Un régimen insostenible

Hay momentos en las crisis que todo se combina y precipita, y eso precisamente es lo que parece que está sucediendo en estas fechas en las cumbres del régimen.

La especulación empuja a la inflación, y esta deja a millones de familias que van muy justas en sus presupuestos, o que ya están sometidas a la pobreza, en situación de indefensión.

Los locos precios de la energía llenan las arcas de grandes empresas privatizadas, y este movimiento de recapitalización de los poderosos y privilegiados desborda a un gobierno que es incapaz de tomar medidas para frenar la especulación. Movimiento de los grandes capitales que viene acompañado de la rápida subida de los tipos de interés por los Bancos Centrales, que no harán sino empujar aún más a toda la economía en la misma dirección, batiendo récord de beneficios para el capital, por una parte, y miseria para los sectores obreros y populares, por otra.

El PSOE y el PP eligieron el marco del Senado para hacer un debate a su medida, un debate de régimen, tratando de expulsar del mismo a otras expresiones políticas que no participan íntegramente del consenso monárquico. El PP no tenía ningún plan para parar la subida de las energías y, sin embargo, necesitaba un debate cara a cara con el Presidente del Gobierno para darle a conocer sus exigencias. A saber: el PSOE debe romper con sus socios de gobierno, y renunciar al apoyo parlamentario que le prestan tanto ERC como Bildu en primera línea de flotación. A cambio, el PP le ofrece a Sánchez su respaldo para que pueda mantenerse en la Moncloa, prolongando de esta manera las políticas de especulación y desigualdad hasta las próximas elecciones. Propuesta que pondría al Gobierno no sólo -como ya está- al servicio del régimen de la Monarquía y de la OTAN, sino que, además, llevaría a toda la izquierda oficial a su práctica desaparición política.

De esta manera, el nuevo presidente del PP tuvo la ocasión de proponer a Sánchez acuerdos de régimen entre el PP y el PSOE, tal y como han pactado impidiendo la investigación de la corrupción de la Casa Real, quedando lo demás en el más absoluto vacío por falta de acuerdos.

Nos roban las eléctricas y gasísticas, nos roban los monopolios de los combustibles, nos roban las grandes superficies en la cesta de la compra… Esa es la consecuencia de un Gobierno y de una oposición que mantienen un régimen contrario a la voluntad popular.

Las negociaciones acerca de la composición de los altos tribunales llevan años bloqueadas, de forma que el Presidente del gobierno de los jueces ya se ha despedido oficialmente cinco veces consecutivas de palabra. La apertura del año de tribunales se ha convertido en un nuevo teatro de las disputas entre jueces y políticos del régimen presidido por Felipe VI. Mientras que los miles de casos de corrupción son bloqueados y manipulados.

Sobre la mesa de negociación los señores del PP exigen que los jueces elijan a los jueces, que no sean elegidos por las instituciones que dicen representar al pueblo soberano. El corporativismo del PP es una evidencia que viene directamente del franquismo, a la que se suma una parte mayoritaria de la magistratura, cuyos mandatos caducaron hace ya cuatro años. Ocho vocales del Consejo General del Poder Judicial, impulsados por el PP, han acordado bloquear los nombramientos de los magistrados del Tribunal Constitucional. Un partido condenado por organización criminal es quien ha elegido el 60% de los magistrados del Tribunal Constitucional, el 75% de los jueces del Tribunal Supremo y el 80% de los jueces del Tribunal de Cuentas.

El emplazamiento de Lesmes al PP y al PSOE, para que atendiendo al mandato constitucional se renueve el Consejo General del Poder Judicial y los principales tribunales, cae en saco roto ¿Quién juzgará a los jueces que ocupan los altos tribunales durante años y años de forma ilegal?

