Dentro de 3 días, Roger Umpiérrez irá a juicio. La Policía Nacional le acusa de haberles insultado y de darles un manotazo al requerirle que se identificara. Todo ocurrió delante de la comisaría de Via Laietana de Barcelona después de una movilización en noviembre de 2017. Roger niega los hechos y, de hecho, denunció que los policías le habían maltratado. La Audiencia Provincial afirmó que, efectivamente, existían indicios de vejación y que los agentes implicados deberían ir a juicio. Entonces, la pena que le pedía Fiscalía pasó de los 2 años iniciales, a los 3 que le piden ahora. El de Roger, es uno de los 10 juicios en relación al proceso independentista que tienen que celebrarse este trimestre. Esta semana también se ha juzgado al periodista Antonio Baños y la diputada de la CUP Eulàlia Reguant por haberse negado a testificar ante Vox en el juicio de los presos políticos. Desde hoy, toca a casi un juicio por semana antes de terminar el año.

El quinto aniversario del 1 de octubre coincide con “el pico de los juicios de las protestas que se produjeron después de que se publicara la sentencia de los presos políticos”, sostiene el portavoz de Alerta Solidària, Martí Majoral. Tanto Alerta Solidària como Òmnium Cultural, las dos principales entidades que se dedican a hacer frente a la represión contra el independentismo, corroboran que a día de hoy hay más de 90 causas judiciales pendientes de resolución. Sin embargo, la cifra de afectados varía. Según Alerta, estas causas afectan a 188 independentistas mientras que Òmnium eleva la cifra a las 563. “Seguimos inmersos en una causa general contra el independentismo y, por tanto, en una persecución sistemática de la disidencia”, afirma Xavier Antich, presidente de Òmnium Cultural.

En los últimos cinco años hay un total de “4.200 personas represaliadas” alrededor del Procés, afirma la entidad. Desde el Centro de Defensa de Derechos Humanos Iríada, también recuerdan que hay 65 agentes de la Policía Nacional investigados por su actuación durante el 1 de octubre de 2017 en los centros de votación de Barcelona ciudad. La fase de investigación ha concluido, informan, y están a la espera del juicio.  

La represión aglutina un independentismo dividido en la estrategia

“Es evidente que la represión sigue. Los juicios que deben celebrarse son una muestra de ello”, aseguran fuentes de la presidencia de la Generalitat. Unas afirmaciones que defienden y aglutinan a todo el espectro independentista. No es tarea simple. La unidad que se exhibía en Catalunya hace cinco años en defensa del referéndum de autodeterminación parece hoy un espejismo. La fractura interna en el gobierno, las desavenencias y las divergencias en el camino a seguir dibujan un soberanismo con mayor división que proyecto capaz de generar consenso.

La muestra está en que, admitido que la represión no cesa, las diferencias estratégicas afloran y tensionan. Desde la presidencia de la Generalitat insisten en la necesidad de la mesa de negociación. “El Govern trabaja para la desjudicialización del proceso independentista. Éste es uno de los acuerdos a los que se ha llegado con el gobierno español”, explican. Y añaden: “Está previsto que a finales de año ya se vean los primeros resultados de esta desjudicialización”. El propio socio de gobierno, Junts, pero, critica abiertamente esta estrategia. Alerta Solidària también denuncia que “no se puede hablar de desjudicialización efectiva” cuando “este trimestre deben celebrarse 11 juicios políticos” contra independentistas.

Por otro lado, Pau Juvillà, el ex secretario de la mesa del Parlament de Catalunya que perdió el escaño a principios de año por haber desobedecido y no haber descolgado unos lazos amarillos del Ayuntamiento de Lleida en período electoral, lamenta que actualmente “hay un intento de invisibilizar la represión” y defiende: “A pesar de la mesa de diálogo y el intento de pacificación del Estado y de una parte de los partidos independentistas, la represión sigue vigente cuando se envía la mesa del Parlament ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya para debatir sobre la monarquía o la autodeterminación, cuando estos debates se han dado sin ningún problema en el Parlamento gallego”.