
Los conflictos, los enfrentamientos, las guerras suscitan negocios redondos. Las víctimas han pasado a ser daños colaterales de inversiones estratosféricas, mientras que las propuestas políticas, los escenarios de concordia, las apuestas por el diálogo o los llamados a la paz son solo referencias secundarias en esos movimientos económicos.
En el año 2009, Rodolfo Ares, entonces consejero de Interior del
Gobierno de Gasteiz, señalaba que su Ejecutivo destinaba cada año 225
millones de euros en la lucha contra ETA. Ares añadió que con ese dinero
bastaría para hacer cada 12 meses cuatro hospitales y que, ante las
informaciones que circulaban de que ETA estaría preparando su final,
como así sucedió, el consejero dudó de ellas y únicamente confirmó que
lo que intentaba la izquierda abertzale era legalizarse para seguir
defendiendo el terrorismo desde las instituciones. Que no se creía para
nada que ETA iba a desaparecer.
ETA se disolvió y esos 225
millones de euros anuales se desvanecieron en la elongación del topo
donostiarra unos metros para alcanzar a una cadena de tiendas
pertenecientes al noveno hombre más rico del planeta y en un absurdo
tren que eliminará unos minutos la distancia entre capitales vascas, con
el añadido de que no puede transportar mercancías. Fue un trasvase de
dinero, no una «recuperación» de una inversión. Los hospitales no se
construyeron y la sanidad sigue privatizándose a pesar de pandemias y el
clamor popular.
En la misma medida, cuando ETA, ya hace unos
años concluyó su proceso de desarme y disolución, diversos estamentos
policiales, políticos y judiciales hicieron un balance económico. Muy
irregular e interesado, pero con una cifra del coste de 60 años de lucha
contra la organización vasca: 25.000 millones de euros. Entre ellos
entraba el gasto de policías, prisiones, escoltas, daños materiales,
indemnizaciones a las víctimas e incluso el falso del parón de la
central nuclear de Lemoiz (falso porque Iberduero lo imputó a través de
un canon a sus clientes).
En estas cuentas, no demasiado
científicas por lo que se ve, faltan partidas indirectas u otras como
los fondos reservados (28 millones de euros anuales) que, por ser más
modestas, no han sido incluidas. 25.000 millones sería el 2% del PIB
español, el que pide la OTAN en su incremento militar.
Por el
contrario, el informe señalaba que ETA había recaudado en esos años 161
millones de euros (traducidos al presente) a través de secuestros,
impuesto revolucionario y atracos. Sumaba también dinero de txoznas
festivas, rifas de Gestoras, etc., lo que inflaba el presupuesto. Aún
aceptando esta nueva falsedad se podría decir que por cada millón de
euros que utilizaba ETA, el Estado le hacía frente con 156 millones. No
es de extrañar, que, en esta crónica económica, algunos sectores se
mostrasen radicalmente interesados en que la violencia de ETA no
concluyera.
Hace unos días, en el quinto aniversario del
referéndum por la independencia de Catalunya se han desvelado varios de
los secretos mejor guardados de aquella iniciativa popular. En
particular, los relativos a las compras de las urnas que finalmente se
emplearon aquel primero de octubre de 2017. Como ya es conocido, las
urnas utilizadas se fabricaron en China y llegaron en tres contenedores
hasta Marsella, desde donde fueron trasladadas clandestinamente por
voluntarios hasta ocho almacenes, ya en la Cataluña peninsular. Habían
costado 100.000 euros.
Simultáneamente, y por si las fuerzas
policiales descubrían la operación, dos empresas del Bajo Llobregat
fabricaron por separado las piezas para otras 10.000 urnas. Después de
ensamblarlas las escondieron en un almacén y nunca llegaron a ponerse en
circulación. De nuevo trasladadas, hoy en día continúan en lugar
aparentemente desconocido para la Policía. Costaron 66.000 euros.
Pues
bien, entre las urnas chinas y las catalanas, más algunos gastos
anexos, pongamos que toda la operación independentista costó 200.000
euros. El Estado español, según reconoció, gastó 87 millones de euros
para no encontrarlas. Es decir, por cada euro invertido en las urnas
para el referéndum, el Estado gastó 435 euros en su infructuosa
búsqueda. Alguien o algunos se llevaron una sustanciosa parte de la
misma.
Los conflictos, los enfrentamientos, las guerras suscitan
negocios redondos. Las víctimas han pasado a ser daños colaterales de
inversiones estratosféricas, mientras que las propuestas políticas, los
escenarios de concordia, las apuestas por el diálogo o los llamados a la
paz son solo referencias secundarias en esos movimientos económicos. La
reconstrucción de Irak después de la invasión liderada por Washington
costará 88.000 millones de dólares. EEUU invirtió directamente dos
billones de dólares en las guerras de Afganistán e Irak, cantidad
financiada con deuda que para 2050 se convertirá en 6,5 billones. Los
ganadores: empresas armamentísticas, de seguridad, energéticas,
constructores, bancos… Y una oportunidad a la moda friki de las bombas
ucranianas. Una frase, 700 dólares en un M982 Excalibur: «desde la OTAN
con amor». Páginas web ya se dedican a ello. Negocios de «jóvenes
emprendedores» que han recaudado 200.000 dólares. Calderilla con
relación a la primera división.
En la guerra de Ucrania, EEUU ha
invertido ya más de 60.000 millones de dólares. El negocio que parece
ruinoso tiene unos flecos estruendosos que probablemente lo harán
rentable. Kiev y los países de la OTAN tendrán que rembolsar, con
intereses, parte de la inversión. Las reconstrucciones se realizarán
siguiendo las pautas de Washington. Y un dato que sobresale sobre el
resto: la energía que Rusia exportaba a Europa ha sido sustituida por la
ofertada, manu militari, por EEUU.
Los gastos militares han
desbordado los presupuestos ya aprobados con anterioridad. Orden y mando
de Washington. España los ha aumentado en un 124%, Francia invierte
1.700 millones más de lo presupuestado y Alemania se convierte, por
primera vez desde la época nazi, en el Estado de la Unión Europea con
mayor presupuesto militar. Naciones Unidas señalaba que en la guerra en
Ucrania habían fallecido 6.000 civiles. No recuerda por cierto los
14.000 de Donbass desde 2014 y esos 1,5 millones de desplazados.
Nuevamente víctimas colaterales de negocios en marcha que no aparecerán
siquiera en el balance anual.
Fuente → naiz.eus
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