El Comité de los Derechos Humanos de la ONU viene de leer la cartilla, tanto a los altos magistrados como al Gobierno y a la oposición, en relación con la represión desatada contra los dirigentes del proceso político republicano en Cataluña. La aplicación del Art. 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre investigados “rebeldes” vino a eliminar de facto el nombramiento democrático de dichos dirigentes como diputados, cuando dicha suspensión sólo cabe a partir de la existencia de una sentencia firme. La próxima celebración de la Diada de Cataluña girará en torno a esta sanción y sus consecuencias. El régimen autonómico es lo contrario a las exigencias de autodeterminación y amnistía que el Gobierno se niega a negociar. Cinco años después del referéndum del proceso, la lucha por la República Catalana sigue siendo la exigencia de una buena parte de la población, y por ello se sigue demandando el derecho democrático del pueblo a decidir.

Son múltiples las manifestaciones convocadas para los próximos días en exigencia de que los precios y los beneficios empresariales se controlen. Hasta los sindicatos oficiales, financiados por el Estado, amenazan con la movilización inmediata si la patronal no desbloquea las negociaciones colectivas. La subida general de salarios y pensiones se ha convertido en una exigencia de la que participa la inmensa mayoría, teniendo ocasión el próximo 15 de octubre de expresar dicha reivindicación, unida a la defensa de las pensiones frente a los planes de privatización, con marcha a las Cortes Generales, que como en el caso de jubilados valencianos se organizará con cientos de personas que realizarán decenas de jornadas recorriendo la distancia entre sus localidades y las Cortes Madrid. Los sindicatos oficiales están llamados a abandonar su complicidad en las privatizaciones oficiales, para que se unan de manera inmediata a la movilización: ¡Por un salario y una pensión mínima de 1.200 euros!

La cuestión monárquica y en su oposición republicana sigue en primer plano de la crisis por mucho que los medios oficiales la traten de ocultar. Ahora, los medios se hacen eco del reciente viaje del Emérito y sus hijas a Suiza, donde se supone que se encuentra la mayoría del botín económico que debe formar parte del paquete de la herencia familiar. Unos fondos corruptos, que medios entendidos -como es el caso de la revista Forbes- calculan en más de 2.200 millones de euros. Gran botín de los Borbones que no proviene sino del abuso de poder y de la utilización de la Jefatura de Estado en exclusivo beneficio de la corrupción de una familia de multimillonarios que viven del Presupuesto de Estado. Y que, por ello, deberían ser investigados e intervenidos sus bienes por el Gobierno y los tribunales, para poner dicha fortuna al servicio de los gastos sociales, amenazados por unos Presupuestos que fomentan la privatización, tal y como ahora sucede con la sanidad y las pensiones públicas.

En las próximas semanas se espera una decisión de los tribunales de Gran Bretaña en relación con la denuncia presentada contra el Emérito por la que fue su amante Corinna Larsen.

Ante tanto despropósito y desconcierto de las instituciones, partidos y sindicatos del régimen, Sánchez parece no tener respuesta seria, empeñado con sus medidas y ocurrencias de poner tiritas al cáncer político.

En las largas intervenciones de Sánchez en el Senado se puede ver, entre otras cuestiones, la ausencia de una política, de un plan de defensa de los derechos democráticos y sociales, siendo por contra su preocupación fundamental la de mantener con todo tipo de engaños los privilegios de una minoría. Sus palabras no dejan duda: “No sabemos qué va a pasar” …/… No sabemos qué va a hacer Putin”. Por contra, sí sabemos que Sánchez no quiere tomar medidas de control de precios y subida de salarios y pensiones para proteger a la mayoría.

El bloqueo político, económico e institucional se agrava día a día, y en las Cortes Generales hay una mayoría que debería tomar medidas políticas y económicas para resolver los problemas planteado; por lo que hay que insistir en la ruptura con los franquistas, con quienes se hacen ricos con la miseria popular. Un plan de urgencia para salvar a la mayoría de la crisis debe establecerse en el camino de la Asamblea Constituyente y de la República.