar la bolsa y la libra esterlina.

Los precios de la cesta de la compra se han disparado en todas partes, en tanto que las instituciones con poder están en manos de los mismos especuladores que manejan los precios y los mismos medios de comunicación. La cesta de la compra ha pasado al primer plano de la política internacional, como expresión de la ofensiva de las grandes empresas para hacerse con importantes renglones de la plusvalía. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha realizado en España un estudio comparando los precios de las principales cadenas y supermercados en menos de un año: los precios de la cesta de la compra han subido un 15,2%, el mayor crecimiento desde hace 34 años. El 95% de los alimentos ha aumentado su precio en los últimos meses de manera encadenada sin que el Gobierno, o cualquier otra administración, haya tomado medida alguna para frenar la ofensiva de los especuladores. En reuniones celebradas en las últimas semanas por los ministros de Consumo y Trabajo, Yolanda Díaz y Alberto Garzón, de Unidos-Podemos, después de divagar sobre precios de la cesta de la compra, han llegado a la conclusión de que “deben ser los grandes distribuidores quienes contribuyan a mantener productos básicos a un precio razonable”. ¡Toma ya! Ahora se ha llegado a la conclusión oficial, gracias a los ministros del ramo del Gobierno de coalición, de que la especulación con las cosas de comer depende de los mismos especuladores. ¿Cuál es entonces la responsabilidad de los ministros y de la mayoría en las Cortes que se reclaman de los derechos democráticos y sociales? ¿A qué dedican el tiempo político?

Parar los pies a los especuladores es una cuestión política de vital importancia para asegurar que las colas del hambre no se sigan extendiendo. El mercado alimentario está concentrado en unas pocas empresas muy vinculadas al sector financiero, como Mercadona, Dia, Hipercor, Eroski, Carrefour, Alcampo, el Corte Inglés… Sólo entre Mercadona y Dia controlan el 30% del negocio de las grandes superficies (Dia, la cadena con más tiendas, es propiedad de oligarcas rusos). El reparto del mercado alimentario es muy desigual geográficamente, y sus precios son más especulativos en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona. Es muy fuerte la vinculación de las empresas dueñas de las grandes superficies y los grandes bancos y fondos buitre, tal es el caso en España donde tres bancos dominan dichos consejos de administración: Banco Santander, BBVA y Caixa.

A su vez son muy pocas las compañías dedicadas a la producción alimentaria que controlan la mayoría de productos, entre las que se encuentran una buena parte de empresas multinacionales como Nestlé, Coca Cola, Kellog´s, Mars, Danone…, empresas que a su vez son dueñas de las principales marcas de bebidas y alimentos en el mundo. De donde podemos deducir que los especuladores que se aprovechan de la guerra para hacer caja son muy pocas empresas; muy pocas familias muy ricas vinculadas al sector bancario y financiero: la inflación especulativa se ha convertido en medio de la crisis en el gran negocio de las grandes fortunas. La inflación especulativa es, sin embargo, la ruina para los pequeños productores, y desploma las ventas de los comercios tradicionales. En consecuencia, la inflación especulativa devalúa los salarios y las pensiones, empobrece a la mayoría social y sitúa a un 30% de la población en el umbral de la pobreza.

La repercusión política de esta ofensiva de los especuladores contra la mayoría social se traduce en la imposición de alianzas y formas de gobierno situadas cada vez más a la derecha. Tal es el caso de lo sucedido en Suecia e Italia en los últimos días. Y estamos aún a tiempo de impedir la catástrofe política barriendo las maniobras de los especuladores. El espejo político de Italia debe ser visto por quienes se resisten a que el PP se imponga en las próximas elecciones gracias a las políticas antisociales y antidemocráticas del Gobierno de coalición. La partidaria de Mussolini, Giorgia Meloni, prepara un gobierno de acuerdo a las exigencias de la Unión Europea y de la OTAN, de la guerra de Ucrania; cumpliendo las exigencias de los señores de la guerra y de la explotación de Bruselas. Meloni se echa en manos de los bancos, de las finanzas de la UE. Italia se ahoga por la prima de riesgo impuesta a una economía altamente endeudada.

Las próximas movilizaciones contra la guerra y la miseria, por las reivindicaciones sociales, contra las privatizaciones adquieren una gran importancia. Por ello hay que contribuir desde todos los sectores a la marcha a Madrid del 15 de Octubre. Las justas demandas contra la privatización de las pensiones de COESPE y otras plataformas, en defensa de todo lo público, no pueden pasar por alto la necesidad de que este movimiento de resistencia social se apoye y abra camino en las necesarias referencias de cambio político e institucional que representa la lucha por barrer a los especuladores, por acabar con las leyes e instituciones impuestas contra la democracia. El movimiento por las reivindicaciones sociales debe ser ayudado a poder enfrentarse y remontar las políticas de guerra y miseria, avanzando en el terreno de la lucha democrática por la autodeterminación y la República; eligiendo una Asamblea Constituyente con todos los poderes para elevar a ley las demandas populares. Se trata del ejercicio del derecho de todos, trabajadores y pueblos, a decidir sobre nuestros destinos para salvar derechos y conquistas.

Contra la guerra y sus consecuencias miserables, en oposición a las maniobras de los que provocan la inflación y la especulación, hay que unir todas las fuerzas por la subida general de salarios y pensiones. ¡Por todo lo público, República!


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